El BCE asume desde este martes la vigilancia directa de 120 grandes bancos de la eurozona

• Otras 3.500 entidades seguirán bajo control de las autoridades nacionales
• Sin embargo, el organismo europeo marca las pautas comunes de supervisión
• También podrá decidir en cualquier momento intervenir en las pequeñas

"El MUS es un esquema común que aplicará las mismas pautas y reglas de supervisión"

La vigilancia y control de los 120 mayores bancos de la eurozona -15 de ellos, españoles- depende desde este martes, de manera directa, del Banco Central Europeo (BCE), convertido desde ahora en una institución con dos caras: la supervisora y la de política monetaria, que deben estar separadas claramente para evitar contaminaciones entre dos tareas contrapuestas. Este paso supone el primer pilar de la llamada unión bancaria.

Las entidades españolas supervisadas directamente serán 14 cuando finalice la integración de Catalunya Banc en BBVA.

Esas 120 entidades representan casi el 85% del total de activos bancarios de la unión monetaria de 18 países (los españoles suponen el 14,5% del total, el tercero mayor tras Francia y Alemania), y a ellos se sumarán los bancos grandes de Lituania a partir de 2015. El resto de las instituciones financieras -unos 3.500 conglomerados bancarios- seguirán bajo la supervisión de las autoridades nacionales competentes (en España, el Banco de España), aunque el BCE podrá decidir en cualquier momento ejercer un control directo para asegurarse de que se aplican los niveles de control exigidos.

Además, los países que no pertenecen al euro pueden elegir entrar a formar parte de ese sistema, para lo cual sus autoridades nacionales supervisoras se coordinarían con el BCE.

Un sistema común, pero no una única supervisión

Por este motivo, el llamado Mecanismo Único de Supervisión (MUS) cuenta con varios niveles de vigilancia, donde el BCE solo controla directamente a los bancos más grandes y marca las pautas de supervisión para el resto, en un intento de centralizar y unificar un sistema bancario segmentado y disfuncional con una unión monetaria como la del euro. Se trata así de un sistema común, más que único, similar al vigente con el llamado mercado interno (normas comunes y vigilancia de su cumplimiento por parte de la Comisión Europea, pero aplicaciones reales diferentes en cada país).

A partir de ahora, las entidades consideradas como "significativas" por su tamaño, la importancia sobre el total de la economía del país en el que se asientan, la importancia de sus flujos transfronterizos o el hecho de que hayan recibido ayudas públicas europeas, tendrán que obtener el visto bueno de este organismo para realizar adquisiciones o para aplicar su política de dividendos.

Esta asunción del papel supervisor por parte del BCE se produce después de realizar una evaluación global del sistema financiero de la zona euro, con el que dice haber retratado su verdadero estado de salud mediante una foto fija (revisión de la calidad de activos para conocer la situación real a fecha de 31 de diciembre de 2013) y una proyección hacia adelante, con una situación económica estable o con una más complicada (los test de estrés o pruebas de solvencia para el período 2014-2016).

Para realizar sus nuevas tareas, el Banco Central Europeo se ha reforzado ya con 900 nuevos trabajadores de los 1.000 presupuestados para ese cambio (de los cuales 750 serán supervisores y otros 250 están en áreas comunes o transversales). Del Banco de España han salido unos 100, según fuentes del organismo.

Un consejo de supervisión y tres bloques de bancos

La dirección de la tarea de supervisión del BCE correrá a cargo del Consejo de Supervisión, presidido por la francesa a Danièle Nouy e integrado por un representante de cada supervisor nacional y seis miembros del BCE. Los votos de cada país tienen exactamente el mismo peso, es decir, no están ponderados por el tamaño de la banca de cada Estado.

El representante de España en ese órgano directivo será el subgobernador del Banco de España, en la actualidad, Fernando Restoy.

La estructura de supervisión se divide en tres bloques: el primero integra las 30 mayores entidades de la eurozona (entre las que hay cuatro españolas: Santander, BBVA, La Caixa y Bankia), el segundo incluye otros 90 bancos europeos (de España: Popular, Sabadell, Liberbank, Grupo Cajamar, BMN, NCG/Abanca, Kutxabank, Unicaja, Ibercaja y Bankinter) y el tercero, los 3.500 conglomerados restantes, que quedan bajo los paraguas nacionales (81 de ellas, en España, la mayoría de ellas cooperativas de crédito).

Fuera de la competencia del BCE quedarán entidades como el banco malo o Sareb, las sociedades de garantía recíproca, los establecimientos financieros de crédito, las sociedades de tasación y las fundaciones de los bancos. Tampoco se ocupará de vigilar la protección del consumidor del sector financiero.

Un equipo de control para cada banco

En la práctica, cada banco estará supervisado por un equipo conjunto de supervisión (joint supervisory team), un grupo operativo dirigido por un coordinador del BCE e integrado por supervisores del organismo europeo y de la autoridad supervisora nacional correspondiente a cada entidad.

En el caso de los bancos españoles, el 80% de los supervisores integrados en sus equipos conjuntos proceden del país, y de ellos, el 90% pertenecen al Banco de España y el 20% restante, al BCE.

El número de supervisores asignado a cada entidad depende del tamaño de ésta: los dos grandes bancos, Santander y BBVA, pueden tener hasta 42 inspectores cada uno. Para dar más agilidad a los procedimientos, en las entidades más grandes no habrá un solo equipo, sino dos.

En un amplio campo de actividades, la supervisión seguirá recayendo en el Banco de España, aunque con matices. Así, por ejemplo, las entidades que adquieran activos en el extranjero, tendrán que informar a su supervisor nacional y la operación deberá ser autorizada por el BCE.

Todas las entidades bancarias, tanto grandes como pequeñas, costearán la actividad supervisora: un 10% con costes lineales, y del 90% restante, la mitad dependerá del volumen de activos y la otra mitad, de los activos ponderados por riesgo.