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"Un comportamiento indigno". Así ha calificado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega la actitud de los concejales del Ayuntamiento de Mondragón que no apoyaron la moción presentada por PSE y PNV contra la violencia en los ayuntamientos vascos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega ha calificado lo ocurrido en Mondragón como "una situación desagradable" y ha lamentado que el comportamiento de los representantes políticos que no apoyaron la moción "por unas u otras excusas permita que al frente de este ayuntamiento continúen personas que amparan la violencia terrorista".

El Ayuntamiento de Mondragón rechazó el pasado 24 de abril la moción de socialistas y nacionalistas vascos para que los concejales de ANV dimitiesen si no condenaban de manera explícita la violencia etarra. La propuesta no prosperó por la abstención de los concejales de Ezker Batua (IU) y el PP.

Además, en el municipio guipuzcoano de Hernani, la Junta de Portavoces ha rechazado que se debata una moción similar debido a la abstención del representantes de IU.

Posibles acciones contra el convenio entre Madrid y la Iglesia

De la Vega también ha desvelado que el Gobierno ha instado a la Fiscalía General del Estado y a la Agencia de Protección de Datos a que estudien el convenio firmado por la Comunidad de Madrid y el Arzobispado de esta región para que los sacerdotes estén presentes en los comités de ética de los hospitales públicos.

"Los servicios públicos de salud no pueden imponer a los pacientes criterios basados en creencias religiosas", ha subrayado la vicepresidenta.

Además, ha anunciado que si se concluye que se han vulnerado los derechos a la intimidad, la autonomía personal y la libertad religiosa ejercitará las acciones que consideren oportunas "en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos".

No más agua del Ebro

Sobre la polémica de la conexión de agua entre el Ebro y Barcelona, la vicepresidenta ha asegurado que no hay discrepancias entre la Generalitat de  Cataluña y el Gobierno, sino un objetivo compartido de que "a los  barceloneses no les falte agua".

"Tenemos un acuerdo sobre como  hacerlo, sin sacar una gota más del río Ebro", ha insistido.