Justicia

• Las denunciantes aseguran que el magnate tenía un poder absoluto sobre el resto
• "Era un monstruo, un depredador sexual sin ningún tipo de brújula moral", añade una de ellas

Cinco mujeres han acusado al multimillonario Mohamed Al Fayed de violación. Las agresiones ocurrieron mientras trabajaban en los grandes almacenes Harrods de Londres, según ha revelado la BBC. Más de veinte exempleadas han testificado que Al Fayed, fallecido el año pasado a los 94 años, las agredió sexualmente, incluyendo violaciones. El documental 'Al-Fayed: Predator at Harrods' (Al-Fayed: depredador en Harrods) de la cadena británica reúne pruebas que indican que, durante el tiempo que Fayed fue propietario, Harrods no solo no intervino, sino que ayudó a encubrir las acusaciones de abuso. 

Jesús Pradales está acusado de matar a su pareja, descuartizarla y ocultar su cadáver. Pero el acusado ha basado buena parte de su defensa en señalar a la víctima. Sostiene que ella le solía maltratar debido al alcoholismo que sufría y que la noche del crimen estaba más violenta de lo habitual. Un patrón que se repite con demasiada frecuencia. En Francia, Giselle Pelicot ha tenido que responder a los ataques de alguno de los abogados de los acusados que han llegado a plantear si la víctima pudo haber consentido.

• El Ministerio Público entiende que participó en "actuaciones oficiales" del CGPJ que "comportan valoración" de la norma
• El TC nombró magistrado a Macías el pasado junio, hasta entonces vocal del Consejo General del Poder Judicial

• El presunto asesino ha asegurado que Juana era el "amor de su vida" y que nunca la agredió
• La Fiscalía y la acusación particular piden 15 años de prisión por homicidio

Este martes es el segundo día del juicio por el crimen de Juana Canal. En esta sesión ha declarado el acusado. Jesús Pradales ha mantenido que la muerte de Juana fue accidental: dice que se golpeó con la mesilla tras un empujón que le dio sin intención de matarla. No llamó a la ambulancia, ha asegurado, porque no tenía móvil. La Fiscalía le reprocha que en su versión inicial la razón era el miedo. Mientras que la acusación particular cree que no descuartizó el cuerpo en el domicilio, como él ha relatado.

• España tendrá que pagar 26.000 euros a la paciente por vulnerar sus derechos a la vida privada y familiar y a la libertad religiosa
• El Tribunal Europeo da la razón a la mujer que había escrito hasta tres documentos expresando su negativa a la transfusión

La Audiencia de Madrid inicia este lunes el juicio contra Jesús Pradales, el presunto asesino de Juana Canal. El crimen se produjo en 2003 y en 2022 el presunto culpable confesó haber descuartizado el cuerpo y enterrado los restos de la víctima en una finca de Ávila. El abogado del acusado defiende que se trata de un homicidio involuntario o imprudente, ya que el Pradales reconoció los hechos, asegurando que él no tenía intención de matarla. En cambio, la acusación particular y la Fiscalía sostienen que fue un homicidio intencionado.

• El pleno en el que se debatirá y votará su elección se celebrará el próximo 25 de septiembre
• El CGPJ destaca su experiencia en Derecho de la UE y su "profundo conocimiento del funcionamiento del alto tribunal"

• Juana Canal desapareció el 23 de febrero de 2003 tras una discusión con su pareja

• El Tribunal considera que, si bien Ángela Dobrowolski trató de asesinar a su exmarido, se arrepintió al llamar a emergencias
• La Sala ha eximido a la acusada de la pena de asesinato y la condena por un delito de lesiones

Tratamos el caso de un abuelo que, por sentencia del tribunal supremo, le corresponde hacerse cargo de la pensión de alimentos de sus nietos, que no paga su yerno, por declararse insolvente.

Y esto nos hace pensar si, no solamente van a considerar los tribunales que han de pagar los abuelos en caso de insolvencia absoluta de sus hijos o yernos, sino también en los casos que, hasta conseguir que paguen pudiera ser adelantado por estos abuelos sin perjuicio.

La Fiscalía de la ciudad italiana de Palermo ha solicitado seis años de cárcel para el vicepresidente del Gobierno de Giorgia Meloni y ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, por haber bloqueado el barco de la ONG española Open Arms con 147 migrantes en agosto de 2019, cuando era ministro del Interior, debido a su política de puertos cerrados.

Foto: Matteo Salvini (Marco Ottico/LaPresse via ZUMA P/DPA)

• El plan excluye a los condenados por delitos violentos, así como los retenidos por actos de terrorismo
• El número de presos en las cárceles inglesas y galesas alcanzó la semana pasada las 88.521 personas, una cifra récord

En Inglaterra y Gales había hasta esta semana 88.500 reclusos, récord de ocupación y riesgo de sobrepoblación en las cárceles, que están al 99% de su capacidad. El Gobierno ha rebajado las condiciones para conceder la libertad a ciertos reclusos con el objetivo de descongestionar las prisiones. Más de 1.700 ya están de vuelta en la calle. Han cumplido el 40% de su condena y no son culpables de terrorismo, delitos violentos o agresiones sexuales.

Foto: Prisioneros liberados de la cárcel HMP Pentonville en Londres (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)

• RTVE accede a las diligencias sobre el presunto caso de contratación ilegal de inmigrantes mexicanos en Malinche
• Los becarios, que ya están de vuelta a México, denunciaron a la Policía por coacciones y falsedad documental

• Los acusados han evitado una codena de cuatro años tras pactar con la Fiscalía una de cinco meses
• El Fiscal Superior convocará la Junta de Fiscales para tomar una decisión sobre el caso

Hace unos días conocimos una decisión judicial: 13 acusados de crear una red de prostitución de menores en Murcia habían llegado a un acuerdo con la Fiscalía para eludir la cárcel. Estos aceptaron condenas de no más de dos años de prisión e indemnizaciones que no llegaban a los 2.000 euros para las víctimas. Ahora, la Fiscalía se plantea pedir que entren en la cárcel.

• También sostiene que "preparó" el crimen con la compra de cuchillos, sierra y bolsas de basura
• Considera que el móvil fueron las amenazas de Arrieta de "revelar" la relación homosexual que mantenían

Diez años después de que la Policía Nacional desarticulara una red que captaba a niñas de 14 a 17 años para que se prostituyeran, los acusados han llegado a un acuerdo con la Fiscalía que los libra de ir a prisión. El tiempo que ha transcurrido ha actuado de atenuante. Además, los hechos juzgados sucedieron cuando no existía todavía la ley que obliga a preconstituir pruebas en el caso de víctimas menores de edad, lo que supone ahora un riesgo de revictimización de estas mujeres. Por todo ello, los 13 acusados, entre "clientes", que han reconocido haber solicitado y pagado por sexo con menores, y proxenetas, acumulan penas tan pequeñas que no tendrán que ir a la cárcel. Una polémica que ha llevado a la Fiscalía de Murcia a plantearse un debate interno para estudiar si puede pedir prisión para las cabecillas de la trama. De todo ello hablamos con Gloria Alarcón, presidenta del Fórum de Política Feminista de Murcia.