La Audiencia abre juicio a ocho exdirectivos por la quiebra de la CAM y les exige una fianza de 1.600 millones

• La jueza Lamela abre juicio oral contra Crespo y Amorós por seis delitos
• Entre ellos, falsedad en las cuentas, estafa agravada y apropiación indebida
• Los encausados tienen 24 horas para depositar la fianza civil en sede judicial

La Audiencia Nacional abre juicio a ocho exdirectivos por la quiebra de la CAM

La Audiencia Nacional ha dictado la apertura de juicio oral contra ocho exdirectivos de la CAM por irregularidades en la gestión de la caja que condujeron a su quiebra. Les reclama, además, el pago de una fianza de responsabilidad civil por importe de 1.592 millones de euros.

Así lo recoge en un auto la titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Carmen Lamela, en el que además señala al Banco Sabadell y a la Fundación CAM como responsables civiles subsidiarios, y a la aseguradora Caser como responsable civil directa.

La magistrada sienta en el banquillo al expresidente Modesto Crespo y la exdirectora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo Dolores Amorós por la comisión de un delito de falsedad en las cuentas anuales, delito relativo al mercado y los consumidores, manipulaciones informativas, estafa agravada, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.

También serán juzgados por estos mismos delitos el exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol, el exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb.

En cuando al exdirector general Roberto López Abad la magistrada le acusa en su caso de todos los delitos citados con la excepción del cometido contra el mercado y los consumidores. Procede, además, contra los exdirectivos Francisco José Martínez García, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa a los que acusa de falsedad en las cuentas y en documento mercantil y apropiación indebida.

24 horas para depositar la fianza

Los ocho acusados disponen de 24 horas para depositar los cerca de 1.600 millones de euros de fianza que solicita el fiscal.

Como autores de un delito de falsedad contable y estafa, el fiscal solicita siete años y medio de cárcel para López Abad, Amorós, Sogorb, y Martínez García, además de una multa de 400 euros diarios durante quince meses (180.000 euros) a cada uno.

Como cómplices de falsedad contable, el ministerio público pide un año y dos meses de prisión para Sabater Navarro y Ochoa Pérez, y multa de 9.000 euros a cada uno, mientras que a Soriano Terol se le imputa un delito de estafa con una petición de diez meses de prisión y una multa de 12.000 euros.

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que ejerce la acusación, atribuye además al expresidente, a la exdirectora y al encargado de controlar la caja un delito de estafa a inversores y manipulaciones informativas, por lo que solicita nueve años de cárcel y una multa de 144.000 euros; para López Abad y Martínez, por falsedad societaria, solicita tres años de prisión y una multa también de 144.000 euros.

En el caso de Sabater Navarro, el FGD reduce la petición a dos años de cárcel y una multa de 81.000 euros por cooperador necesario del delito de falsedad societaria.

La acusación popular eleva la petición de penas a dieciséis años de cárcel para cada uno de los ocho acusados, y solicita que éstos indemnicen a los demandantes con 19,1 millones de euros. El juicio se celebrará en la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Una caja intervenida en julio de 2011

La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes que describen las irregularidades de los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.

En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell -que se la adjudicó por un euro- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones.