- La sentencia, que no obliga a los tribunales españoles, podría servir para sancionar estos abusos en el sector público
- La sentencia da respuesta a la petición de tres trabajadoras interinas de la Generalitat de Cataluña
- El Alto Tribunal considera que no son equiparables a los que sacaron la plaza con una oposición
- En concreto, niega que una auxiliar de enfermería pueda participar en un concurso de traslado restringido a fijos
- Unos 150 delegados sindicales se han concentrado frente a la sede del organismo para denunciar su situación precaria
- Los sindicatos extenderán las movilizaciones a todo el país si Hacienda no accede a negociar, y no descartan una huelga general
- El incremento salarial oscila entre los 165 y los 250 euros y se aplicará de manera progresiva
- El acuerdo afecta finalmente a 12.000 empleados dependientes del ministerio que dirige Félix Bolaños
Hoy ha habido una nueva jornada de protestas de los funcionarios de prisiones en las cárceles catalanas. Los trabajadores exigen mejoras en la seguridad y que no se repitan las circunstancias que permitieron el asesinato de Nuria, una trabajadora de la cocina de Mas d'Enric. Montserrat Tura, ex consejera de Interior y Justicia de la Generalitat de Cataluña, ha expresado en 24 horas de RNE que nunca había sucedido un hecho de estas características. Gemma Ubasart, actual consejera de justicia, ha anunciado hoy medidas como un mayor control en las cocinas y más vigilancia. "La seguridad debe garantizarse en todo momento. Pero es evidente que en la cocina habrá siempre instrumental que pueda usarse a efectos no culinarios. Y ahí hay que basarse en la confianza y en un sistema que, hasta ahora, había funcionado", ha declarado Tura.
Tura ha señalado que la Generalitat tiene la competencia de garantizar que el sistema de selección y de seguimiento de los presos, que se destinan a determinados trabajos, sea muy metódica: "Tienen que establecer sistemas no solo de formación, sino también de seguridad y de disciplina. Lo que busca el sistema penitenciario, al menos el catalán, es la balanza entre la reeducación, la disciplina y el respeto a la normativa".
Sobre las protestas de los funcionarios de prisiones, Montserrat Tura ha afirmado que le cuesta entender que no utilicen el sistema de protesta habitual: "Podrían declararse en huelga sin necesidad de bloquear la entrada y la salida porque lo que están haciendo con eso es vulnerar los derechos que tienen los presos". Ha concluido la entrevista insistiendo en que se debe garantizar "la seguridad, la reeducación y la reinserción", ya que "una cosa no debe hacer abandonar la otra".
- Protestan por el asesinato de una cocinera, piden más medidas de seguridad y el cese de la cúpula penitenciaria catalana
- La Generalitat acusa a los sindicatos de sembrar "caos" con un bloqueo "ilegal" y les plantea una negociación
- Los sindicatos exigen dimisiones en la Generalitat tras el asesinato de la cocinera de un centro penitenciario
- El Govern advierte de la situación de riesgo y peligrosidad que supone el bloqueo y descarta dimisiones
Los funcionarios de prisiones mantienen este sábado el bloqueo en las cárceles de Quatre Camins, Joves y Wad Ras en Barcelona. Al menos 1.000 internos se verían por estos bloqueos que van a continuar "con más intensidad, más fuerza y hasta que el cuerpo aguante", asegura en el informativo '24 Horas' el portavoz del sindicato de prisiones de UGT en Cataluña, Xavier Martínez. Mantienen que no se sentarán a negociar sin la dimisión de la consellera de Justicia, Gemma Ubasart. "Exigimos el cese fulminante de la figura que ha provocado que, durante los últimos años, se deteriore la institución", exige Martínez. El portavoz de UGT adelanta en Radio Nacional que tienen intención de volver a cerrar todos los centros de Cataluña este lunes. "Las medidas que pedimos son reorganizar convenientemente la institución penitenciaria y pasa por hacer una limpieza de personas de estructura", expresa.
Un centenar de funcionarios de prisiones cortan el paso a varios centros penitenciarios de Cataluña. Tres cárceles siguen bloqueadas, después de que anoche se levantaran la mayoría de los cortes. Piden más seguridad, tras el asesinato este miércoles de una cocinera por unos de los presos. También exigen dimisiones. Entre ellas, la de la consellera de Justicia, que hoy ha reconocido que la situación es grave.
FOTO: EFE/Enric Fontcuberta
Los funcionarios de prisiones mantienen bloqueados los accesos tres cárceles catalanas en protesta por el asesinato de una cocinera en el centro de Mas d'Enric, en Tarragona. Este sábado han cortado los accesos a los centros de Quatre Camins y Joves, en la Roca del Vallès, y a la cárcel de mujeres de Wad Ras en Barcelona. En las demás prisiones el viernes por la noche decidieron levantar el bloqueo y permitir el cambio de guardia de los trabajadores.
- El pasado miércoles un interno de la prisión de Mas d'Enric asesinó a una cocinera del centro
- Los funcionarios reclaman mayores medidas de seguridad y que cese la cúpula penitenciaria
Miguel Borra, presidente del CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), ha analizado en Las Mañanas de RNE la situación del funcionariado en España, aprovechando el inicio del Congreso Nacional del sindicato: “Un 31% de los empleados públicos no tiene una plaza en propiedad, no sabe cuándo ni dónde va a seguir trabajando, y tenemos unas plantillas muy envejecidas”. Desde el CSIF defienden la necesidad de dar estabilidad a las plantillas.
Sobre el impacto de la renuncia del Gobierno a presentar presupuestos este año tras el anuncio del adelanto electoral en Cataluña, Borra expone: “No entendemos como unas elecciones de una comunidad autónoma pueden condicionar la vida política y económica del resto del país”. Borra explica que se verá afectada la oferta de empleo público, con las necesidades de personal que hay en las Administraciones. También se verá afectado el concepto de tasa de reposición y futuras subidas de sueldo a los empleados públicos, ya que esto paraliza posibles negociaciones. Borra define la subida como “muy exigua” que les va a “volver a hacer perder poder adquisitivo” ya que no compensará la inflación.
El presidente del CSIF admite que la corrupción política y la polarización acaba afectando al conjunto de funcionarios. “Lo único que hacemos es aplicar las normas, y una de las consecuencias de la politización de la Administración es que lo pagan los ciudadanos y los servicios públicos”, explica Borra. Añade que los funcionarios son personal técnico y “tenemos que estar al servicio de los ciudadanos, nunca de los partidos políticos”.
- El alza salarial irá en una enmienda a la ley de medidas para combatir los efectos de la guerra en Ucrania
- El incremento del sueldo tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero
- El Tribunal considera que la legislación española no es suficiente para evitar el abuso en la contratación
- Abre la puerta a la conversión en fijos de los trabajadores públicos de larga duración e indefinidos no fijos
- Y ha advertido contra la consecución "abusiva" de contratos públicos en varias administraciones españolas
- El TJUE respondió así a una serie de preguntas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
- Será con cargo al pasado ejercicio, abonándose como atrasos los importes correspondientes desde el mes de enero de 2023
- La subida beneficiará a más de tres millones de personas y tendrá un coste de 818 millones de euros
- Incluirá el cambio en el diseño de la plantilla de funcionarios en los presupuestos de 2025
- Escrivá defiende que "necesitamos un modelo distinto" para modernizar la Administración
- A falta de que el INE confirme el dato del PIB del cuarto trimestre, se aplicaría con efectos retroactivos desde enero de 2023
- Esta subida se sumaría al incremento del 0,5% cerrado en octubre por el alza de la inflación y dejaría la subida total en el 3,5%
- De su aprobación depende la solicitud del cuarto desembolso de los fondos europeos, que asciende a 10.000 millones de euros
- Junts avanza su voto en contra porque considera que podría "poner en peligro" la aplicación de la ley de amnistía
- Un tribunal de Lieja preguntó por una empleada a la que se prohibió llevar el velo islámico
- La trabajadora no estaba de cara al público y argumentó que se vulneraba su libertad religiosa