¿Vía portuguesa o catalana? Así se aplican las soluciones que los socios de Gobierno plantean para la nueva ley de vivienda

• El programa de incentivos fiscales ha sumado en Portugal sólo 240 inmuebles
• En Cataluña han bajado los precios, pero no está claro que sea por efecto de la ley de control de precios

24 horas - Alquileres: ¿control de precios o beneficios fiscales a quienes los bajen?

Ya es abril. A estas alturas, si los planes del Gobierno hubieran salido, probablemente estas líneas estarían recogiendo la marcha del debate parlamentario de una nueva ley de vivienda. Pero la cuestión lleva retraso. Después de más de una decena de reuniones entre socios de la coalición, sigue sin haber acuerdo. La parte socialista se decanta por incentivos fiscales que reduzcan el pago del IRPF a quienes rebajen los alquileres de inmuebles en zonas tensionadas. En Unidas Podemos prefieren la fórmula de limitar los precios, también en los barrios donde las rentas son más elevadas.

Ninguna opción es nueva. De un lado, en Portugal, se aplican incentivos fiscales en la declaración de la renta desde 2019. Por otro, en Cataluña, está en vigor desde septiembre una ley que limita los precios.

El escaso atractivo del programa de incentivos fiscales en Portugal

Le ley establece seis escalas con diferentes topes para poder ser beneficiario del programa. Los precios máximos pueden ir desde 200 euros correspondientes a un estudio en las zonas más baratas hasta los 1.700 por una vivienda de 5 habitaciones en Lisboa. En general, las rentas deben ser un 20% inferiores a los precios de mercado. Sólo así, los propietarios podrán librarse de pagar el impuesto de la renta correspondiente a los ingresos derivados de los alquileres.

El Programa de Renta Accesible (PAA) también incluye condiciones para los inquilinos: si vive sólo, su renta bruta anual no deberá superar los 35.000 euros para acceder a una vivienda del programa; una pareja no deberá cobrar más de 45.000 euros y se podrá añadir 5.000 euros por hijo.

Sin embargo, el número de casas y pisos adheridos al PAA ha sido muy escaso: durante el primer año de vigencia sólo se han firmado 242 contratos de alquiler, de ahí que tanto operadores del sector como activistas coincidan en reconocer que la medida ha fracasado.

“Creo que la culpa no es del mensajero, que haya dado la información, sino que los propietarios están pensando en que todo va a continuar igual después de la pandemia, que la pandemia tendrá una solución rápida”, dice a RNE Luis Lima, presidente de la Asociación de Profesionales y Empresas de Mediación Inmobiliaria de Portugal (APEMIP).

Desde la asociación en defensa de la vivienda asequible Habita!, su presidenta, Rita Silva, también piensa que el programa no es atractivo para los propietarios. “Muchos grandes propietarios tienen otras formas de huir de los impuestos”, dice. Desde la perspectiva de los inquilinos piensa que estos “no ven en la rebaja del 20% precios que se acomoden a los rendimientos del trabajo en Portugal”.

Cataluña. Precios limitados

La ley catalana, en vigor desde septiembre, no permite subir el alquiler en contratos nuevos por encima del límite establecido más que un 5% y sólo si se cumplen al menos tres de los requisitos de una lista: que la vivienda esté climatizada, que tenga jardín o piscina, ascensor, aparcamiento, o que esté amueblada, entre otros. Estos límites operan en 60 zonas del territorio catalán en las que los precios son más elevados, la mayoría se sitúan en núcleos de grandes ciudades.

Si el arrendador no cumple con los límites, puede recibir una multa que va de 3.000 a 90.000 euros, además de tener la obligación de devolver el exceso cobrado con intereses.

Tras su puesta en marcha, el número de contratos de arrendamiento ha aumentado un 0,5% entre el tercer y cuarto trimestre de 2020 en toda la comunidad autónoma. En la provincia de Barcelona se nota más el efecto con una subida del 2,5% en el mismo periodo. Además, los alquileres han bajado. En la provincia de Barcelona un 3,4% y, en suma, en Cataluña un 2,7%, según los datos del departamento de Vivienda de la Generalitat.

Sin embargo, no todos piensan que estos datos sean resultado del efecto de la ley. “Parece que, si hay una bajada de precios, es en la misma línea que ya estaba sucediendo sin la ley”, dice el profesor de Economía de la Universitat Pompeu Fabra, José María Raya. Además, cree que ha habido reducción de oferta si se compara con Madrid, ciudad que considera “hermana gemela” de Barcelona por tener características similares en el mercado inmobiliario, salvo el control de precios.

Jaime Palomera antropólogo social especializado en economía política y portavoz del Sindicato de Inquilinos de Cataluña sí atribuye las cifras a los efectos de la ley. Cree además que se verán con el tiempo otros beneficios, “no únicamente en el impacto en los precios, hay que ver el impacto que puede tener en los desahucios, en la sostenibilidad del tejido social de los barrios y la cohesión urbana”.

La negociación continuará después de Semana Santa. Los interlocutores no cambian, de un lado el secretario general de Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, David Lucas; y por otro Ione Belarra, quien venía negociando por Unidas Podemos y lo seguirá haciendo a pesar de haber ascendido a ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Fuentes socialistas dicen a RNE que, si no hubiera acuerdo, no descartan que la legislatura termine sin aprobar la ley.