Por qué es importante la unión bancaria en el euro y cómo funcionará

•   Esa unión busca acabar con la fragmentación del sistema financiero europeo
•   Esa división penaliza a empresas y particulares de los países más vulnerables
•   Además quiere que los contribuyentes no paguen la factura de futuras quiebras

En menos de dos años, la Unión Europea ha montado toda una arquitectura que trata de que la vigilancia del sector financiero y la resolución de eventuales crisis bancarias sean homogéneas en todos los países miembros, reparando parte del pecado original del euro. Se trata así de actuar unidos y coordinados para evitar que esas crisis degeneren en una crisis financiera amplia que lastre las economías nacionales e, incluso, pongan en peligro a todo el bloque de la UE, tal y como ha ocurrido en los últimos años.

El 15 de abril, en su última sesión plenaria de la legislatura, el Parlamento Europeo ha aprobado las tres últimas piezas que quedaban pendientes para cerrar toda la estructura: dos de ellas sobre el mecanismo de resolución de entidades con problemas y otra que establece el sistema de fondos de garantía de depósitos.

El objetivo de poner en común procesos y órganos de decisión en este campo es ayudar a evitar la fragmentación del sistema bancario de la eurozona, que provoca -por ejemplo- que empresas y particulares que utilizan la misma moneda tengan diferentes costes de financiación dependiendo del país en el que residan. Es decir, que sus características (negocio, deuda, riesgos...) no influyan en lo que les cuesta financiarse, sino que se vean penalizados por el riesgo que el mercado aprecia en la banca o en las cuentas públicas de ese país.

También se trata de diseñar una arquitectura comunitaria que complete a la moneda única y evitar que se repita lo sucedido en Grecia, Irlanda y Chipre, donde los problemas de la banca arrastraron a los Estados -obligados a pedir rescates financieros externos para evitar la suspensión de pagos- y, al compartir divisa, pusieron en peligro a toda la zona euro.

Las reticencias de los Gobiernos a perder poder de decisión y a que sus bancos o contribuyentes paguen las quiebras de otros han llevado a que la estructura final diluya las intenciones expresadas por la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el BCE de conseguir organismos y procedimientos universales para la zona euro.

Así, solo se aplicarán directamente en las 128 mayores entidades de crédito de los 18 países que integrarán el euro a partir de 2014 y en otras 200 que operan de forma transfronteriza. Por tanto, en el resto de las 8.000 entidades de la eurozona seguirán actuando de forma relativamente autónoma las autoridades nacionales.

A falta de concretar numerosos flecos, los tres pilares de la unión bancaria funcionarían de la siguiente forma cuando todo entre en vigor.

El primer pilar: una supervisión bancaria común guiada por el BCE

La vigilancia y control homogéneos de los bancos de la zona euro se ha planteado desde el principio como el primer paso de la unión bancaria que debe reparar algunos fallos de creación del euro: al compartir moneda, hay que resolver de forma conjunta crisis de entidades y aportar fondos, y para eso, primero hay que saber cuál es la salud de esos bancos, cómo operan y el riesgo que asumen.

Con ese fin ya se ha aprobado definitivamente el mecanismo común de supervisión, construido en torno al Banco Central Europeo (BCE). Así, se ha creado una autoridad común de supervisión formada por un representante del supervisor bancario nacional de cada Estado de la eurozona, cuatro miembros del BCE, un vicepresidente y un presidente, que estará integrado en el órgano director del BCE.

Ese consejo supervisor se encargará de vigilar directamente a los 128 mayores bancos de la eurozona, otras 200 entidades transfronterizas y las grandes de aquellos países de fuera de la divisa única que quieran unirse al sistema.

Tal y como deseaba Alemania para excluir a sus cajas regionales del control común, el resto de entidades seguirá bajo supervisión de las autoridades nacionales, en el caso de España, del Banco de España. Ellas también seguirán al cargo de la protección del consumidor en aspectos financieros, la lucha contra el blanqueo de dinero, así como de la vigilancia de los servicios de pago -tarjetas, cheques, etc- y de las sucursales de entidades de países de fuera de la UE.

Aunque las autoridades supervisoras nacionales mantendrán la vigilancia sobre las entidades más pequeñas, el BCE podrá intervenir en cualquiera de ellas si aprecia que tienen problemas o si lo solicita uno de los Estados miembros. También el fondo de rescate permanente (MEDE) podrá pedir esa supervisión directa del BCE sobre una entidad concreta si lo deciden por unanimidad todos sus miembros, es decir, todos los países del euro. Además, fuentes comunitarias insisten en destacar que el BCE marcará en todo momento la forma de actuar de los supervisores nacionales.

Así, este nuevo órgano tratará de evitar irregularidades en los bancos y, cuando detecte problemas en alguno de ellos, avisará a la autoridad común de resolución, con lo que se pasará a la segunda pata de la unión bancaria.

Segundo pilar: cómo se resolverán futuras crisis bancarias

Esa autoridad común tendrá una formulación compleja.

• Un plan de resolución para cada entidad con problemas

Habrá un consejo de resolución que diseñará un plan para afrontar las dificultades de las entidades sobre las que reciba aviso del BCE. Toda la estructura deberá estar lista el 1 de enero de 2015.

Ese plan determinará cómo usar las distintas herramientas a su disposición para reestructurar la entidad, sanearla o -en el peor de los casos- liquidarla, así como si necesitará recurrir al fondo común de resolución. Ese orden de asunción de pérdidas se establece en la directiva de resolución bancaria aprobada el 15 de abril de 2014 por la Eurocámara.

Ese plan de resolución será similar a los aplicados en los bancos españoles que han necesitado recurrir al rescate bancario. Así, se podrán vender activos, recurrir a captaciones de capital en los mercados, aplicar pérdidas a accionistas y poseedores de deuda subordinada o preferentes, y -a diferencia de lo ocurrido en el caso español- a los tenedores de deuda principal. Según recoge la nueva norma europea, también podrá recurrirse en casos concretos a quitas en algunos depósitos superiores a 100.000 euros.

Si se sigue necesitando capital para cubrir agujeros, se podrá recurrir a ayudas públicas nacionales y, en último lugar, al futuro fondo común de resolución. Solo en casos excepcionales se podría llegar a pedir ayuda al fondo de rescate europeo (MEDE), con lo que se intenta evitar que las reestructuraciones y quiebras bancarias las paguen los contribuyentes europeos.

• Una autoridad de resolución con muchos brazos

El consejo de resolución marcará el paso: dónde pasar de un instrumento a otro y en qué momento recurrir a ayudas nacionales o europeas. Para ello, tendrá dos formatos: uno ejecutivo (con un director, cuatro miembros independientes y un representante de cada país afectado por la resolución de esa entidad concreta), que preparará los borradores de las decisiones, y otro plenario, que sumará a los anteriores componentes un representante de cada autoridad nacional de resolución, en el caso español, el FROB.

Ese pleno aprobará todas las decisiones que necesiten más de un 20% del fondo de resolución, las recapitalizaciones de entidades que supongan más del 10% de esa bolsa común o cualquier recurso al fondo cuando éste ya haya desembolsado 5.000 millones en ese mismo año natural.

La Eurocámara trató de evitar "interferencias políticas", por lo que intentó limitar el rol del plenario a favor del órgano ejecutivo. Sin embargo, informó entonces el Parlamento, la intervención del Ecofin dependerá de que lo pida la Comisión Europea.

Un punto llamativo es cómo se votará en ese plenario, ya que el Ecofin planteó que para sacar adelante una medida deberán respaldarla dos tercios de los países miembros y que ellos sumen, como mínimo, el 50% de las aportaciones al fondo común de resolución. Cada país aportará al fondo según el tamaño de su banca, y se pretende que eso permita introducir una ponderación de votos que no está presente en el propio BCE, donde cada país -independientemente de su importancia y tamaño- tiene un solo voto.

Todo este complicado engranaje ha llevado al presidente del BCE, Mario Draghi, ha recordar que este mecanismo deberá actuar en situaciones de emergencia, por lo que "si es muy farragoso, no funcionará" porque las decisiones no serán rápidas.

• Un fondo común de resolución con compartimentos nacionales

A esas complicaciones se añaden las de la creación de un fondo común de resolución, financiado por el sector financiero y al que se recurrirá para financiar parte de los saneamientos o liquidaciones bancarias. Con él se pretende reducir a la mínima expresión la participación del fondo de rescate europeo.

Ese fondo común se creará con aportaciones anuales de los bancos de cada país miembro. Cuando empiece a formarse el 1 de enero de 2016, estará dividido en compartimentos nacionales que, en los primeros años, correrán con la mayor parte del coste de las eventuales reestructuraciones en sus respectivos países.

En los próximos meses, Bruselas propondrá un método para calcular cuánto tendrá que aportar cada banco, lo que dependerá de su perfil de riesgo. El ministro de Economía español, Luis de Guindos, ha dicho que la banca española aportará entre el 12% y el 13% de los 55.000 millones de euros.

El Ecofin quería crearlo a lo largo de los diez años (2016-2026) y que, según fuera creciendo el capital del fondo, esos compartimentos nacionales fueran mutualizándose poco a poco, con lo que las inyecciones en los bancos se financiarán cada vez con menos parte nacional y más común. Eso hasta llegar a 2026, cuando se supone que ya habrá un fondo común real que asumirá todas las ayudas.

Sin embargo, las fuertes presiones del Parlamento Europeo consiguieron reducir a 8 años el plazo de constitución del fondo y que la mutualización del fondo sea del 40% del dinero aportado el primer año y alcance el 60% antes del tercer año.

Durante el proceso de transición, se quiere establecer una red de seguridad o cortafuegos que evite la insuficiencia de fondos para resolución. Así, si un compartimento nacional y la parte disponible del fondo común en ese momento no son suficientes, habrá una financiación-puente. Sin embargo, no se ha especificado cómo funcionará esa red de seguridad.

El Ecofin sugería que podría permitirse al fondo común de resolución emitir deuda en el mercado o, incluso, recabar nuevas aportaciones de los bancos para lograr la cantidad requerida. Aunque no se ha concretado cómo se logrará, sí se ha dejado claro que el fondo no dispondra de avales públicos, ni siquiera a través del fondo de rescate europeo (MEDE).

A partir de 2025, cuando el fondo común ya sea una realidad, se pretende haber definido también un cortafuegos común que lo respalde.

Tercer pilar: una red de fondos nacionales para garantizar depósitos

La tercera columna que sustentará la unión bancaria es la que garantizará los depósitos inferiores a 100.000 euros, que serán los únicos que no sufrirán pérdidas al cerrar agujeros en un proceso de saneamiento.

En esta parte también se han desinflado las expectativas, ya que no habrá un fondo común de garantía de depósitos por la oposición de los países más ricos -encabezados por Alemania-, sino una red de fondos nacionales con un funcionamiento más o menos homogéneo.

En una directiva aprobada también el 15 de abril por el Parlamento Europeo, se establece que los fondos de garantía de depósitos de cada país podrán utilizarse en las intervenciones tempranas, es decir, lo que se hizo en España con la Caja del Mediterráneo (CAM) o Caja Castilla-La Mancha.

Así, cada fondo nacional -en el caso de España, el Fondo de Garantía de Depósitos- tiene que tener recursos equivalentes al 0,8% de los depósitos inferiores a 100.000 euros del país en un plazo de diez años, lo que debería permitir a los pequeños depositantes de una entidad quebrada recibir su dinero en el plazo de siete días laborables.

Si la Comisión Europea lo autoriza, ese porcentaje podría reducirse al 0,5% cuando se trate de países con "sectores bancarios concentrados", es decir, cuando los activos bancarios estén concentrados en manos de pocos bancos.

Los bancos de cada Estado tendrán que hacer sus aportaciones de acuerdo a su perfil de riesgo, por lo que aquellos que asuman más actividades de riesgo tendrán que contribuir más. Además, el 70% de los pagos al fondo nacional por parte de la banca tendrá que hacerse en efectivo y el 30% de su contribución podrá ser en avales u otro tipo de activos que se consideren aceptables.