La Audiencia de Madrid mantiene la fianza de 18 millones para Rato porque ve "datos suficientes" de delito fiscal y blanqueo

• Considera "adecuada y razonable" la cuantía de la fianza para el exministro
• La Fiscalía descarta que Rato cometiera el delito de insolvencia punible

Rodrigo Rato sale de su domicilio.

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la fianza de 18 millones de euros impuesta por el juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, como condición previa para levantar el embargo de sus cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión y fondos de pensiones.

En un auto hecho público este martes la Audiencia asegura que existen "datos suficientes" de que Rato "hubiera podido incurrir" en la comisión de delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. El escrito refleja, además, que la Fiscalía no ve indicios bastantes para atribuir al exvicepresidente un tercer delito, de insolvencia punible.

Sin embargo, en este momento procesal Serrano-Artal solo aprecia uno o varios delitos contra la Hacienda Pública.

En caso de que se deposite la caución, que cuenta con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, quedaría también sin efecto la medida dirigida a evitar la venta de sus bienes muebles: un asiento registral para que constara en el Registro de la Propiedad que las propiedades estaban sujetas a una investigación judicial.

Entramado de sociedades

Los tres magistrados de la Sección 23 de la Audiencia aluden a la "complejidad del asunto", derivada del entramado de sociedades mercantiles "dirigidas y gestionadas directa o indirectamente" por él y "de los numerosos terceros que han podido intervenir y tener participación" en esa red.

Así, aunque reconocen la "insipiencia de la investigación", subrayan que "existen datos suficientes como para que el denunciado hubiera podido incurrir en la supuesta comisión" de uno o varios delitos fiscales y otro de blanqueo, no así el del de insolvencia punible.

Serrano-Arnal, admiten, "adoptó una serie de medidas muy restrictivas de los derechos del denunciado" el pasado mayo, como fue el bloqueo de todos sus bienes y patrimonio conocido y la prohibición de disponerlo, pero la medida y su cuantificación fue "adecuada y prudente".

"Estas limitaciones en el orden civil", relata el auto, "respondían como no podía ser de otra forma a la finalidad, no solo de garantizar las posibles responsabilidades derivadas de la comisión de estos delitos", sino también la de "preservar su patrimonio "para que estuviera disponible en todo momento".

La cuantía puede modificarse durante el caso

No obstante, pese a que abren la puerta a que la cuantía pueda ser modificada, tanto al alza como a la baja, según avance el caso, creen que procede mantenerla a la luz de los datos contenidos en el informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) que precipitó el caso y, que incluía, además de cinco delitos fiscales y uno de blanqueo, el de alzamiento.

Un informe del que se desvinculó la inspectora jefe de la ONIF, Margarita García-Valdecasas, durante su declaración como testigo, tras lo cual el juez, que hasta la fecha solo ha visto "perfilado" el delito fiscal, procedió a convocar al ex director gerente del FMI para declarar como imputado este miércoles, una comparecencia ante la que Rato se muestra con "plena confianza en la justicia" para su defensa según declaraciones a Efe en las que desmiente haber estado sometido a una "cacería política".

En ese documento, la ONIF explicaba las razones que llevaron a pedir la detención de Rato el pasado 16 de abril y la entrada y registro en su domicilio y su despacho. Los inspectores sospechan que el exbanquero incurrió en diversos fraudes a la Hacienda Pública ante el impago de varias cuotas superiores a los 120.000 euros que establece la ley para que sea un delito fiscal.

"Rodrigo Rato tiene por sí mismo o a través de sociedades un elevado tráfico financiero con países que son de riesgo por tener la consideración actual de paraísos fiscales, por haberlo sido anteriormente o por tener severas restricciones en el acceso a la información bancaria", relataba también el escrito.

Por ello le achacaban un posible delito de blanqueo de capitales y de despatrimonialización de determinadas sociedades durante los años 2014 y 2015 y de donaciones a sus hijos, supuestamente para evitar el pago de las fianzas del "caso Bankia" y el de las tarjetas opacas.