Mitsubishi pierde casi el 50% de su valor en tres días por manipular el consumo de combustible

• Cae un 13% este viernes, que se suma al 20% del jueves y al 15% del miércoles
• La peor racha bursátil de Mitsubishi le ha hecho perder 3.000 millones de euros
• La manipulación se extendería a tres todoterrenos y un coche eléctrico, según la prensa

Vehículos de Mitsubishi reflejados en un espejo en su sede de Tokio.

Las acciones del fabricante japonés Mitsubishi Motors, envuelto en un escándalo de manipulación del consumo de combustible, han caído casi un 50% en tres días. En concreto, este viernes han perdido más de un 13% en la Bolsa de Tokio.

Los títulos de la firma de automóviles han perdido 79 yenes (el 13,55%) y han cerrado a 504 yenes. Mitsubishi perdió un 15% el miércoles y más de un 20% el jueves, la máxima fluctuación que permite el mercado tokiota. Esta ha sido la peor racha negativa desde su debut en la Bolsa en 1988, según Bloomberg. La empresa ha visto como se esfumaban en tres días 3.000 millones de euros de capitalización bursátil.

Mitsubishi Motors admitió el miércoles que sus empleados modificaron la presión del aire de los neumáticos durante las pruebas para evaluar el consumo de cuatro modelos de los cuales se han vendido unas 625.000 unidades en Japón.

El caso contribuye a empeorar la reputación del sector, en entredicho tras el escándalo de manipulación de emisiones de Volkswagen, que incluyó un software en 11 millones de coches diésel para que redujeran el volumen de gases contaminantes a expulsar en el momento de ser testados.

Siguen las inspecciones

El ministerio de Transportes sigue con sus inspecciones en un centro técnico de la empresa en la prefectura de Aichi, ha indicado un funcionario a la agencia France Press. Su titular, Keiichi Ishii, ha apuntado que tiene "dudas sobre la rectitud de la compañía y su respeto de la ley. Es deplorable", además ha recordado que Mitsubishi ya protagonizó un escándalo en el año 2000 al intentar ocultar los fallos de sus vehículos.

Las autoridades japonesas quieren endurecer los test de control de los coches para intentar recuperar la confianza de los consumidores.

El presidente de Mitsubishi, Tetsuro Aikawa, considera que "los daños serán importantes" sobre la reputación de la empresa, pero también porque tendrá que indemnizar a sus clientes y a la firma Nissan, para la que fabricaba dos tercios de los vehículos afectados. Es probable que el Gobierno nipón le imponga sanciones y le obligue a devolver las ayudas para la producción de vehículos eficientes.

Manipulación en cuatro modelos más

Mitsubishi también podría haber manipulado los datos sobre el consumo de combustible de tres todoterrenos y de su automóvil eléctrico iMiEV, según ha informado el diario japonés Sankei.

El falseo de datos podría extenderse además a los monovolúmenes todoterreno RVR, el Montero (denominado Pajero en Japón), el Outlander y el minivehículo eléctrico Minicab-MiEV, según desveló una fuerte cercana al asunto al diario.

La empresa ha admitido que podría haber más modelos afectados que no cumplan con la legislación japonesa y destaca que sigue con sus comprobaciones internas.

Por otra parte, un portavoz de la Dirección General de Tráfico estadounidense ha señalado a Reuters que han solicitado información a Mitsubishi sobre los vehículos vendidos en EE.UU. , aunque no ha precisado sobre qué modelos o si han hecho extensiva la petición a otros fabricantes de automóviles.

Retraso de los resultados

Mitsubishi Motors retrasará la publicación de sus resultados del pasado ejercicio y las estimaciones del actual, previstos para el 27 de abril, según ha explicado a la cadena pública NHK una fuente cercana al asunto.

El escándalo dificulta que la compañía pueda calcular el volumen de ventas y de costes para el año fiscal que acaba de arrancar y que concluye el 31 de marzo de 2017. Además, Mitsubishi tampoco es capaz de estimar las indemnizaciones que tendrá que pagar a los conductores y también a Nissan, empresa para la que fabricó dos de los modelos implicados.

El caso podría forzar incluso a la compañía a abonar al Gobierno ayudas públicas adheridas a estos modelos, si se determina que éstos no cumplían los estándares medioambientales requeridos para dichas subvenciones a raíz del falseo.