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La frontera de Cúcuta entre Colombia y Venezuela es muy permeable. Así lo quiere el Gobierno colombiano para no penalizar aún más a los venezolanos. Pero eso beneficia a las mafias que trafican con menores.

Katherin Crespo cruzó esa frontera hace ocho años. Buscaba libertad y una vida mejor, pero, desesperada, se tuvo que dedicar a la prostitución. Y cayó en una red mafiosa de la que le costó dos años salir: "Me cortaban la cara, me desfiguraban el rostro (...) Y un día decidí ya no más y decidí no ir".

"Verdaderamente están secuestradas, ellas no tienen derecho a nada. Ellos mismos lo dicen, a una niña o una mujer se le puede sacar más dinero que a una bolsa de coca o de perico porque esas las venden de una sola vez, pero a una mujer la pueden explotar muchísimas veces", lamenta Crespo.

Las redes de explotación sexual han sacado por Cúcuta a miles de menores venezolanas para llevarlas a prostíbulos de todo el mundo. Pero otras siguen explotadas en páginas web o en plazas de la ciudad.

Katherin lidera ahora una organización que se dedica a denunciar la trata y ayudar a las jóvenes explotadas a escapar de las redes mafiosas: "Hay muchas y es muy difícil salir de esta situación, pero con que dos o tres lo hagan yo me siento feliz y contenta".

El cambio climático tiene muchas consecuencias que son perceptibles, como el aumento de las temperaturas o los desastres naturales. Pero hay otras consecuencias que pueden pasar más desapercibidas pero que son de extrema gravedad. Una de ellas es el aumento de los casos de matrimonios infantiles. Para entender la relación entre estos factores vamos a hablar con Vicente Raimundo, portavoz de Save the Children.

¿Qué hay detrás de la ropa que vestimos, el gel con el que nos duchamos o el móvil desde el que estamos leyendo esta descripción? En muchos casos, explotación infantil. Hablamos con Ben Smith es especialista en explotación infantil de la OIT, el organismo que se está encargando de supervisar los avances en la erradicación del trabajo de menores en las minas de cobalto en República Democrática del Congo. También con Susanna Oliver, directora de proyectos de World Vision sobre el informe que saca a la luz cuántos niños trabajan en la industria cosmética y analizamos la situación de la segunda industria más contaminante del mundo, la textil y la explotación que hay detrás. Un reportaje de Antía André.

  • La ONG Wanawake da salidas laborales a mujeres víctimas de la violencia de género
  • El grupo feminista de 'Ciclismo Para Todas' la apoya dando pedales y visibilizando esta asociación
  • Objetivo Igualdad, la noche del lunes, 01:30h en el Canal 24h y ya disponible en RTVEplay

Rocío Mora, directora de APRAMP, asegura que el Plan Camino de lucha contra la trata es un avance importante contra la explotación sexual, aunque todavía sigue siendo necesaria esa Ley Integral que llevan décadas pidiendo. Insiste en la necesidad de politicas que persigan el proxenetismo y la demanada, que es "cooperador necesario de la existencia de la prostitución". Y aclara que las políticas abolicionistas que reclaman no consisten en prohibir la prostitución, sino en en perseguir a quien explota a estas mujeres y saca beneficio de ello. 

Desde APRAMP valoran como un avance la modificación del código penal que agrava las penas para los delitos de trata, pero piden que no se limite solo a las víctimas que huyen de Ucrania. Noemí Martínez habla con Rocío Mora, directora de esta asociación que asiste a las víctimas de trata y explotación sexual y trabaja por su erradicación. "Es fundamental poner el foco en los proxenetas, pero hay que ampliarlo a todos los conflictos bélicos y a todas las nacionalidades", asegura Mora.

La misión de la Unión Europea de análisis que se ha desplazado a Mallorca para analizar la explotación infantil ha indicado este martes que cree necesario revisar la política de protección para combatir los abusos contra las menores tuteladas.

El presidente de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el eurodiputado alemán del grupo popular Peter Jahr, ha asegurado que la aplicación de la legislación europea no está siendo óptima y ha avanzado que las conclusiones finales se conocerán en tres meses y formarán parte de un informe que no tendrá carácter sancionador. "Primero hay que proceder a valoraciones, dejar reposar la información y reflexionar sobre ella", ha dicho en una rueda de prensa.