El juez Andreu rechaza investigar al Banco de España y la CNMV por la salida a Bolsa de Bankia

• Considera "impertinente e inútil" citar a Ordóñez y a Restoy
• La petición era de la Confederación Sindical de Crédito (CIC)

Sede de la Audiencia Nacional en Madrid en una imagen de archivo.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha rechazado que declaren como investigados al exgobernador del Banco de España Miguel Angel Ordóñez y al exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Fernando Restoy en el marco de la causa por la salida a Bolsa de Bankia.

En un auto, el magistrado tacha la petición formulada por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), defendida por el abogado y exlíder de UPyD Andrés Herzog, y el colectivo 15MpaRato, de "impertinente e inútil por infundada". Además, apunta que la instrucción de la causa se encuentra "prácticamente conclusa" tras una instrucción "minuciosa y rigurosa que ha durado nada menos que cuatro".

Andreu sigue, en este caso, el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, y rechaza las alegaciones de estas dos acusaciones que apuntaban a que los máximos responsables del órgano supervisor "ocultaron los problemas financieros, las irregularidades y manipulaciones contables" de Bankia durante la fusión y salida a Bolsa.

No existe un plan delictivo acordado

Además, agrega que si aceptara investigarles sería como afirmar que "todos los funcionarios del Banco de España y de la CNMV participaron de forma consciente, voluntaria y material" en el perjuicio causado a los inversores.

Algo que -dice- resulta "inverosímil" ya que equivaldría a dar por probada la existencia de "un plan delictivo acordado en el que, a aquellos, les correspondería hacer cuanto pudieran desde sus cargos públicos para mantener una calculada inacción institucional", agrega.

El magistrado reprocha la actuación del abogado de la CIC y le advierte que no puede desempeñar "un papel de suplencia general en la exigencia de responsabilidades de todo orden" como "remedio exhaustivo de cualquier infracción del orden social o político".

La CIC, presidida por Gonzalo Postigo, consideró que los informes complementarios elaborados por los peritos judiciales Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras y la práctica de las diligencias de investigación han arrojado "sólidos y concluyentes indicios delictivos" sobre la responsabilidad del Banco de España y de la CNMV.

El Banco de España no tomó medidas

"Los informes de seguimiento y el testimonio de los inspectores del Banco de España acreditan que los máximos responsables de dicha institución conocían perfectamente los problemas detectados y decidieron ocultarlos", explicaba en su escrito del pasado día 8 de junio.

La CIC acusaba al supervisor de permitir que "se trasladara una imagen absolutamente irreal" de la situación financiera del banco y haya "coadyuvado al engaño masivo de inversores y clientes, que seguían depositando su confianza en una entidad aparentemente rentable y supuestamente modélica en cuanto a su gestión".

Asimismo, recordaba que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) comunicó en 2013 a la Fiscalía Anticorrupción cómo la Comisión Ejecutiva del Banco de España fue "suavizando" las conclusiones de sus inspectores y omitió realizar actuaciones coercitivas sobre las entidades a fin de impedir las "deficiencias" que se iban detectando.

Bankia cotizó sin auditar sus cuentas

Finalmente, la acusación popular apuntaba a la responsabilidad de la CNVM en la autorización por su parte de la salida a Bolsa de Bankia, "previa exención a la entidad de aportar sus cuentas anuales auditadas". De hecho, Deloitte debe afrontar una multa de 12 millones por su papel en el debut bursátil de la entidad.

La Fiscalía Anticorrupción rechazó en un escrito todos estos argumentos y negó que los dos organismos participaran "consciente, voluntaria y materialmente" en la presunta estafa que supuso la salida a Bolsa de Bankia .

Tras recordar que la responsabilidad por imprudencia ha sido ya descartada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, el fiscal recuerda que es "todavía más insostenible" perseguir una actuación dolosa porque no existen pruebas en la causa y "resulta radicalmente incompatible con la intervención que estas instituciones han tenido con vistas a la corrección de diversas malas prácticas en su momento detectadas".