Puertos pendientes de un hilo: las claves de la liberalización de la estiba
- Estibadores y patronal rompen el preacuerdo tras la liberalización del sector
- Los estibadores mantienen y amplían los paros durante el mes de junio
- El Congreso convalidó un segundo decreto ley para liberalizar la estiba
- Queda pendiente la aprobación del reglamento que desarrollará los cambios
- La CE avala la normativa pero remite al TJUE la decisión sobre la multa
Los puertos españoles recuperan la normalidad después de cinco meses de conflicto por la liberalización del sector, ordenada por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Los trabajadores, representados casi en su totalidad por la Coordinadora de Trabajadores del Mar (CETM) y la patronal Anesco han acordado la subrogación total de los 6.150 empleos y el inicio de la negociación del convenio colectivo con la intención de que esté listo en septiembre.
El Gobierno, con el respaldo del Congreso a su segundo decreto, había conseguido cerrar parcialmente el frente institucional con la Unión Europea, pero había dejado en manos de los agentes sociales sellar el frente laboral, en una negociación que ha vivido tres semanas de huelgas seguidas masivamente y la división de la propia patronal con la salida de importantes empresas, que bloqueaban el pacto.
Dentro de este torbellino de última hora de un conflicto que proviene del año 2013, el sector pasó de tener un acuerdo que garantizaba el mantenimiento de los empleos a cambio de una rebaja salarial, a una primera jornada de huelga en los puertos el pasado 5 de junio.
¿Se cerró el frente con Bruselas?
La Comisión Europea ha dado el visto bueno al segundo decreto para liberalizar la estiba y está por ver si el 13 de julio saldará la multa de 24 millones alimentada desde 2014, aunque lo normal es que se mantenga. El Tribunal de Justicia de la UE dictaminó en diciembre de ese año que la forma en la que se organizaba el sector en España es incompatible con la competencia y que se debía liberalizar el sector.
El Gobierno ha presentado dos decretos ley, el primero tumbado por el Congreso. Según los trabajadores ambos van más allá de lo que exige la Comisión Europea y el tribunal comunitario.
¿Qué ha cambiado respecto al primer decreto?
Entre el 24 de febrero, que se firmó el primer decreto, hasta el 19 de mayo en el que se convalidó en el Congreso un segundo decreto, se mantuvo un proceso de diálogo entre patronal y sindicatos con mediación del presidente del Consejo Económico y Social.
El resultado de esa mediación no resolvió el conflicto pero se avanzaron algunas condiciones relacionadas con prejubilaciones y formación, que ahora el Gobierno incluirá en un decreto adicional sin rango de ley como principal innovación respecto al decreto rechazado. El decreto incluye una previsión de 120 millones de euros para jubilaciones anticipadas.
Los estibadores iniciaron una huelga el 5 de junio, mientras el Ministerio pedía a las partes que dialogasen en el marco de la negociación colectiva. Los estibadores dieron por estancado el desarrollo de un acuerdo, al entender que la patronal Anesco había cambiado los términos del preacuerdo alcanzado el 29 de marzo.
La dimensión del conflicto hace temer aún por la pérdida permanente de tráfico y las derivadas para el resto de la industria. Los puertos son el lugar de distribución del 80% de las importaciones y el 60% de las exportaciones, según la patronal, con más de 200.000 millones de euros en movimiento al año, equivalente al 20% del PIB.
En la tercera semana de huelga los estibadores empezaron a negociar con las empresas individualmente y varias empresas abandonaron Anesco, lo que ha llevado a que el acuerdo lo firme una patronal renovada.
¿Qué sentenció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)?
El TJUE dio la razón el 14 de diciembre de 2014 a la Comisión Europea que consideraba que la legislación española se estaban dando trabas a la libre contratación y establecimiento. Según la Corte, la normativa española "impide a las empresas estibadoras extranjeras establecerse en los puertos españoles".
La Corte de Luxemburgo rechaza además que las empresas operadoras tengan que participar en las Sagep (Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios), porque impide la libertad de establecimiento.
España argumentó que efectivamente la normativa restringe la libertad de establecimiento pero que el servicio es de interés general con obligaciones de servicio público y además protege a los trabajadores. El TJUE consideró que esta regulación iba más allá de lo necesario para cumplir esos objetivos.
El incumplimiento de esa sentencia y un segundo fallo que ya se tramitaba hubiera acarreado a España una nueva multa de más de 134.000 euros diarios. La Comisión Europea que inició el conflicto en 2013 había denunciado a España por segunda vez.
¿Cómo funcionaba la estiba en España?
Los estibadores es un colectivo de trabajadores de 6.150 personas que se agrupan en más de un 98% en la Coordinador Estatal de Trabajadores del Mar (CETM). Para trabajar en la carga, descarga y colocación de las mercancias de los barcos había que estar inscrito en las Sagep, sociedades anónimas de gestión de empleados de los puertos, instalados en las principales 46 terminales del país. Estas Sagep, en las que deben participar las operadoras de estiba, reparten las jornadas de trabajo y seleccionan y forman al personal.
¿Qué recoge el decreto ley?
El Gobierno sustituye en su decreto las Sagep por centros de empleo portuario, abiertos a la libertad de establecimiento y contratación. Establece un periodo transitorio de tres años, obligando a las empresas a contratar durante el primer año al 75% del personal de las Sagep, el segundo al 50%, en el tercero al 25%. Tras este período no habrá obligaciones para las empresas y se daría por concluida la liberalización.
El personal que acceda a la contratación necesitará 100 jornadas de experiencia en la estiba, con independencia de la formación para la que en el segundo decreto no se exige una titulación.
Las autoridades portuarias, además, se comprometen a compensar los costes por despido, lo que en opinión del ministro de Fomento, ofrecerá más posibilidades a los actuales estibadores para ser contratados. La CETM considera, sin embargo, que es una forma de traspasar los costes de su despido al Estado, cuando se trata de un colectivo que actualmente trabaja para una empresa privada.
Fomento confirma 120 millones en subsidios a los estibadores de mayor edad que voluntariamente rescindan su contrato con la Sagep por una cuantía mensual del 70 % del salario de los últimos seis meses antes de producirse la baja.
La ayuda especial que recibirá el trabajador por prejubilarse consistirá en un subsidio mensual y en la cotización a la Seguridad Social durante su período de percepción y se prolongaría por un máximo de 60 meses.
¿Qué piden los trabajadores?
Los estibadores creen que la liberalización es un "ERE encubierto", subvencionado por el Estado con fondos públicos, que les aboca al despido al día siguiente de la entrada en vigor y a volver a negociar una protección que el sector se ha ido ganando.
Los estibadores pedían un registro de trabajadores en cada puerto, donde se inscriban los estibadores disponibles, y la subrogación de sus actuales contratos.
Los trabajadores de la estiba aseguran que su trabajo exige una cualificación técnica por, al menos, dos motivos: la seguridad y el mantenimiento del nivel de productividad actual.
El colectivo al que pone voz Antolín Goya, estibador canario, a través de la Coordinadora del Mar asegura que el éxito del trabajo portuario se debe a la profesionalización y organización actual.
¿Qué piden los empresarios?
Las empresas de estiba como colectivo a través de Anesco, Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques, y de PIPE, Plataforma de inversores en puertos de España - Noatum, OHL Concesiones, Algeposa, Boluda o Bergé, entre otras-, defienden el decreto del Gobierno que propone la liberalización total del sector.
El decreto recoge, como exige la Unión Europea, que las empresas no tengan que participar en Sagep y que tengan la libertad de contratación y de dirgir la actividad de sus empleados.
Los estibadores quieren un compromiso sobre sus contratos que querrían elevar al decreto del gobierno o una ley de ámbito estatal.
La plataforma PIPE, ahora mayoritariamente fuera de Anesco, había sido la más dura con dura con los estibadores, al que considera "el último sindicato vertical", una anomalía de "trabajadores privilegiados". Creen que la reforma del sector permitirá bajar los costes y ser más competitivos.
Asegura desde PIPE que el problema no es que se pague a los estibadores "130.000 euros por seis horas de trabajo" sino la rigidez del sistema, que impide que los empresarios no pueden determinar a quién contratan, a quién premian o cómo reparten la tarea.
Algunas empresas como APM Terminal - Maerks, Hutchison y Grimaldi, llegaron a acuerdos con los estibadores hace meses y los recuperaron al final del conflicto, aunque según la patronal en su día, se estaban obteniendo firmas mediante "presiones".
¿Qué repercusión tiene para la economía el trabajo del estibador?
Para medir la importancia del conflicto, el valor de la mercancía que se mueve por los puertos en exportaciones e importaciones alcanza los 200.000 millones de euros al año (20% del PIB).
El Gobierno, según la memoria económica del decreto, cuantifica el impacto positivo de la liberalización en en 2.000 millones de euros, con una reducción de los costes portuarios del 30%. Las cifras coinciden con los datos de la patronal.
Aproximadamente, la estiba acapara el 51% de los costes de manipulación de mercancía en un puerto, según un estudio de la consultora PwC para la patronal, citado por medios como 'El Confidencial', que sitúa el salario medio anual en 68.000 euros.
Los estibadores defienden la dificultad de establecer un cálculo y que nunca saben lo que cobrabarán a final de mes puesto que su salario se compone en el 80% de la carga de trabajo, de lo que produzcan a diario. Si el puerto no es atractivo o competitivo repercute por tanto en su salario.
Según la patronal, la liberalización del sector permitiría la contratación de 18.000 trabajadores, lo que supondría triplicar las plantillas actuales.
El Ministerio de Fomento ha cuantificado en 150 millones de euros las consecuencias de las tres semanas de paros, aunque teme especialmente por el desvío permanente de tráfico tras las jornadas de huelga.
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