Los agentes sociales -patronales y sindicatos- han mostrado su satisfacción por las medidas económicas anunciadas por el Gobierno este martes para paliar los efectos de la crisis del coronavirus. Los autónomos, en cambio, creen que el Ejecutivo de Sánchez se ha olvidado de ellos y le acusan de "dejarles en la cuneta".
- El 99,8 % del tejido empresarial español lo conforman pequeñas y medianas empresas
- La hostelería, con 315.000 establecimientos y 1,7 millones de empleos, es uno de los sectores más afectados
El presidente de CEPYME Gerardo Cuerva ha resaltado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso la necesidad de proteger a la pequeña y mediana empresa ante la crisis provocada por el coronavirus COVID-19, afirmando que "ante todo está la salud, pero también tenemos que velar por la economía. En estos momentos lo más importante para las empresas es la inyección de liquidez" y reconociendo que ya se están notando las consecuentcias, proque "hay empresas que ya están ralentizando al máximo su actividad" y por tanto ha reivindicado "medidas para pasar este bache y evitar cierres de pymes".
- Los planes de igualdad son obligatorios para las empresas de más de 150 empleados desde este sábado
- La falta de un registro unificado hace imposible conocer cuántas compañías tienen un plan en vigor
Las empresas españolas a día de hoy actúan como consideran oportuno frente al coronavirus. La CEOE confirma que están recibiendo consultas de empresas preocupadas y desde CEPYME piden una hoja de ruta clara. Las empresas grandes tienen más margen de maniobra, pero las PYMES denuncian que no han recibido información y que por tanto no tienen claro qué tienen que hacer si algún trabajador enferma.
Esta mañana el ministerio de Industria ha mantenido una reunión con varios sectores para conocer sus dudas y trasladárselas a Sanidad. De momento no se ha aprobado una batería de medidas generales, pero muchas empresas ya han adoptado algunas como el teletrabajo y la cancelación de viajes. El BBVA ha trasladado a un centener de trabajadores desde su sede principal a las afueras de Madrid, separando a la mitad de los empleados de una de sus áreas más críticas para garantizar su funcionamiento.
- El Ministerio de Trabajo deja la puerta abierta a que las compañías adopten otras medidas como el teletrabajo o los ERTE
- Según las organizaciones empresariales, se comete "un grave error" al dar difusión a una guía que genera alerta y confusión
Gerardo Cuerva, vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y presidente de Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), ha estado hoy en Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso. Cuerva asegura que es demasiado pronto para juzgar a un Gobierno que aún no ha tomado medidas y a pesar de ser "un momento de incertiumbre" ha apelado a la tranquilidad y al diálogo. Desde la CEOE confían en que el PSOE sea quién maneje el vector económico desde los ministerios. Por el contrario, Cuerva opina que sí sería un error por parte del nuevo Gobierno llevar a cabo decisiones unilaterales que afecten a los trabajadores y las empresas. "Cualquier decisión que tome el Gobierno ha de tener en cuenta a la empresa. Si realmente queremos progreso, hay que tener en cuenta a la empresa", ha afirmado el vicepresidente de la CEOE.
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha declarado a TVE que la previsión de recaudación para las cuentas públicas ya está preparada. Los presupuestos generales estarán "dirigidos a las personas" y cumplirán con las reglas fiscales europeas. Por otro lado, el CEOE y el CEPYME han ofrecido su total colaboración al nuevo gobierno. Los sindicatos han solicitado la subida del SMI y las pensiones, así como la derogación de leyes como la reforma laboral, y el CSIF ha pedido que se apruebe la subida salarial para los empleados públicos.
- La patronal expresa su "honda preocupación" por un acuerdo "más cerca del populismo que de la ortodoxia económica"
- CEOE y Cepyme creen que las medidas económicas y laborales anunciadas destruirán empleo y desincentivarán la inversión
Sobre el acuerdo para un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, para el que Pedro Sánchez buscará el apoyo del resto de grupos, el gobierno en funciones lanza un mensaje de tranquilidad a los empresarios, todos los agentes sociales van a ser tenidos en cuenta.
La repetición de las elecciones el 10 de noviembre costará a las arcas públicas unos 170 millones de euros. El grueso, para pagar la organización, es decir, papeletas, voto a distancia o el trabajo de los empleados de Correos. Pero también hay que contar las subveNciones a los partidos. Esos 170 millones son digamos el coste directo, pero el bloqueo político tiene un coste económico mucho mayor.
- Es el único candidato que se ha presentado para sustituir a Juan Rosell al frente de la patronal
Antonio Garamendi, candidato a presidir la CEOE, lamenta en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que el Gobierno lance globos sonda en materia de impuestos porque pueden generar inestabilidad, dice. Defiende la reforma laboral porque explica que no se han cerrado empresas que ahora están contratando. Lamenta, eso sí, que la salida de la crisis haya generado una bolsa importante de precariedad. Asegura que España va a crecer por encima de la UE, pero advierte del riesgo que supone que nos gastemos lo que no tenemos.
En cuanto al asunto de las titulaciones académicas que se han puesto en cuestión, señala que le produce tristeza porque al ciudadano es un debate que le tiene perplejo. Además, la imagen que se da de España en el exterior es bastante peor, en su opinión. Lamenta también que se esté poniendo en duda una institución fundamental como es la universidad. En este sentido avanza una reunión con la CRUE para avanzar en la reforma de las universidades, entre todos, apunta.
Antonio Garamendi, candidato a presidir la CEOE, lamenta en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que el Gobierno lance globos sonda en materia de impuestos porque pueden generar inestabilidad, dice. Defiende la reforma laboral porque explica que no se han cerrado empresas que ahora están contratando. Lamenta, eso sí, que la salida de la crisis haya generado una bolsa importante de precariedad. Asegura que España va a crecer por encima de la UE, pero advierte del riesgo que supone que nos gastemos lo que no tenemos.
En cuanto al asunto de las titulaciones académicas que se han puesto en cuestión, señala que le produce tristeza porque al ciudadano es un debate que le tiene perplejo. Además, la imagen que se da de España en el exterior es bastante peor, en su opinión. Lamenta también que se esté poniendo en duda una institución fundamental como es la universidad. En este sentido avanza una reunión con la CRUE para avanzar en la reforma de las universidades, entre todos, apunta.
El presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, ha insistido en que las pequeñas y medianas empresas tendrán dificultades para cumplir con la subida salarial pactada con los agentes sociales si hay una subida de impuestos.
Pese a que la ministra de Hacienda ha avanzado que la reforma del Impuesto Sociedades no afectará a pymes, ni la fiscalidad 'verde' a los autónomos, así como los impuestos a la banca y medioambientales que el Ejecutivo plantea crear, el representante de los pequeños y medianos empresarios cree que un incremento fiscal aumenta los gastos de las empresas "y la vaca da la leche que da", ha dicho en una entrevista en La Noche en 24h.
"No es una amenaza, es una reflexión", ha dicho el presidente de Cepyme sobre esta idea que los empresarios apuntaron tras su reunión con el Gobierno y los sindicatos esta semana. Si quiero subir los salarios -porque queremos cumplir el acuerdo- pero por otro lado me suben los impuestos, a la banca le meten un gol y me lo va a repercutir, sube el diésel… Esto no da más de sí, son vasos comunicantes, son más gastos para la empresa. La vaca da la leche que da, y esa es la que hay que gestionar”, ha argumentado.
"Las empresas viven la realidad, y la realidad es la que es", ha afirmado Garamendi. Los impuestos "son gastos" para la empresa, ha añadido, y si no se pagan "viene la Policía a buscarte", así que razona que "primero pagarás esos gastos".
Contra la idea de los crecientes beneficios de las empresas en los últimos años, Garamendi afirma que "el 50% de las empresas en España están aún en pérdidas o compensando pérdidas", y ha responsabilizado a las administraciones públicas de parte de la precariedad salarial existente, como "consecuencia de los contratos públicos donde se han tirado abajo los precios, en contratos de limpieza, de seguridad, de dependencia...", y ha afirmado que estas administraciones "se tienen que poner las pilas" para lograr el objetivo del salario mínimo de 1.000 euros en 2020.
- Pedro Sánchez se reunió con los máximos responsables de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT
- El Ejecutivo abre la negociación para empezar a derogar la reforma laboral del PP en materia de convenios y subcontratación
- Establece subidas salariales anuales de hasta un 3% hasta 2020 y un salario mínimo de 1.000 euros al mes
- CEOE, Cepyme, CC.OO. y UGT se comprometen a incluir el contenido en la negociación de cada convenio
- Los salarios subirán un 2% más un 1% variable adicional para cada año
- El preacuerdo deberá someterse a la ratificación de las respectivas organizaciones
El presidente de la patronal Cepyme, Antonio Garamendi, le desea "lo mejor al presidente del Gobierno porque creo que es lo mejor para España" y afirma que vivimos "un momento dulce pero complicado" y que cada uno desde su responsabilidad tiene que trabajar. Entrevistado en Los Desayunos de TVE, considera que "la alternancia política da estabilidad" y apunta que salió con "buenas sensaciones" de la primera reunión en la Moncloa con Pedro Sánchez. Dado el poco apoyo parlamentario del Ejecutivo, prevé "una dificultad enorme para la gestión" para la que se necesitará "mucho más consenso".
Doce días después de llegar a La Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este miércoles la primera reunión de diálogo social con los líderes de patronal y sindicatos. En el encuentro ha participado también la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, quien ha señalado que ve posible lograr un acuerdo social y político que modifique puntos esenciales del estatuto de los trabajadores, pese a que es consciente "del lugar que ocupa" el Gobierno por la "aritmética parlamentaria".
Los agentes sociales han planteado al Gobierno en la reunión los pormenores del acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que están pactando, y que supondrá un incremento salarial para los tres próximos años "de en torno" al 2%, más un 1% adicional, con un salario mínimo de 1.000 euros por convenio y una cláusula de garantía.