El primer contacto entre Trabajo y agentes sociales apunta a pequeños cambios en la reforma laboral

• La titular de Trabajo plantea un nuevo Estatuto a partir del año 2020
• Los sindicatos insisten en derogar la reforma laboral y la de las pensiones

El Gobierno ve viable un pacto social para llevar a cabo una reforma laboral

Doce días después de llegar a La Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este miércoles la primera reunión de diálogo social con los líderes de patronal y sindicatos. En el encuentro ha participado también la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, quien ha señalado que ve posible lograr un acuerdo social y político que modifique puntos esenciales del estatuto de los trabajadores, pese a que es consciente "del lugar que ocupa" el Gobierno por la "aritmética parlamentaria".

La ministra de Trabajo ha explicado que la reunión con los interlocutores sociales en La Moncloa ha sido "muy fructífera" y que percibe voluntad de avanzar en la negociación con ambos colectivos.

Valerio ha coincidido con los sindicatos en la necesidad de reestablecer la primacía de los convenios sectoriales sobre los de empresa, la ultractividad y en la lucha contra la temporalidad. También en dotar de más medios a la Inspección de Trabajo, mejorar la prevención de riesgos laborales e intentar cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres.

La titular de Trabajo ha incidido en que en la negociación de un nuevo marco laboral adaptado a la realidad actual para evitar la discriminación de las mujeres y el acoso en los centros de trabajo, además de escuchar a los interlocutores sociales, participará la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo.

Sobre la tarifa plana a los autónomos y la reducción de cuotas en algunos contratos, que suponen merma de los ingresos de la Tesorería de la Seguridad Social, plantea que el Estado haga una transferencia para compensar la pérdida de recaudación pero también apuesta por estudiar en profundidad si esas medidas "son útiles y eficaces".

Discrepancias sobre la reforma laboral

A la salida de la reunión con el presidente del Gobierno, el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, se ha referido a la reforma laboral. Apunta que no se trata tanto de derogarla como de "mejorar ciertos aspectos". Desde CC.OO. , Unai Sordo habla de "derogar la reforma por elevación", es decir no volver a la situación de 2009, y apostar por "un modelo de relaciones laborales más moderno y democrático".

El líder de UGT, Pepe Álvarez, ha instado al Gobierno a derogar la reforma de las pensiones de 2013 que incluye el factor de sostenibilidad y recuperar la revalorización automática con el IPC. Apunta que la Seguridad Social tiene un problema de ingresos, para resolverlo aboga por eliminar las bonificaciones a la contratación y pide el "destopaje de las cotizaciones máximas".

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha recordado que el año pasado los agentes sociales también estaban muy cerca del acuerdo salarial y al final no fue posible lograrlo, aunque antes de la reunión, se ha mostrado optimista en RNE sobre el acuerdo salarial y ha advertido al Ejecutivo de que las modificaciones en la reforma laboral "no pueden hacerse de un plumazo".

Las mañanas de RNE - Juan Rosell (CEOE): "La legislación laboral no se puede cambiar de un plumazo" - Escuchar ahora

Patronal y sindicatos podrían cerrar un preacuerdo en materia salarial para los próximos tres años, tras acercar posturas con una subida en torno al 2% más un 1% adicional.  Los agentes sociales han planteado al Gobierno, además, un salario mínimo de 1.000 euros por convenio y una cláusula de garantía.

El Gobierno estudia incrementar los ingresos del sistema vía Presupuestos Generales del Estado (PGE), con el impuesto a las entidades financieras, con la tasa google o incluso "con imposición general", ha dicho.

Valerio ha añadido también que las reducciones de cuotas y las tarifas planas suponen una merma de los ingresos de la tesorería de la Seguridad Social, por lo que el Gobierno está estudiando llevar a cabo transferencias del Estado al sistema de pensiones para compensar esa pérdida de recaudación.

El preacuerdo, que posiblemente no se conozca hasta finales de esta semana, deberá ser sometido a los órganos de gobierno de los interlocutores sociales para ser rubricado definitivamente.