El consejero delegado de Abengoa dice que la situación era de "absoluta normalidad"

• Sánchez Ortega cobró 4,5 millones y se fue siete meses antes del preconcurso
• Niega que la compañía sevillana tuviera un problema de deuda oculto

El consejero delegado de Abengoa, Manuel Sánchez Ortega (segundo por la derecha).

El ex consejero delegado de Abengoa Manuel Sánchez Ortega ha asegurado en la Audiencia Nacional que la compañía se encontraba "en absoluta normalidad" tras su cese, y ha defendido que el contrato por el que recibió una indemnización de 4,5 millones no incluía "ni una sola cláusula" a su favor.

Ante la sección cuarta de la sala de lo Penal que juzga a la antigua cúpula de Abengoa por un delito de administración desleal, Sánchez Ortega ha destacado que a tenor de los datos "revisados y auditados", la compañía "tenía respaldo financiero, de los mercados y la confianza de sus clientes" cuando comunicó su renuncia voluntaria, el 20 de abril de 2015, la cual ha atribuido a cuestiones personales.

Ha descartado así que su marcha se debiera a la situación de Abengoa, que siete meses más tarde solicitó el preconcurso de acreedores, y ha negado que la empresa sevillana tuviera el problema de deuda oculto del que alertó la agencia de calificación Fitch a través de una nota que provocó una caída cercana al 40% de su valor en bolsa a finales de 2014.

Al respecto, ha reconocido que este hecho "hizo un daño tremendo" a la compañía, cuya cotización "vuelve a subir" en marzo de 2015, y ha reiterado que no presagió deterioro alguno, por lo que no vendió las acciones y bonos de la compañía por valor de 6,5 millones de euros en su haber.

Nuevo contrato

Sobre el nuevo contrato de alta dirección suscrito en febrero de 2015, Sánchez Ortega, para quien la Fiscalía pide cuatro años y tres meses de cárcel, ha explicado que se firmó como una exigencia legal tras la reforma de la ley de Sociedades de Capital y que si bien mantuvo "el mismo sueldo", introdujo "cláusulas que parecían de sentido común". Entre éstas, ha señalado la contraprestación por no competencia en el sector durante dos años, origen de la indemnización, cláusula a la que ha calificado de "costumbre" no escrita hasta la fecha.

Asegura que nunca cobró los 3,3 millones de retribución variable asignados por el Consejo, y a preguntas del fiscal José Perals, ha relatado que tras su cese firmó un nuevo contrato con la compañía como asesor del consejero delegado entrante. Un cargo "normal" en el ámbito empresarial y "sin responsabilidad ejecutiva ni posibilidad de toma de decisiones" que ocupó durante un mes.

Según el escrito del fiscal, tanto Sánchez Ortega como el expresidente Felipe Benjumea -para el que pide cinco años de cárcel- se favorecieron de sendas indemnizaciones millonarias de 4,5 y 11,4 millones de euros, respectivamente, a sabiendas de que la compañía "ya atravesaba una grave crisis".

Irregularidades en las que habrían participado tres de los integrantes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones que autorizó los pagos: su presidenta, Mercedes Gracia, y dos de sus consejeros, Alicia Velarde y Antonio Fornieles, que se enfrentan a entre tres y cuatro años y medio de cárcel.

La presidenta del tribunal Ángela Murillo ha suspendido la sesión hasta el martes, jornada en la que Sánchez Ortega continuará respondiendo al resto de acusaciones y a las defensas.