Bruselas ordena a España recuperar las ayudas fiscales otorgadas a grandes empresas

• Obtuvieron beneficios fiscales al comprar empresas extranjeras
• Las ayudas son ilegales desde 2009 y el Gobierno las ha aplicado después
• Las autoridades españolas deberán detallar las empresas y la cuantía

Bruselas ordena a España recuperar las ayudas fiscales otorgadas a grandes empresas

La Comisión Europea (CE) ha ordenado a España recuperar las deducciones fiscales otorgadas a algunas grandes empresas españolas para facilitar las adquisiciones de participaciones en sociedades extranjeras, al considerar estos beneficios "incompatibles" con la normativa comunitaria.

"Después de una investigación en profundidad, la CE ha determinado que una nueva interpretación de un régimen fiscal que beneficia a las empresas que adquirían participaciones en empresas extranjeras es incompatible con las normas comunitarias sobre ayudas de Estado", señala el Ejecutivo comunitario.

El Ejecutivo comunitario ha denunciado además que el Gobierno de Mariano Rajoy no le notificó este nuevo régimen fiscal, que data de 2012, pese a que estaba obligado a hacerlo.

La decisión de Bruselas no identifica a las empresas que deben devolver ayudas ni tampoco cuantifica la cantidad de subvenciones que tendrán que reembolsarse. Corresponde ahora a las autoridades españolas establecer la lista de empresas que se han beneficiado de este régimen y las ayudas que tienen que devolver.

En un documento de 2011 la CE menciona a las empresas Iberdrola, Telefónica y Santander, entre otras compañías que podrían haberse beneficiado de esas ayudas. En 2007, Bruselas señaló también que había recibido preguntas de varios eurodiputados sobre ese régimen y que se referían a adquisiciones realizadas por Telefónica, Iberdrola, Sacyr, Abertis y Cintra.

Un régimen fiscal ilegal desde octubre de 2009

El Ejecutivo comunitario ya declaró ilegal en octubre de 2009 y en enero de 2011 la versión original de este régimen y exigió la devolución de parte de las ayudas. (las que se concedieron después del 21 de diciembre de 2007). España se comprometió entonces a no aplicarlo a nuevos demandantes, pero no suprimió las disposiciones porque algunas compañías podían seguir beneficiándose.

Sin embargo, en marzo de 2012, el nuevo Gobierno de Mariano Rajó adoptó una nueva interpretación administrativa vinculante, que permite de forma retroactiva deducciones fiscales no sólo para las adquisiciones directas sino también para las adquisiciones indirectas.

Esta interpretación se adoptó para la adquisición de la compañía telefónica brasileña Vivo por parte de Telefónica. Precisamente, Telefónica ya se había beneficiado de estas deducciones para la compra de la compañía británica O2, aunque en este caso Bruselas decidió no solicitar la devolución de las ayudas por motivos de seguridad jurídica.

Las disposiciones españolas permitían la amortización del fondo de comercio financiero (la diferencia entre el coste de las participaciones de una empresa y el valor de mercado de sus activos) en la adquisición de participaciones en empresas extranjeras, lo que según Bruselas representa una clara excepción del sistema fiscal general español, puesto que permite la amortización incluso cuando las compañías adquirientes y adquiridas no estén unidas en una única entidad empresarial.