Un juez de Palma acusa de sedición a 84 controladores por el caos aéreo de diciembre de 2010

• Simularon "incapacidades psicofísicas" para paralizar el tráfico aéreo, dice el juez
• Sostiene que hubo "un concierto previo, instigado por los representantes de USCA"

El aeropuerto de Palma durante el caos aéreo del 4 de diciembre de 2010.

El titular del juzgado de instrucción 1 de Palma, Manuel Sobrino, ha propuesto llevar a juicio a 84 controladores aéreos contra los que aprecia indicios de sedición por abandonar sus puestos en los aeropuertos de Mallorca, Ibiza y Menorca y provocar el caos en diciembre de 2010.

El juez ha dictado el auto de pase a procedimiento abreviado, que representa el fin de la instrucción y el primer paso para sentar en el banquillo a los presuntos responsables del caos aéreo del 3 y 4 de diciembre de 2010, que llevó al Gobierno a decretar el estado de alarma.

El juzgado había archivado inicialmente el procedimiento, pero la Fiscalía recurrió y la Audiencia de Palma ordenó en 2014 practicar nuevas diligencias de investigación que concluyen ahora con la propuesta de juicio contra los 84 controladores.

Previsiblemente el ministerio público pedirá sanción penal para los procesados, que se enfrentarán también a la acusación particular ejercida por la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca.

Asambleas para "paralizar el tráfico aéreo"

El juez, que sobresee la causa para 2 de los 86 controladores inicialmente imputados, sostiene que la investigación ha puesto en evidencia que 2010 fue un año de conflictividad laboral por cambios legislativos que afectaban a la jornada de trabajo en las torres y los centros de control aéreos, que alcanzó su culmen con un proyecto de decreto que el Gobierno iba a aprobar el 3 de diciembre.

Ese día, inicio del puente de la Constitución, el sindicato USCA, mayoritario en el sector, convocó asambleas en todos los centros de trabajo, incluidos los de Baleares, donde se decidió "paralizar el tráfico aéreo español, sin tener en cuenta las repercusiones que ello tendría", mediante la simulación de "incapacidades psicofísicas", sostiene el instructor.

"El cierre del espacio aéreo fue una consecuencia inevitable de la ausencia de controladores en sus puestos de trabajo y conllevó que no se pudiesen controlar los diferentes vuelos previstos" desde la tarde del viernes 3 de diciembre y al sábado 4, agrega.

Asegura que los hechos analizados "pueden ser constitutivos de delito y no ser tratados como un mero conflicto laboral", y reproduce parte de las conversaciones ente la torre y el centro de control de Palma que podrían de manifiesto la concertación de los controladores para paralizar los servicios como medida de presión sobre el Gobierno.

Partes de incapacidad "idénticos"

Además, los partes de incapacidad que presentaron los encausados son "todos idénticos" y parecen "copiados unos de otros, con los mismos síntomas", indica el juez, que recuerda que cuando ordenó reabrir la causa la Audiencia de Palma llamó la atención sobre que "el fenómeno solo afectó al sector durante 24 horas y remitió por completo sin dejar vestigio o secuela en ninguno de los afectados".

"Se produjo un concierto previo, instigado a través de los representantes sindicales de USCA, para conseguir por la fuerza y fuera de los cauces procedimentales previstos en el ordenamiento jurídico español, como puede ser una huelga o cualquier otro medio legal de solución de conflictos laborales, y a través e mecanismos ficticios y no reales, como simular incapacidades físicas y psíquicas repentinas, la finalidad de presión a las autoridades aeroportuarias españolas y al propio Gobierno", relata Sobrino.

El juez recalca que se eligió el puente de diciembre para afectar a más viajeros y aumentar la presión, considera que el comportamiento de los controladores podría ajustarse al delito de sedición contemplado en la Ley de Navegación Aérea, que correspondería aplicar por encima del delito de abandono de servicio público del Código Penal porque es específico.

A partir del auto hecho público este miércoles las acusaciones tienen diez días para presentar sus escritos de conclusiones y pedir las penas que consideren que corresponde imponer a los 84 imputados.