David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, ha declarado por segunda vez en calidad de investigado en los Juzgados de Badajoz, dentro del marco que estudia su contratación en la Diputación de Badajoz. Asimismo, la jueza ha añadido al caso la adjudicación de un puesto de trabajo para Luis María Carrero, exasesor de Moncloa, en la misma institución, hecho por el que investiga los posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
En una declaración que ha durado algo más de media hora, David Sánchez únicamente ha respondido a las preguntas de su abogada y ha asegurado que no tuvo nada que ver con la contratación de Carrero. Según fuentes presentes, el hermano del presidente ha dicho que los correos electrónicos en los que hablaba de la plaza que terminó ocupando Carrero, y que ahora investiga la jueza, son un "malentendido".
Su abogada le ha preguntado de nuevo por la oficina de artes escénicas, a lo que Sánchez ha respondido que no era un lugar físico y que su puesto en la Diputación oficina “era un paraguas de actividades que intentaba servir de plataforma para poder proyectar recursos locales, de artistas, promover producciones propias”.
También ha declarado este viernes como testigo Cristina de Frutos, una de las diez personas que fueron aspirantes a la plaza que finalmente ocupó David Sánchez, quien ha asegurado que cuando fue a entrevistarse, le dijeron que la plaza ya "estaba dada" al el hermano del presidente. Junto a esto, ha considerado que "no hubo igualdad de oportunidades" en el proceso de selección.
David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, ha llegado este viernes caminando a los Juzgados de Badajoz para declarar por segunda vez en calidad de investigado, en el marco del caso que estudia su contratación en la Diputación de Badajoz.
A diferencia de su primera declaración del pasado 9 de enero, cuando entró a los juzgados por el garaje en el asiento trasero de un coche, en esta ocasión Sánchez ha llegado al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz a pie. Además, lo ha hecho solo, ya que su abogado ha entrado con anterioridad.
Varios periodistas, cámaras y fotógrafos han esperado al hermano del presidente en la puerta de los juzgados para preguntarle por las sensaciones previas, aunque este no ha querido hacer ninguna declaración a su llegada.
Durante la madrugada, varios vecinos de Jarandilla de la Vera, en Cáceres, se han visto sorprendidos por la rotura de una balsa de agua. A las 05.15 horas, la ruptura del charco de la Maricana provocó la entrada de unos 310 metros cúbicos de agua en la localidad, desatando una riada que arrastró vehículos y obligó a cortar la carretera EX-119 en el kilómetro 31. Afortunadamente, la Guardia Civil de Cáceres ha confirmado que no se han registrado víctimas.
La borrasca Laurence está dejando fuertes lluvias y temporales de nieve en varios puntos del país, especialmente en el suroeste. Málaga y Canarias están en aviso naranja por lluvias y fuerte oleaje, mientras que otras cinco comunidades están en aviso amarillo.
La secretaria general del Colegio de Educadores Sociales de Extremadura, Inés Solomando, señala que "el perfil de menores ha cambiado mucho" y cada vez se encuentran con "niños más conflictivos". Tacha de "inconcebible" que solo hubiera una profesional a cargo del grupo de menores cuando se produjo el asesinato a una educadora social en Badajoz.
En Castuera, los vecinos continúan conmocionados por el asesinato de Belén Cortes, una educadora social que se había quejado de la situación que se vivía en el piso donde sucedió la tragedia. El Gobierno extremeño señala que no había denuncias previas, aunque los trabajadores de ese piso de cumplimiento de medidas judiciales sí habían informado de incidencias. Afirman que la vigilancia de la vivienda se ajusta a lo que dicta la ley en régimen abierto.
Los tres menores detenidos han pasado su primera noche en otro centro, pero, esta vez, en régimen cerrado. El miércoles, la Junta se reunirá con el Tribunal Superior y la Fiscalía de Menores para estudiar cambios en la protección de estos trabajadores.
Este lunes, una de las noticias de la jornada ha estado marcada por la detención de tres menores como presuntos responsables de la "muerte violenta" de una educadora en un piso tutelado de cumplimiento de medidas judiciales en Badajoz. Ante la gran consternación generada entre los profesionales y el temor de que casos como este se repitan, en el informativo de '24 Horas de RNE' hablamos con Eva Vargas, secretaria de Organización y Desarrollo Territorial de USO en Extremadura.
"Estamos expuestos a la violencia a diario", reconoce la entrevistada. Vargas destaca que, a diferencia de los Centros de Cumplimiento de Medidas Judiciales, los pisos tutelados "desgraciadamente no cuentan con seguridad". Además, señala que "en los últimos años, el perfil de los menores ha cambiado significativamente y la agresividad es más manifiesta". Posteriormente, Vargas añade: "Cuando hay menos herramientas para afrontar este tipo de situaciones, los menores se desbordan y, al final, es mucho más difícil contenerlos". Por este motivo, desde la organización piden a la Junta de Extremadura que realice "un diagnóstico sobre la situación del personal que trabaja en este tipo de centros, que no están bien, aunque no es algo reciente", agrega Vargas. Por último, considera que, aunque ha habido "buena voluntad, queda mucho por hacer".
Los habitantes de la localidad de Montijo, perteneciente a la provincia de Badajoz, tienen un problema de invasión al que, de momento, no le ven solución. Unas 6.000 palomas, según el último censo, ponen en riesgo la comodidad y salud de los habitantes del pueblo. "Hay una vecina que ha sufrido el piojo de la paloma", señala uno de los habitantes. Piden servicios como permisos específicos para los cazadores, esterilización mediante piensos o el empleo de cetrería. El Ayuntamiento instaló jaulas de captura hace dos meses, sin embargo, esta solución no convence ni al vecindario ni a los ecologistas. Por otro lado, el alcalde defiende la efectividad de las jaulas y pide paciencia: "Hemos tenido buenas noticias en las últimas semanas. Se están llevando alrededor de 50 o 60 palomas semanalmente, por lo tanto, a lo largo de un año serán entorno a 2.000 palomas retiradas". Además, añade que se emplearán medidas complementarias en los próximos meses y confía en que este problema de invasión esté resuelto en uno o dos años.
Foto: M. H. de León (EFE)
El asesino de Manuela Chavero, violada y asesinada hace ocho años en Monesterio, Badajoz, ha pedido la nulidad del proceso porque dice que, entre otras cosas, las pruebas sólo eran indicios. El asesino está condenado a prisión permanente revisable y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura debe decidir si acepta el recurso y se repite el juicio.
Eugenio Delgado, el asesino de Manuela Chavero, llegaba esta mañana a los juzgados. Quieren que se repita el juicio por varios motivos, entre ellos que el abogado que le asistió al principio no estaba colegiado. También dicen que la sentencia está fundamentada en indicios y no en pruebas. Las acusaciones lo niegan y alegan que entre las pruebas directas está la declaración espontánea de Delgado a los guardias civiles durante la reconstrucción de los hechos. El condenado reconoció que si encontraban semen en el cuerpo de Manuela era suyo.
La sentencia considera probado que Manuela tenía lesiones incompatibles con la caída accidental que describió el condenado en la reconstrucción. Un momento duro e impactante, según la familia, también presente en la vista. La defensa ya ha dicho que si su recurso no prospera es posible que acuda al Supremo.
