Enlaces accesibilidad
arriba Ir arriba

"El Estado está movilizando todos los recursos a su disposición y lo hará todo el tiempo que sea necesario", ha recalcado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, este martes en La Hora de La 1. Entre los 14 mil millones de ayuda que ha aprobado el Gobierno en Consejo de Ministros, la cartera que dirige Bustinduy ha aprobado una partida de 50 millones a los ayuntamientos para que "tengan los recursos suficientes para dar respuesta a las necesidades de la población afectada". "Hay un compromiso de las administraciones para que las ayudas sean inmediatas", ha destacado.

Foto: EFE/ Borja Sanchez-Trillo

Se han presentado ante la Sala de lo Penal del Supremo tres querellas contra la vicepresidente y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, por su gestión en la DANA. Una de ellas del partido Iustitia Europa, que también ha registrado una querella contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. El magistrado Joaquim Bosch considera que será complicado que las querellas penales presentadas contra los responsables políticos por la gestión de la DANA tengan recorrido, así lo ha contado en el informativo 24 horas de RNE. "Es más probable que puedan prosperar acciones de responsabilidad civil porque basta con acreditar una mínima falta de diligencia", asegura. Bosch explica que la responsabilidad penal exige una "negligencia de cierta gravedad" y que, para ello, se tendría que "probar" que los cargos políticos autonómicos poseían toda la información de lo que podía ocurrir y que "no hicieron lo que tocaba hacer". Algo que el magistrado cree que todavía es "muy prematuro" para hacer una valoración. "Hay que recopilar la información de qué es lo que ocurrió, qué información gestionaron los técnicos y cuáles fueron las decisiones políticas que se adoptaron", concluye.

El presidente del Gobierno ha anunciado este lunes un nuevo paquete de medidas para damnificados por la DANA. Asimismo, ha puesto foco en la respuesta del Estado de forma “eficaz” y “equitativa” ante este tipo de catástrofes naturales. “El Estado somos todos”, ha afirmado, recalcando que primero hay que reconstruir las zonas afectadas por la DANA y “posteriormente vendrá el debate político sobre qué cosas tenemos que mejorar ante esta emergencia climática y, sin duda, ante la asunción de responsabilidades políticas”.

“El Gobierno está a lo que hay que estar”, ha defendido, “que es reconstruir desde esta tragedia y a relanzar la actividad económica y social fundamentalmente de Valencia y también otras zonas afectadas aprendiendo la lección, que es que estamos ante una emergencia climática que nos va a exigir a todos lo mejor de nosotros mismos”. Así, ha instado a “escuchar y aprender” de la ciencia.

Sobre las críticas que ha recibido la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, Sánchez ha defendido que “el mundo, Europa y España necesitan más Teresa Ribera y menos negacionistas del cambio climático”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en declaraciones a los periodistas sobre la aprobación de un segundo paquete de ayudas para la DANA, ha reiterado que "el Estado somos todos". Siguiendo esta línea, ha expresado que el pago de los impuestos es lo que ayuda a que en situaciones como está, el Estado responda de forma eficaz y efectiva. También, antes las críticas de la gestión del Ejecutivo ha recalcado que el "Gobierno está a lo que hay que estar", que para él es centrarse en reconstruir y relanzar la actividad económica y social de las zonas afectadas por la DANA.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el Consejo de Ministros de este lunes un segundo paquete adicional de ayudas a los afectados por la DANA. "Hemos aprobado un nuevo real decreto ley con 110 medidas adicionales y una inversión agregada de 3.765 millones de euros para dar respuesta a la DANA", ha explicado Sánchez en rueda de prensa este lunes.

Este nuevo decreto se suma al aprobado la semana pasada y pretende "reforzar el escudo social" y "garantizar la reconstrucción del tejido productivo de las zonas afectadas", como ha indicado Sánchez. Entre algunas de las 110 medidas adicionales destacan la extensión de las ayudas por daños a las viviendas a los propietarios que no residían en ellas, pero las tenían arrendadas. También se extienden las compensaciones por pérdida de enseres a inquilinos y a bienes que no sean de primera necesidad.

"Hemos decidido realizar un anticipo inmediato del 50% a todos los ciudadanos que soliciten esas ayudas para que no tengan que esperar mientras se tramita su expediente", ha señalado el presidente del Gobierno, que también ha anunciado que se va a extender el Código de buenas prácticas hipotecario para que los hogares afectados por la DANA puedan congelar sus hipotecas durante 12 meses adicionales una vez pasados los 12 meses que ya se habían establecido en el anterior real decreto ley.

Asimismo, Sánchez ha avanzado una nueva línea de ayudas directas de 200 millones para las explotaciones agrarias que hayan sufrido daños y un paquete de 500 millones de euros para financiar un plan de acción para retirar el lodo de las calles de municipios afectados por la DANA.

Mientras sigue la búsqueda de desaparecidos y de limpieza de las zonas más afectadas, crecen las críticas por la gestión política de la DANA y en especial por el papel del presidente de la Generalitat Valenciana. Hoy Carlos Mazón ha defendido su actuación en sus primeras palabras tras conocerse qué hizo las horas previas a la tragedia.

FOTO: EFE/ Kai Forsterling

El Gobierno ha bloqueado este viernes la página web 'ayudavalencia.es' por indicios de fraude tras recibir una denuncia de la Policía sobre las peticiones que se estaban haciendo desde ese sitio web, sospechosas de donaciones fraudulentas de ayuda económica para los afectados por la DANA en Valencia. El Ejecutivo ha actuado con carácter de urgencia, "por indicios de fraude y a requerimiento policial", y lo ha hecho a través de Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, según ha informado este departamento a través de un comunicado.