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El Tribuanl SUpremo sigue dividido sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas. En el segundo día de reunión, los magistrados siguen sin ponerse de acuerdo sobre si le corrresponde al banco, como decretó en la última sentecia, o debe ser el cliente, como había mantenido hasta ahora. El Gobierno se prepara ya para posibles reclamaciones.

La ministra de Hacienda calcula ewn 5.000 millones de euros el coste que tendría para los bancos la retroactividad por cuatro años si finalmente el Tribunal Supremo decide que sean ellos los que se hagan cargo del impuesto de las hipotecas y se aplique a todas las firmadas desde 2014.

El pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (TS) reanudará este martes su reunión sobre el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, interrumpida tras ocho horas de deliberación.

Con una pausa para el almuerzo, los 28 magistrados reunidos, -de los 31 que forman el pleno, uno se ha ausentado por encontrarse de viaje, otro por presidir la Junta Electoral Central y un tercero, tras alegar motivos personales-, retomarán mañana a partir de las 10:00 horas el análisis de la reciente sentencia que hacía recaer en las entidades financieras el pago del impuesto, pero no especificaba su alcance.

A la espera de lo que dicte el Supremo sobre los impuestos de las hipotecas, los bancos asumen que serán ellos los que tengan que pagar a partir de ahora esa tasa, pero cruzan los dedos para que no haya una sentencia con efectos retroactivos. La factura a pagar en el peor de los casos podría ascender hasta los 16.000 millones de euros, según Moody's, aunque los subinspectores de Hacienda elevan esa cantidad hasta los 30.000 millones de euros. De confirmarse la retroactividad, podría tener efectos inmediatos en los balances de los bancos y también en las cuentas públicas y en el déficit de las comunidades.

El economista y profesor de la Universitat de Barcelona Gonzalo Bernardos y la presidenta de Asufin (Asociación de Usuarios Financieros) Patricia Suárez han analizado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso las consecuencias que tendrían las distintas posturas que puede adoptar hoy el Tribunal Supremo sobre el impuesto a las hipotecas.

El Tribunal Supremo se pronunciará este lunes sobre quién pagará el impuesto de las hipotecas y si será retroactivo. El magistrado del Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona José María Fernández Seijo ha dicho en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que "es muy difícil" que se revoque la sentencia y que "lo razonable será que se maticen algunos de los aspectos más 'oscuros' de la resolución de hace 15 días".

Las entidades bancarias, las notarías, quienes vayan a firmar un préstamo hipotecario y aquellas personas que ya estén hipotecadas van a estar muy pendientes de la treintena de magistrados que integran la sala de lo contencioso administrativo del Supremo. El alto tribunal tiene que fijar un criterio sobre quién tiene que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas.

La banca espera con cautela la decisión del Tribunal Supremo (TS), que este lunes reúne a los 31 magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, para fijar doctrina sobre el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD). Así, los magistrados decidirán si revocan o mantienen la sentencia del 18 de octubre que determinó que son las entidades bancarias y no los clientes quienes deben pagar este impuesto de las hipotecas.

En agosto, se cerraron cerca de 29.000 créditos hipotecarios, que es practicamente el 7% mas que hace un año. De media, el capital que se presta es de 122.400 euros, mas que doce meses atrás. El sector confia en que los efectos de la sentencia del Supremo, sobre quien debe pagar el impuesto de actos juridicos documentados en la firma de los préstamos hipotecarios tenga un efecto mínimo.

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lemes, ha pedido perdón por la "mala gestión" que ha hecho el tribunal en la aplicación de la sentencia que adjudica a los bancos el pago del impuesto de las hipotecas- y sobre la que tomará una decisión final en un pleno el próximo 5 de noviembre- y ha negado haber recibido llamadas de ninguna entidad bancaria alertando del "riesgo sistémico" por la aplicación de ese fallo.

Tras inaugurar la jornada de puertas abiertas del tribunal, en un encuentro con periodistas, Lesmes ha reconocido la "confusión" generada tras este cambio de criterio y que ha llevado a una "desconfianza indebida" en el Alto Tribunal. "Esto no lo hemos gestionado bien, sin duda, lamentablemente no lo hemos gestionado bien. No puedo más que sentirlo, lo sentimos todos", ha manifestado.

Ha añadido que la confusión y las críticas hacia el Supremo han causado un claro "daño" a una institución que lleva "206 años trabajando, ni a favor ni en contra de ningún sector," y que, a su juicio, "no se merece".