Jueces y fiscales, llamados a una nueva huelga general con la independencia judicial en el punto de mira

• Las siete asociaciones de jueces y fiscales convocan un segundo paro tras el celebrado en mayo
• Cargan contra los acuerdos para renovar el CGPJ y alertan de que la "crisis de imagen" no tiene precedentes

Imagen del pasado 22 de mayo en los tribunales de Ciudad Real con motivo de la primera huelga de jueces y fiscales

Hace justo una semana, los españoles se desayunaron con la noticia de que el PSOE y el PP habían pactado que el conservador Manuel Marchena sería el presidente de un Consejo General del Poder Judicial de mayoría progresista, a pesar de que esta decisión corresponde, según la Constitución, a los propios vocales. Apenas unos días antes del reparto, el "desconcierto" de la opinión pública con la justicia se producía cuando el propio Tribunal Supremo se corrigió a sí mismo y decidió que fuera el cliente el que pagara el impuesto de las hipotecas.

Con este telón de fondo, jueces y fiscales están llamados este lunes 19 de noviembre a la huelga por las siete asociaciones profesionales que les representan, conscientes de que están ante una "crisis de imagen de la Justicia sin precedentes". Es el segundo paro general que protagonizan después de la huelga del pasado 22 de mayo para exigir la mejora de sus condiciones laborales y del propio funcionamiento de la Justicia, incluida la necesaria despolitización.

Desde que convocaron este segundo paro el pasado 5 de noviembre, el Ministerio de Justicia se ha reunido en tres ocasiones con ellos para negociar e intentar que no hubiera huelga, pero el Gobierno no lo ha conseguido. Seis de las siete asociaciones -todas menos la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecía la ministra Dolores Delgado- explicaron tras el último encuentro que seguían adelante porque no les habían ofrecido "nada en concreto".

La UPF, por su parte, argumentó en un comunicado en solitario que también mantenía la huelga "como un medio de lograr que los partidos políticos acaben con la situación actual" de la justicia, pero resaltó que habían "conseguido más en cuatro meses que en los siete años anteriores con el Gobierno del Partido Popular".

Crítica a la politización de la justicia

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales lamentan que parezca que los partidos -estén en el Gobierno o la oposición- solo alcanzan acuerdos "pacíficos y sólidos en lo que a control del Poder Judicial se refiere".

Sin embargo, aseguran, no hay ni "dinero" ni "interés" para que recuperar el nivel salarial previo a la crisis, crear órganos judiciales, modernizar y dotar de medios materiales suficientes o para incrementar la autonomía del Ministerio Fiscal.

Jueces y fiscales hablan de una "situación crítica" de la justicia, a la que califican de "anticuada, obsoleta, insuficiente y lenta", todo ello en un "ambiente de desafección de la carrera judicial con sus representantes". Los convocantes afirman que "España se merece una Justicia del siglo XXI, fuerte, con medios y con una renovada imagen de independencia".

La justicia como problema para los españoles

La desafección llegó a su máximo exponente hace unos meses. El pasado mes de mayo la preocupación de los españoles por la justicia marcó récord histórico tras la sentencia de la 'Manada', que condenó por abusos sexuales y no por agresión sexual a los cinco hombres acusados de violar a una joven en los sanfermines de 2016. El 6,8% incluyó la justicia como uno de los tres principales problemas que tenía el país. La cifra ha ido bajando, pero aún se mantiene en el 2,6%, según el barómetro de octubre.

Las negociaciones en estos días para la renovación del CGPJ no ayudan a mejorar la imagen de la justicia. Las propias asociaciones expresaron su malestar por el acuerdo entre Gobierno y PP para el nombramiento de los vocales con el nombre cerrado del presidente.

Tampoco han contribuido los cambios de criterio sobre quién debía pagar el impuesto de las hipotecas. El actual presidente del Supremo y el CGPJ, Carlos Lesmes, llegó a pedir perdón por la "mala gestión" que se había hecho de esta crisis, pero negaba presiones de los bancos.

La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura calificaba de "lamentable" la gestión realizada y entendía el "desconcierto", pero negaba "con la mayor nitidez" que hubiera presiones y cargaba contra quienes se sumaban a promover el "desprestigio de la justicia española" desde la posición "fácil".

Varapalos a la justicia española desde Europa

A la sensación de custionamiento del sistema judicial contribuyen los recientes varapalos que han llegado desde Europa. El mismo lunes que el Supremo unificó el criterio sobre el impuesto de las hipotecas, llegó un nuevo varapalo a la justicia española desde Europa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España por no garantizar un juicio justo a Arnaldo Otegi, que fue condenado a diez años de cárcel y diez de inhabilitación por intentar reconstruir Batasuna, aunque luego la pena de prisión fue reducida a seis años y medio por el Supremo.

Estrasburgo considera que el "recelo" de Otegi y del resto de demandantes pudo estar "objetivamente justificado" porque en un procedimiento anterior por enaltecimiento de ETA el Supremo sí mandó repetir el juicio porque la jueza de la Audiencia Ángela Murillo expresó un "prejuicio acerca de su culpabilidad". Sin embargo, en el caso de Batasuna no se aceptó su recusación.

El mismo TEDH el pasado mes de marzo también condenó a España por imponer una pena de cárcel por quemar una fotografía de los reyes en 2007.

Desde Europa también han llegado reveses en los últimos meses para el juez que instruía el procès. La justicia belga rechazó extraditar a los tres exconsellers que permanecen en Bruselas por un "defecto de forma" el pasado mes de mayo, mientras que la alemana descartó la entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont por rebelión el pasado verano. Estas decisiones han servicio a los partidos independentistas catalanes para hablar de "abusos" judiciales en España.