Cada trabajador tendrá a partir de ahora una cuenta-formación para acreditar su capacitación

• Por la entrada en vigor de la nueva ey de formación profesional para el empleo
• Confirma que los agentes sociales dejan de controlar la gestión y los recursos
• UGT avisa de que el sistema aún deberá desarrollarse mediante reglamentos

A partir de ahora, cada trabajador en España tendrá una cuenta-formación que le acompañará a lo largo de su carrera profesional para acreditar su historial formativo y orientar la oferta de cursos al incremento de su empleabilidad. Ésa es una de las novedades de la Ley de la Formación Profesional para el Empleo que entra en vigor este viernes tras publicarse el jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

También se pondrá en marcha un cheque-formación para que cada desempleado pueda elegir la entidad de la que recibe formación, sin perjuicio del asesoramiento previo y seguimiento por parte del Servicio Público de Empleo (SEPE).

Además, la ley confirma lo que se adelantó en el decreto ley aprobado el pasado mes de marzo por el Consejo de Ministros: que los sindicatos y las patronales quedan al margen de la gestión y el gasto de los recursos destinados a la formación para el empleo, un campo en el que se han detectado numerosas irregularidades, como las que aún se investigan en comunidades como Andalucía, Madrid o Extremadura.

Así, los agentes sociales sólo participarán ahora en el proceso mediante el diseño estratégico de los cursos debido a su conocimiento de primera mano sobre la realidad productiva.

La gestión se adjudicará mediante concursos públicos

La gestión de la oferta de formación se realizará a partir de ahora en régimen de concurrencia competitiva, en el que sólo podrán participar las entidades que impartan la formación conforme a los requisitos establecidos de registro y acreditación.

Además, la formación que no se realice en el seno de la empresa sólo podrá impartirse por entidades formativas acreditadas, que no podrán subcontratar con terceros la ejecución de la actividad formativa que le sea adjudicada.

Con todo, las empresas podrán seguir realizando formación interna siempre que dispongan de los medios necesarios para ello, ya sean propios o contratados.

Por último, la nueva ley prevé una evaluación permanente de la calidad y el impacto de la formación y establece un principio de tolerancia cero contra el fraude, con un nuevo régimen sancionador.

UGT denuncia la falta de definición de la nueva ley

Después de publicarse el nuevo sistema, UGT ha recordado que algunos de los principios esenciales de la reforma del sistema de formación profesional para el empleo "no están aún bien definidos", y que deben ser discutidos antes de concretarse en un reglamento.

En un comunicado, el sindicato ha señalado siguen generando incertidumbres cuestiones como el papel de la representación legal de los trabajadores en el control de los planes de formación de las empresas, o la reanualización y retornos de la cuota destinada a formación. En este último punto, UGT señala que los Presupuestos Generales del Estado en trámite no recogen lo que dicta la actual ley.

Por ello, el sindicato reclama al Gobierno que "dialogue y alcance consensos con los agentes sociales para su desarrollo".

Asimismo, UGT considera necesario definir claramente el papel, financiación y funciones de las comisiones paritarias que ahora están dotadas con mayor capacidad, por ejemplo, para establecer criterios estatales para la formación que necesitan sectores económicos específicos.

El sindicato también destaca la falta de desarrollo de la formación de los interlocutores sociales, necesaria para que los representantes de las organizaciones empresariales y sindicales desarrollen sus funciones en la negociación colectiva y el diálogo social.