Obligada a parar la flota pesquera ante la falta de acuerdo con Marruecos

• Rabat y Bruselas callan sobre el avance de las discusiones, que empezaron el pasado mes de abril
• Un futuro acuerdo requiere un proceso de ratificación que podría durar entre seis y doce meses

La 'levantá' de atún rojo en la almadraba de la localidad gaditana de Barbate

El protocolo de pesca firmado entre Marruecos y la Unión Europea en 2014 caduca este sábado y obliga a la flota europea, especialmente la española, a un paro temporal a la espera de los resultados de las negociaciones que están en curso para firmar un nuevo pacto.

Los negociadores oficiales marroquíes y europeos guardan silencio sobre el proceso de discusiones, que se viene celebrando desde el pasado abril a caballo entre Rabat y Bruselas.

Consultadas por Efe, fuentes cercanas a las negociaciones se limitaron a decir que las discusiones se desarrollan actualmente en Bruselas y que se retomarán la semana próxima en la capital europea, y añadieron que las partes "están optimistas".

Un optimismo que no comparte el sector pesquero europeo, y sobre todo el español, obligado a amarrar de forma provisional sus barcos, mientras duren las negociaciones.

En declaraciones a Efe el presidente de la patronal pesquera europea (Europêche) y secretario general de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), Javier Garat, explicó que la paralización de la flota europea podría prolongarse, porque pese al cierre de un futuro acuerdo, se requiere un proceso de ratificación que podría durar entre seis y doce meses.

Ayudas para los afectados

Garat instó a que se aceleren gestiones para que los barcos afectados reciban ayudas del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (FEMP).

El presidente de Europêche añadió que habrá barcos de la flota andaluza que tras la expiración del convenio faenarán en el Golfo de Cádiz; al mismo tiempo deploró que la decisión del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) del pasado mes de febrero "haya retrasado los pasos para cerrar un nuevo acuerdo".

El TJUE estableció que las aguas del Sáhara Occidental no eran de soberanía marroquí, lo que obligó a que las actuales discusiones se centrasen en el aspecto político para encontrar una fórmula aceptable, puesto que Rabat rechaza cualquier pacto que no incluya las aguas saharauis.

"Sigo siendo optimista, las cosas van rápido pero no nos queda más remedio que tener paciencia y confiar en la buena voluntad de las partes en las negociaciones", apuntó Garat.

Según cifras de la Confederación Española de Pesca, el sector pesquero español ha hecho uso de 49 licencias (35 barcos andaluces, 10 canarios y 4 gallegos) en 2018, lo que dio empleo a 534 tripulantes, 107 de los cuales son marroquíes.

Impacto negativo sobre la flota andaluza

El investigador y experto marroquí en cuestiones de la pesca, Mohamed Naji, dijo a Efe que el fin del acuerdo pesquero tendrá impacto negativo sobre la flota andaluza, mientras no supone pérdidas significantes para los tripulantes marroquíes.

No es la primera vez que se produzca esta paralización, ya que entre 2012 y 2014 los barcos europeos no volvieron al caladero marroquí después de que cesara el anterior acuerdo en diciembre de 2011.

Aquel acuerdo expiró en febrero de 2011 pero los barcos comunitarios siguieron faenando en Marruecos con la convicción de que se prorrogara un siguiente pacto.

Pero esto no ocurrió porque el Parlamento Europeo rechazó aquel acuerdo en diciembre de 2011, lo cual generó el enfado de las autoridades marroquíes que pidieron entonces a las flotas europeas salir de sus aguas.

Por otra parte, varios observadores destacaron el papel del acuerdo pesquero en favorecer la convivencia entre los pescadores marroquíes y españoles.

De hecho, cuando entró en vigor el actual convenio en septiembre de 2014 se produjeron incidentes entre los pescadores españoles y marroquíes, estos últimos que se acostumbraron en tres años a no compartir aguas con sus colegas europeos.

El actual acuerdo que expira este sábado permitía el acceso a un máximo de 126 buques de la UE a la zona de pesca de Marruecos en el Atlántico para capturar especies pelágicas y demersales, a cambio de una contrapartida financiera por parte de la UE de 30 millones de euros anuales y 10 millones aportada por los armadores.