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La jueza de Catarroja investiga ahora las cámaras de videovigilancia del centro de emergencias de la Generalitat. Ha pedido a la Guardia Civil que informe de cuántas cámaras hay en el recinto en los distintas entradas y a dónde enfocan. El contenido de esas grabaciones puede ser clave para saber a qué hora llegó el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Según su última versión, a las 20:28 horas.

Tras cuatro meses de instrucción, la magistrada Nuria Ruiz ya se dedica exclusivamente al caso de la dana, que investiga las 228 muertes como homicidios imprudentes. La jueza considera que las muertes eran evitables y que la falta de avisos desprotegió a la población. Señala a la Generalitat valenciana porque la ley le otorga el mando único de la emergencia, descartando cualquier responsabilidad penal del Gobierno de España.

Mientras avanza la investigación, siguen compareciendo en el juzgado los familiares de las víctimas mortales. Ya han declarado más de un centenar. En menos de dos semanas empezarán a declarar los únicos imputados por el momento, la exconsellera de Interior Salomé Pradas y su número dos, Emilio Argüeso. Después será el turno, como testigos, de la delegada del Gobierno y del presidente de la Diputación de Valencia.

Mazón es aforado y no se le puede imputar, aunque la jueza le ha ofrecido declarar voluntariamente, algo que él ha rechazado.

Foto: Ana María Coll muestra las fotos de dos de sus familiares a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia (EFE/Miguel Ángel Polo)

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha dicho que no cuestiona al poder judicial, pero ha recordado a las mujeres que su testimonio es creíble y ha lanzado una reflexión a la sociedad. "No se puede estar cuestionando permanentemente la voz de las mujeres", ha dicho Redondo, que ha insistido en que la ley protege y avala lo que las mujeres declaran.

En la misma línea, la Generalitat catalana ha dicho que le preocupa que se dude de la credibilidad de las víctimas y ha pedido analizar por qué ocurre. Para la Asociación de Mujeres Juristas, el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que revoca la sentencia que condenó a Dani Alves a cuatro años y seis meses de cárcel por violación, refleja todos los estereotipos de género que hay que derribar.

Otras asociaciones de jueces han señalado que el fallo del TSJC es garantista con ambas partes. Pero todos coinciden en que esperan que la sentencia no desaliente a las mujeres a denunciar.

Foto: Tomás Alonso/Europa Press

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha absuelto hoy a Dani Alves y revoca, así, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona en la que se le condenaba a cuatro años y seis meses de prisión por un delito de agresión sexual.

Hoy analizamos esta sentencia junto a la magistrada y cofundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España Glòria Poyatos y junto a la fiscal del Tribunal Supremo Rosa Guiralt.

Ruth Ortiz, la madre de los dos niños asesinados por su padre, José Bretón, en Córdoba en 2011, ha denunciado ante la Fiscalía un posible delito de quebrantamiento de condena del reo por los "comentarios" recogidos en los medios de comunicación sobre el libro que recoge su testimonio, El odio, y cuya editorial ha suspendido su distribución sine die.

A raíz de la publicación del libro, Ruth Ortiz se encuentra en tratamiento psicológico y ha vuelto a pedir apoyo a la justicia. Para Ortiz, las entrevistas que han servido como anuncio para el libro han supuesto un mazazo, en especial la entrevista en la que se da voz al asesino de sus hijos.

Dadas las declaraciones y la participación de Bretón en el libro, Ruth Ortiz considera que su exmarido podría estar quebrantando su condena. Para Ortiz, esta forma de comunicación indirecta no tiene otro objetivo que el de seguir maltratándola psicológicamente desde prisión. Por ello, quiere que a la pena de Bretón se sumen hasta cuatro años de prisión si la justicia ve también los delitos de violencia de género y por quebrantamiento de condena.

Asimismo, Ruth Ortiz expresa que "el daño está hecho", aunque le alivia saber que muchas librerías estaban dispuestas a no vender el libro basado en el caso de José Bretón.

Hoy hemos abierto la puerta para entrar en un Juzgado de Violencia de la Mujer, que es la manera específica como se les llama, aunque se conozca como Violencia de Género, gracias a la claridad y la rotundidad con la que la magistrada Miriam Quintero lo ha explicado, nos ha permitido ver lo que hay y que lo puedan ver todos los oyentes, es interesante ver cómo funciona y pensar sobre ello.

Cataluña estrena un plan piloto para redactar sentencias más rápido con ayuda de la inteligencia artificial (IA). Supondría un ahorro de más de 600 horas al año para cada juez. La herramienta ya se ha probado para recursos judiciales. Esta iniciativa plantea debates éticos, sobre las capacidades de la IA y la necesidad de implementar medidas rigurosas de ciberseguridad.

Desde que llegó a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido múltiples demandas en contra de sus nuevos decretos. Trump mantiene un pulso con los jueces y sus constantes desafíos a la justicia podrían iniciar una crisis constitucional en EE.UU.

Una jueza estadounidense ha bloqueado la orden ejecutiva dictada por el presidente de EE.UU. contra las personas transgénero en las fuerzas armadas del país. La demanda había sido presentada por seis miembros en activo y dos personas que querían alistarse, alegando que esa orden violaba sus derechos constitucionales. Otro juez le ha dicho a la Administración Trump que no puede desmantelar la Agencia de Cooperación al Desarrollo. No obstante, hay miles de operaciones canceladas en el extranjero.

Las deportaciones de Trump han evidenciado el mayor choque institucional entre el poder ejecutivo y el poder judicial. El actual presidente del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, James E. Boasberg, ordenó paralizar las deportaciones de 300 venezolanos a El Salvador, pero la Casa Blanca hizo caso omiso del fallo.

En Estados Unidos se preguntan si Donald Trump ha violado deliberadamente la orden de un juez. El presidente de Estados Unidos ha pedido un impeachment contra este magistrado. La situación es tan insólita que hasta el presidente del Tribunal Supremo, el conservador John Roberts, le ha recordado a Trump que si no está de acuerdo con el fallo de juez lo que debería de hacer es apelarlo.