El Gobierno crea un mercado ibérico del gas para aumentar la competencia en los hidrocarburos
- Portugal tendrá que firmar un convenio internacional y adaptar su legislación
- Cualquier instalador de gas natural autorizado podrá inspeccionar la caldera
- Elimina la autorización administrativa previa para empresas de fuera de la UE
El BOE publica la nueva Ley de Hidrocarburos que entrará en vigor el sábado, con novedades que van desde la creación del nuevo mercado ibérico del gas a las nuevas limitaciones a los operadores petrolíferos en el negocio de las gasolineras hasta el impulso al fracking.
La norma modifica una ley de 1998 y fue aprobada por el Pleno del Senado la semana pasada después de recibir el visto bueno del Congreso y busca introducir más competencia en el sector de los combustibles.
La nueva ley establece la creación de un mercado secundario del gas que incluye España y Portugal para obtener precios "más competitivos y transparentes". El nuevo operador único del mercado organizado del gas será el encargado de gestionar el llamado hub gasista, una plataforma de compraventa destinada a mejorar los intercambios y los precios de este producto.
Para facilitar la entrada de nuevos comercializadores de gas, se elimina además la exigencia de una autorización administrativa previa a las empresas que no sean de la UE y se igualan las exigencias de existencias de seguridad de los nuevos operadores a las de los que ya operan en el mercado.
De igual forma, se establecen medidas en relación a las existencias mínimas de seguridad que dotan a los comercializadores de una mayor flexibilidad y un menor coste, habilitando a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) a mantener las existencias estratégicas de gas natural.
Asimismo, se posibilita que cualquier instalador de gas natural habilitado pueda realizar la inspección de las instalaciones y se fomenta la competencia, ya que actualmente sólo podían realizar las inspecciones los distribuidores.
Otras medidas
Por otra parte, la norma limita la cuota de mercado de las petroleras en cada provincia al 30% en términos de ventas anuales y no de número de estaciones de servicio como hasta ahora.
Para impulsar el fraking, el Gobierno crea un impuesto sobre el valor de la producción de hidrocarburos con dotaciones específicas para las comunidades autónomas y entidades locales donde se ubique el yacimiento. En el caso de los propietarios de los subsuelos donde se produzca la explotación de hidrocarburos, se les reconoce un retorno del 1% del valor de la producción anual mientras dure el periodo de concesión.
Además, fija un canon de 125.000 euros que se abonará por cada sondeo de exploración y cada pozo de producción en tierra.
La Ley del Sector de Hidrocarburos impide que exista duplicidad en las instalaciones de distribución de propano y butano (GLP) por canalización y gas natural, lo que encarecería el precio que pagan los consumidores, y fomenta la distribución por canalización en las zonas que aún no tienen acceso a gas natural.