UPA Extremadura obtuvo presuntamente 1,8 millones al desviar fondos de subvenciones europeas

• La Guardia Civil sostiene que se quedó con el dinero de 5.500 subvenciones
• En la Operación Tellus, han sido detenidos seis sindicalistas y un empresario
• La organización agraria niega que se haya financiado ilegalmente: "No hay caso"

Un guardia civil sale con documentación de la sede central de UPA.UCE en Mérida.

La Guardia Civil sostiene que la Unión de Pequeños Agricultores y Unión de Campesinos de Extremadura obtuvo presuntamente algo más de 1,8 millones de euros procedentes de unas 5.500 subvenciones de la Unión Europea mediante una trama de financiación ilegal.

Este dinero procede de las subvenciones que, sobre el papel, fueron solicitadas por más de 1.800 afiliados de UPA-UCE durante el periodo 2013-2015, según informa el Instituto Armado en una nota de prensa. Estos fondos sirvieron para atender las necesidades financieras del sindicato y de otras personas físicas y jurídicas que están todavía bajo investigación.

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de febrero tras una denuncia interpuesta por el titular de una pequeña explotación agrícola cacereña en Campo Arañuelo acerca del desvío de fondos de las ayudas sobre asesoramiento agrario.

Asesoramiento agrario ficticio

En teoría, los agricultores recibían, previa solicitud y presentación de la documentación, el 80% del importe total del asesoramiento agrario que solo podía ser prestado por una lista cerrada de empresas y organismos reconocidos por la Junta de Extremadura, entre los que se encontraba UPA-UCE.

La Guardia Civil tomó declaración a una treintena de afiliados y analizó miles de extractos bancarios de las cuentas del sindicato de lo que dedujo la existencia de un plan preconcebido con la aplicación de ingeniería financiera, en cuyo desarrollo participaban personas físicas y jurídicas bajo una estructura organizada.

Algunos empleados de UPA (los captadores) engañaron a cientos de afiliados para que firmasen la solicitud de la subvención, un préstamo por el valor del informe y las órdenes a los bancos para que procediesen a los adeudos de cobro por parte de una mercantil asociada al sindicato.

El dinero para pagar el informe agrario provenía de UPA que lo transfería a la empresa mercantil instrumental y, de ésta, a los agricultores perceptores de las ayudas, para volver de nuevo al sindicato, simulando un pago por un asesoramiento agrario que no llegaba a darse, o no se daba con las condiciones exigidas. Así se evitaba que los solicitantes adelantasen el pago de su bolsillo.

En otros casos, la subvención, gestionada por el propio sindicato, era ingresada en la cuenta de los agricultores e inmediatamente se transfería a la mercantil instrumental como amortización del préstamo. Desde allí nuevamente se transfería al sindicato.

UPA se embolsaba el importe íntegro de las subvenciones

Este carrusel permitía a UPA volver a poner en circulación el dinero las veces que lo considerase necesario. Las operaciones así realizadas eran por tanto ficticias y sin coste económico alguno, obteniendo el beneficio íntegro de las miles de subvenciones concedidas a favor de los afiliados.

Este proceso de transferencias y cobro de recibos se daba a espaldas de los propios agricultores, muchos de los cuales desconocían incluso haber solicitado un préstamo para asesoramiento agrario, por regla general, solo eran conscientes de haber firmado una solicitud de subvención.

El capital se ha utilizado para la financiación de la actividad propia de UPA, es decir, pago de nóminas, impuestos, suministros o pago de proveedores. Una parte se ha destinado a determinadas empresas para fines privados y otra se ha derivado a la matriz nacional del sindicato.

Siete detenidos en la operación Tellus

La operación Tellus, tras los registros en varias sedes de UPA-UCE, se ha saldado con siete detenidos, cinco de ellos miembros de la cúpula directiva de la entidad agraria, entre ellos su secretario general, Ignacio Huertas. Los otros arrestados son el captador de afiliados en Talayuela y el administrador único de la empresa utilizada para facilitar los préstamos a los agricultores.

Los hechos investigados pueden ser constitutivos de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la hacienda pública mediante fraude de subvenciones, falsificación de documentos y blanqueo de capitales.

Tanto los detenidos como las pruebas de convicción obtenidas en los registros realizados en varias sedes extremeñas de UPA-UCE están a disposición del Juzgado de Primaria Instancia e Instrucción 1 de Mérida.

La investigación de la Guardia Civil sigue todavía abierta y no se descartan nuevas detenciones o imputaciones.

UPA niega la financiación ilegal y asegura que "no hay caso"

La UPA-UCE de Extremadura ha negado que exista un entramado financiero ilegal para que esta asociación se financiase mediante ayudas al asesoramiento agrario provenientes de la UE y que ninguno de sus dirigentes haya cometido delito alguno.

De hecho, fuentes de la asociación agraria han manifestado "tranquilidad y confianza" tras conocer los detalles de la operación puesta en marcha por la Guardia Civil.

De esta forma, la UPA-UCE niega que haya existido una trama de financiación ilegal, como lo asegura la Guardia Civil. A su juicio, esas ayudas llegaban de Bruselas directamente a los agricultores, los cuales pagaban a la organización por los servicios y trabajos desarrollados para la redacción de los informes de asesoramiento, que realizaban los técnicos que trabajan para la organización.

UPA-UCE ha asegurado que "no se ha producido ningún engaño a ningún afiliado", ya que eran ellos, a título personal, los que recibían la subvención en sus cuentas bancarias y luego se transfería "con todos los justificantes" a la organización por los servicios prestados.

Unos servicios que "efectivamente fueron realizados en su totalidad y cuyos expedientes están entregados en la propia Consejería de Agricultura".