El Gobierno agiliza la apertura de comercios y amplía la libertad horaria en zonas turísticas

• Agiliza la implantación, traslado o ampliación de superficies comerciales
• Limita las comisiones que la banca cobra a los comercios en el pago por tarjeta
• Hay un trato singular para los pagos de pequeño importe, de hasta 20 euros
• El Ejecutivo liberaliza el precio de las bombonas de butano más ligeras

El Gobierno rebaja las comisiones del pago con tarjeta y amplía los horarios comerciales

El Gobierno ha aprobado este viernes varias medidas para dinamizar el comercio, entre las que se encuentran la reducción de los trámites y tiempos para abrir un establecimiento o la ampliación de ciudades obligadas a liberalizar horarios en zonas turísticas.

Estas iniciativas, propuestas por el Ministerio de Economía, están incluidas en un Real Decreto-Ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia que este viernes ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros.

Además de las citadas, en el decreto-Ley se incluyen medidas como la congelación de las tasas de AENA hasta 2015; la liberalización de parte del mercado del butano; la Garantía Juvenil; y la puesta en marcha inmediata de cuatro de los puntos incluidos en la reforma fiscal: la rebaja del IRPF a los autónomos con ingresos reducidos, o la creación del impuesto sobre los depósitos bancarios, fijado en el 0,03%.

Impulso del binomio "turismo y comercio"

Según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría, el objetivo del Real Decreto-Ley es profundizar en la unidad de mercado y en la eliminación de trabas administrativas para la apertura de negocios, así como impulsar el binomio "turismo y comercio" para multiplicar su impacto en la generación de empleo.

Las nuevas urbes, que se suman a las 14 definidas en 2012, son San Sebastián, Coruña, Santander, Oviedo, Gijón, Almería, León y Jerez de la Frontera, así como Salamanca y Marbella (que ya cuenta con áreas con libertad de horarios comerciales).

En el plazo de seis meses (a contar desde que entre en vigor la normativa), los ayuntamientos deberán delimitar lo que consideren zonas de gran afluencia turística, propuesta que tendrá que ser aprobada por la correspondiente comunidad autónoma.

Para ampliar el número de ciudades obligadas a contar con al menos una zona de gran afluencia turística (ZGAT) en la que las tiendas puedan abrir cuando quiera, el Ejecutivo ha rebajado los criterios implantados en 2012 para delimitarlas.

Así, si antes se contemplaban ciudades con más de 200.000 habitantes y 1 millón de pernoctaciones, estos límites se rebajan a 100.000 habitantes y 600.000 pernoctaciones.

Hasta ahora, cumplían los criterios Barcelona, Alicante, Valencia, Zaragoza, Málaga, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Córdoba, Granada y Cartagena (Murcia), Madrid, Palma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife.

A estas se sumaron posteriormente, de forma voluntaria, Ávila, Valladolid, Salamanca, Badajoz y Cáceres. Actualmente, según datos de Economía, España cuenta con 681 ZGAT en 526 municipios.

La existencia de zonas con libertad de horarios para todo tipo de comercios (grandes o pequeños) es necesaria para impulsar el binomio "comercio-turismo" en España, un país que recibe 60 millones de visitantes, según el Ejecutivo, que afirma que las ventas han evolucionado mejor en las regiones más turísticas.

Límite a las comisiones en el pago por tarjeta

Además, el Ejecutivo ha dado el visto bueno a limitar las comisiones que los bancos cobran a los comercios por los servicios de pago con tarjeta al 0,3% en el caso de las compras a crédito y al 0,2% en las de débito, y se adelanta a una directiva europea que, en este sentido, limita las comisiones por pago con tarjeta de crédito.

En los pagos de débito se incluye una limitación adicional, una comisión máxima de 7 céntimos de euro, para evitar comisiones mayores a las actuales.

La norma también establece un tratamiento singular para los pagos de pequeño importe, de hasta 20 euros, en los que las comisiones serán aún más bajas; 0,2% para crédito y 0,1% para débito.

“No se podrá cobrar más que esos márgenes al comerciante cuando los clientes utilicen para el pago las tarjetas“

Esta normativa será de aplicación en todos los pagos realizados en puntos de venta españoles en los que participe, al menos, un proveedor de servicios de pago español, incluyendo operaciones de comercio electrónico.

La medida adoptada en materia de tarjetas de pago solo afecta a los sistemas tradicionales de pago (en los que intervienen el usuario de la tarjeta, el comerciante, el banco emisor y el banco que gestiona el cobro en el comercio) y no se aplicará a las tarjetas de empresa, corporativas ni en la retirada de efectivo en cajeros.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha advertido que con la nueva normativa "no se podrá cobrar más que esos márgenes al comerciante cuando los clientes utilicen para el pago las tarjetas". Además, la vicepresidenta de Gobierno ha señalado que "para que no haya ninguna duda se prohíbe expresamente en el decreto ley el incremento de las comisiones de las tarjetas para repercutir los gastos al ordenante".

"Es decir, que no va a servir que se reduzcan las tasas de intercambio y se suban las comisiones al ordenante del pago; está terminantemente prohibido por el decreto ley", ha reiterado.

Las patronales de la gran distribución Anged y del pequeño comercio CEC han aplaudido la medida en un comunicado conjunto que, según aseguran, les permitirá ahorrar unos 400 millones de euros en dos años. En España solo el 16,8% de los pagos se realiza con medios electrónicos y únicamente el 7% de bajo importe (por debajo de 20 euros) se paga con tarjeta.

Agiliza la implantación de superficies comerciales

Por otra parte, el real decreto modifica el artículo 6 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista para agilizar la implantación, traslado o ampliación de superficies comerciales. Así, se limitan los supuestos de exigibilidad de licencia, se establece un procedimiento integrado, de forma que el ayuntamiento y la comunidad autónoma correspondiente tramitarán de forma conjunta la solicitud de implantación de una superficie comercial, y se reduce a la mitad el plazo de tramitación, de 6 a 3 meses.

Una vez en vigor, la implantación de establecimientos "solo" se podrá someter a una única autorización que se concederá por tiempo indefinido y cuando concurran razones imperiosas de interés general: que su construcción pueda implicar daños en el medio ambiente, el entorno urbano o en el patrimonio histórico artístico.

Además, se eliminan restricciones injustificadas introducidas para defender un modelo empresarial en detrimento de otro -grandes superficies frente a pequeño comercio- y se suprime la intervención de los competidores en los procesos de autorización.

Actualmente, en comunidades como Cataluña o País Vasco las grandes superficies (más de 2.500 metros cuadrados) ven frenada su expansión debido a que las autonomías se lo impiden con argumentos medioambientales o urbanísticos. Fuentes del sector han explicado a Efe que habrá que esperar a ver cómo aplican estos cambios las comunidades autónomas, que son las que tienen competencia en materia de comercio.