Los envenenadores: empresarios y funcionarios que "nunca han pedido perdón" y 200.000 litros de aceite destruidos en pandemia

• Repasamos lo ocurrido con los 13 industriales que intoxicaron a 25.000 personas
• Cuatro décadas con "centenares de garrafas tiradas en el suelo y silos de aceite" en una nave en Alcorcón (Madrid)
• Los últimos 200.000 litros de aceite tóxico han sido destruidos en plena pandemia

Macrojuicio por el aceite de colza adulterado

"Yo veía la televisión y estaba preocupado como toda la ciudadanía, pero recuerdo que, cuando vino la primera familia de Vallecas a visitarme, me impactó muchísimo", explica Carlos Vila, el abogado que, junto a Francisca Sauquillo o Antonio García de Pablos, representó a la mayoría de las víctimas. "Parecía que habían salido de un campo de concentración: con la cara delgadísima, casi en los huesos y las manos dobladas", asegura. El proceso judicial no solo fue para Vila un tema profesional muy importante, fue tildado como el juicio del siglo pasado en España: "Recuerdo que mi compañero Fernando Salas y yo tuvimos hasta que alquilar una habitación solo para almacenar los 100.000 folios del caso".

El aceite fue distribuido en mercadillos y puestos ambulantes. "Eran personas humildes, analfabetas, gente que compraba en mercadillo", asegura el abogado que añade que solo había una familia de Pozuelo que tenía más dinero: "Me acuerdo que la persona que tenían trabajando en casa fue la que compró y así es como entró allí, pero el 97% de los afectados eran pobres, pobres", reitera.

“Parecía que habían salido de un campo de concentración: con la cara delgadísima, casi en los huesos y las manos dobladas“

La lectura de la sentencia, el día 20 de mayo de 1989, indignó a los afectados presentes en una sala que se tuvo que habilitar en la Casa de Campo de Madrid. De la cuarentena de procesados, 13 fueron condenados por delito contra la salud pública y solo dos tuvieron penas más largas en prisión: Juan Miguel Bengoechea Calvo, gerente de RAPSA y considerado responsable de la importación del aceite para su desvío al consumo humano, y Ramón Ferrero López, de RAELCA, empresa radicada en Alcorcón que distribuyó la mayor parte del aceite envenenado, fueron los que sustentaron las penas más altas. "Al salir la sentencia hubo desmayos y una lluvia de piedras e insultos al autobús donde iban los condenados", recuerda Vila.

“Hace poco como mi madre, de 84 años, me pedía perdón por haberme envenenado. Vive con la culpa de haber comprado ese aceite“

En opinión de las víctimas, las penas no hicieron justicia ya que "Ferrero y Bengoechea estuvieron unos años en la cárcel y luego salieron". En cambio, Mercedes García, presidenta de la asociación de afectados "Yo he tenido que escuchar hace poco como mi madre, de 84 años, me pedía perdón por haberme envenenado. Vive con la culpa de haber comprado aquel aceite y eso sí que es una condena".

Tras la sentencia, el abogado relata lo que vino después: "Un año después llevamos la causa al Tribunal Supremo y, el 23 de abril del 1992, conseguimos que se cuadriplicaran las condenas y los años de cárcel y todo fue por la lucha de los afectados". A diferencia de la Audiencia, el Alto Tribunal sí entendió que sabían que la anilina utilizada era venenosa y que conocían la posibilidad de que el aceite fuera introducido en el mercado de consumo. "No es posible negar, al menos, su dolo eventual respecto de los resultados de muerte y lesiones", concluía la sentencia. Entre los culpables también, Enrique Salomó Caparo, Ramón Alabart Peamón, Elías Ferrero López, Cándido Hernández Galán o Jorge Pich Garriga.

“Todo lo conseguido fue por la lucha de los afectados“

Hubo que esperar tres años más para que en el denominado juicio de los altos cargos se condenara a dos funcionarios. "Que el Estado fuera responsable civil subsidiario significó que los afectados pudieran cobrar ya que los condenados se declararon insolventes y, aunque no lo fueran, nadie podía haber hecho frente a esa cantidad millonaria que se han terminado de pagar hace bien poco”, cuenta Vila. Y, en seguida, especifica: "Como el fiscal no acusó al Estado... sin acusaciones particulares no se habría cobrado nada".

Fue en febrero de 1999 cuando la Audiencia Nacional comenzó con el pago, que según la sentencia del Supremo oscilaban entre los 90.151 euros para los herederos de los fallecidos y los 300.000 para quienes sufrían incapacidades graves. El dinero llegó con truco, explican desde la coordinadora de asociaciones, a la inflación hubo que sumarle que "a las víctimas les obligaron a pagar las lápidas de sus muertos o la leche en polvo que se les dio a los niños".

¿Qué fue de los envenenadores?

“Este aceite huele a muerto, pero tiene buen sabor“

En esos 100.000 folios, los más voluminosos de la historia judicial española, empezaron a escribirse nombres. Entre ellos, los de los aceiteros que en una reunión en Zaragoza decidieron desviar aceite desnaturalizado destinado al uso industrial, al consumo humano. Lo hicieron a través de una trama de importación, refinación y distribución fraudulenta. Bengoechea había importado 600.000 kilos de aceite de este aceite desde Francia y sobre Ferrero siempre pesará la frase: "Este aceite huele a muerto, pero tiene buen sabor".

Nada se sabe ahora de su vida ni aunque se busque. Solo queda el recuerdo de Vila y García sobre un par de llamadas inconclusas que recibieron hace años. "Nunca más se han puesto en contacto con nosotros. Nunca han pedido perdón", exclama dolida la presidenta de la asociación, Mercdes García.

“El aceite era uno de los elementos de corrupción doméstica más asiduos y se pasaron“

Sin embargo, el periodista Mariano Sánchez Soler tuvo la oportunidad de entrevistar a alguno de los responsables en prisión para la revista Tiempo e Interviú: "Enrique Salomó me pareció una persona fría. Un tipo de esos que dices…quita, quita. Él tenía teatro de compungido, pero era claro que había una simulación". Y añade: "Mi impresión fue que eran empresarios cutres, sin escrúpulos, que sabían manejar los permisos de exportación. Hay que tener en cuenta que el aceite era uno de los elementos de corrupción doméstica más asiduos y se pasaron, no creo que pensaran que iba a pasar lo que pasó", confiesa.

“El aceite, uno de los productos de corrupción doméstica más asiduos“

En una época donde no se quería eclipsar al aceite de oliva, uno de los grandes valores de España, cobra especial importancia el testimonio de otro de los industriales huidos a México recabado por el diario El País en abril del 1987. "A mediados de la década de 1970, y a raíz de las restricciones impuestas por el Gobierno para la soja, me llené de deudas. El Gobierno se dedicaba únicamente a proteger a los olivareros, pero toleraba que nos dedicásemos al contrabando del aceite de semillas para que se pudiera producir aceite de bajo costo y el precio del aceite no se disparara. Hacíamos de reguladores del mercado", señalaba Francisco Tárrega al enviado especial Ferrán Sales. Este extremo, el de la asiduidad en los fraudes con el aceite, lo reconocía el propio Ministro de Comercio, Juan Antonio García Díez, en julio de 1981 en el siguiente audio.

200.000 litros de aceite de colza tóxico, destruidos en plena pandemia

Cinco empresas se dedicaban en España en los años 80 a la importación del aceite de colza desnaturalizado para usos industriales. Los desnaturalizantes son sustancias que se añaden, especialmente para hacer a los productos impropios para el consumo humano. Su incorporación era de obligado cumplimiento. No fue suficiente para evitar que los aceiteros quisieran hacer negocio. Pensaron que podrían eliminar esas sustancias a altas temperaturas y desviar el aceite para la alimentación. La práctica totalidad del aceite tóxico procedía de la refinería de RAELCA en Alcorcón (Madrid). Los datos reflejan el negocio que salió peor que mal: en el mes de enero de 1981 se importó más aceite de colza que a lo largo de todo el año 1979.

No ha sido hasta marzo de 2020, en plena pandemia, cuando la Comunidad de Madrid, atendiendo a las órdenes de la Audiencia Nacional, ha procedido a destruir los últimos 200.000 litros que se guardaban, desde los años 80, en una nave de la misma localidad. Así lo atestiguan las asociaciones de afectados que aseguran que esta operación, aunque estaba planeada desde 2017, no se ha llevado a cabo hasta 2020 coincidiendo con una petición de documentación por su parte: "Ahora la nave está totalmente restaurada y nos preguntamos qué ha pasado, cómo se ha hecho y por qué ahora".

“En la nave ha habido durante cuarenta años centenares de garrafas tiradas en el suelo y unos silos muy grandes de aceite“

Lejos de tener las respuestas, los representantes del Ayuntamiento de Alcorcón añaden más incógnitas a lo sucedido. Atiende a este medio el concejal de Sostenibilidad, movilidad y energías renovables, Carlos Carretero: "En febrero de 2020 se produjo la retirada total, o eso creemos porque no nos dejaron entrar y nadie nos informó a pesar de que pusimos todos los recursos que nos solicitó la Comunidad de Madrid. También hemos pedido verbalmente que se evalúe si ese terreno está contaminado para introducirlo en el registro de suelos potencialmente contaminados, pero tampoco nos han contestado", afirma.

Carretero explica que durante años "los propietarios de las naves colindantes se han puesto en contacto con todos los diferentes equipos de gobierno municipal porque observaban malos olores" y acaba confensando que, durante 40 años, en la nave ha habido "centenares de garrafas tiradas en el suelo y unos silos muy grandes de aceite".

España, uno de los grandes exportadores actuales de aceite de colza

El aceite de colza nunca fue el problema. La zona en la que vive Abel Fernández, afectado por el SAT, es la zona donde más se cultiva esta planta de flor amarilla en España. Según datos de la cosecha 2020, el 39% de la superficie sembrada en nuestro país se encuentra en esta región. "Durante años este cultivo desapareció del entorno ya que estaba muy mal visto", recuerda Fernández. Ahora, son muchos los que se afanan por limpiar el nombre de este cereal del que se extrae un derivado, el aceite de cánula, un "aceite vegetal como otro cualquiera", según la opinión de Enrique Martínez Force, director del Instituto de la Grasa del CSIC.

“El aceite de colza es un aceite como otro cualquiera“

No solo es que este cultivo sea rentable ya que vale el doble de lo que vale la cebada, sino que realiza una mejora en el suelo para la próxima plantación. No para de crecer su extensión. Según datos del ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hay 72.000 hectáreas sembradas con esta semilla de oleaginosa, 3.000 hectáreas más que en la campaña de 2020. En cuanto a las exportaciones, en las últimas dos décadas las ventas de aceites de colza, nabo o mostaza se han elevado dos veces y media, solo desde 2019 a 2020 el aumento fue del 33%. Portugal, Francia e Israel están entre nuestros tres primeros compradores, según el recuento de la Secretaría de Estado de Comercio con datos de aduanas facilitados a RTVE.es.

Europa es el primer consumidor y productor mundial de colza, casi duplicando la producción de girasol. A diferencia de Alemania, donde este aceite tiene el 40% de cuota de mercado dentro de los aceites de mesa, o en Francia o Reino Unido donde su consumo es habitual, en las cocinas españolas sigue siendo un tabú. Hasta tal punto que los productores se afanan por esconder la palabra en sus artículos y etiquetas. Pero decir que no queremos consumirlo, no es lo mismo que no hacerlo. Productos de bollería industrial, margarinas, salsas y mayonesas veganas lo tienen incluido entre sus ingredientes.

Martínez certifica que "gran parte de la crisis del síndrome de la colza vino de la mano de industriales que intentaban un fraude económico que se convirtió en un fraude a la salud", pero también hubo fraude en el consumo pues se compró aceite sin los registros sanitarios adecuados en una venta ambulante. Algo, añade, a lo que nos seguimos exponiendo hoy en día cuando compramos "en mitad de la carretera o en puestos de mercadillos que no siguen los canales adecuados". "En ese momento había muy poca información y, aunque hay una cierta responsabilidad y el consumidor debe tener sus filtros, también tiene que tener el dinero para hacer el gasto", afirma. Una reflexión que enlaza con lo que comenta Mercedes García sobre el sentimiento de culpa de su madre: "Nunca se me olvidará una reunión con el Gobierno a la que fueron algunas de ellas y salieron destrozadas: un Secretario de Estado les dijo que la responsabilidad de lo ocurrido la tenían ellas por comprar barato".

“El consumidor tiene cierta responsabilidad y debe tener sus filtros, pero también dinero para hacer el gasto“

Las víctimas, conscientes del estigma y lo ocurrido, han querido echar una mano y se han fotografiado desnudos junto a este bonito cultivo. Es parte de un proyecto que no acaba de encontrar financiación, pero que pretende dejar ver las cicatrices que este negro episodio ha marcado en sus cuerpos y sus vidas. Al fin y al cabo, según dicen, ellos y el aceite de colza