El juez rechaza amnistiar a Puigdemont por la supuesta trama rusa del 'procés' y le envía al Supremo

• El juez Aguirre pide al Supremo que investigue a Puigdemont y Mas por traición, malversación y organización criminal
• El auto llega un día después del archivo de la causa por terrorismo al expresidente catalán

El expresidente catalán Carles Puigdemont Josep LAGO / AFP

El juez del caso Volhov, Joaquín Aguirre, ha rechazado amnistiar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a los demás implicados en la supuesta injerencia rusa en el 'procés' y ha pedido al Tribunal Supremo que les investigue por los delitos de traición, malversación y organización criminal.

Pese a que la Audiencia de Barcelona le ordenó cerrar en mayo pasado la causa sobre la supuesta injerencia rusa en el 'procés', porque la había prorrogado sin justificación, Aguirre abrió en junio, con la amnistía ya en vigor, una nueva pieza separada en que apuntó entre otros contra los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, al que acusaba de alta traición, y el diputado de Junts Francesc de Dalmases.

Al ser Puigdemont y Dalmases aforados -ambos son diputados en el Parlament-, el juez, tras rechazar que se les pueda aplicar la amnistía, ha remitido ahora una exposición razonada al Supremo, adelantada por El Periódico y ABC y a la que ha tenido acceso RTVE, en la que pide que asuma la investigación por esta causa, por los delitos de malversación, traición y organización criminal. 

Tras conocer la apertura de la pieza separada, en junio, Puigdemont se querelló contra Aguirre, al que acusaba de prevaricación y malversación.

Un día después del archivo de la causa por terrorismo a Puigdemont

Aguirre ha dictado el auto un día después de que el juez Manuel García Castellón archivara la causa por terrorismo de Tsunami Democràtic al acatar la orden de la Audiencia Nacional que anulaba las últimas prórrogas de la investigación, como sucedió en la pieza del "caso Volhov" sobre las supuestas conexiones en Rusia.

Joaquín Aguirre argumenta que la supuesta trama rusa no entra en la amnistía, porque la ley excluye aquellos actos que supusieran una "amenaza real y efectiva" o un "uso efectivo de la fuerza" contra la integridad territorial de España, lo que a su entender ocurrió con el 'procés'.

Para el magistrado, la ley de amnistía emplea el término amenaza como sinónimo de peligro por una "deficiente técnica legislativa", lo que genera "problemas gravísimos de interpretación sistemática" al analizar ese concepto así, como el de utilización de la fuerza.

De acuerdo con su interpretación, debe entenderse por amenaza la "probabilidad alta" de que la traición se llevara a efecto y, a su juicio, poco antes de la declaración de independencia de octubre de 2017, "la injerencia rusa estuvo a un solo paso de dar sus frutos".

Si no llegó a hacerse efectiva, añade, fue porque "el expresident Puigdemont tuvo pánico, es decir, tuvo un grado muy alto de miedo y temor, por lo que implicaba para Cataluña y él mismo continuar con la DUI y la entrada en la órbita del neoimperialismo ruso de carácter iliberal y antidemocrático, contrario a la democracia liberal de la UE".

Relaciones del entorno de Puigdemont con "las más altas esferas del Kremlin"

Tras la fallida DUI, añade el magistrado, el "peligro real y efectivo" siguió existiendo, dado que desde el entorno de Puigdemont "siguieron profundizándose las relaciones con las más altas esferas del Kremlin" por parte de Josep Lluís Alay, asesor del expresident, y de su abogado Gonzalo Boye. 

Para sustentar su tesis de que la causa no es amnistiable, el juez se remite a una resolución del Parlamento Europeo del pasado mes de febrero que denunciaba la injerencia rusa en procesos democráticos de la UE, lo que a su parecer demuestra que la amenaza del Kremlin "no está centrada exclusivamente en Cataluña, sino que afecta a otros países como son Alemania, Francia, Italia y Letonia".

Como ya hiciera al abrir la pieza separada, Aguirre blande el concepto de "guerra híbrida" -conflicto bélico centrado en la sociedad civil al que cree abría la puerta la injerencia rusa- y concluye que el movimiento Tsunami Democràtic que organizó las protestas contra la sentencia del procés "bien podría calificarse como la sección terrorista de todo el entramado secesionista". 

En sus 82 páginas de exposición razonada, el juez no especifica si eleva al Supremo únicamente a Puigdemont y Dalmases o también a los demás implicados en la causa, si bien subraya que las personas no aforadas "se encuentran inescindiblemente unidas" en una actuación "presuntamente punible".

Justifica la existencia de una "organización criminal"

Para justificar que envíe el caso al Supremo y no al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) -ante el que Puigdemont y Dalmases serían aforados-, Aguirre explica se les imputa la pertenencia a una organización criminal parte de cuyos miembros cometieron hechos punibles en el extranjero.

El juez apunta que la "organización criminal" de la que formarían parte "de una u otra forma" los investigados -delito que introduce por primera vez en la exposición razonada, sin que constara en la pieza separada sobre la injerencia rusa- se inició en 2010, con el nombramiento de Artur Mas como presidente de la Generalitat.

Según su relato, Mas y Puigdemont ejercieron el liderazgo y el control de la trama. Siguiendo una "estructura piramidal", por debajo de ellos se situaban el excargo de CDC Victor Terradellas -las conversaciones grabadas en su móvil fueron claves para abrir el caso-, así como Alay y Boye, que planificaban las acciones para granjearse el reconocimiento de Rusia a una eventual república catalana.

Asegura que Puigdemont contactó con la inteligencia rusa

El juez sostiene que la relación ruso-catalana fue objeto de un "inmerecido descrédito por parte de la izquierda española y los partidos nacionalistas", pese a que insiste en que existen "indicios racionales de criminalidad" que corroboran sus sospechas sobre la injerencia rusa en el 'procés'.

En concreto, detalla que se ha podido acreditar que dirigentes independentistas "del más alto nivel" del gobierno catalán, incluido Puigdemont, mantuvieron contactos con personas cercanas a los servicios de inteligencia rusos y al gobierno de la Federación Rusa, y que han trascendido las "mutuas exigencias" para llegar a un acuerdo común que "que beneficiara a ambas partes".

Según el relato del juez, después de que varios países de la Unión Europea "diesen la espalda" al independentismo se creó un escenario "idóneo" de "mutuos intereses" con la supuesta injerencia rusa.

En este sentido, opina que para la "política rusa" el 'procés' era una "herramienta perfecta" en su lucha contra Occidente: si el independentismo fracasaba -"como ocurrió", resalta-, desestabilizaba a un país miembro de la OTAN y, si hubiese triunfado, Rusia habría contado con una "puerta trasera" para desestabilizar a toda la Unión Europea.

El Gobierno expresa su "máximo respeto" a las decisiones judiciales

Sobre esta decisión se ha pronunciado el Gobierno. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha expresado en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes su "máximo respeto a las decisiones judiciales", en referencia a esta y al archivo del caso 'Tsunami Democràtic'. En este sentido ha considerado que con ellas se ve que "España es un Estado de derecho con un sistema de garantías".

Tras ello, ha defendido que "la ley de amnistía se abre camino con normalidad, que es lo que tenía que pasar".