Entre junio y agosto, el Gobierno ha recibido casi 700.000 solicitudes de Ingreso Mínimo Vital y solo 4.000 han sido aprobadas. Fuentes del Ministerio han achacado el bajo porcentaje de tramitación a los errores que se están produciendo en las solicitudes. Para la asociación de Víctimas del paro, el problema está en que las instituciones no son claras y no se está ayudando lo suficiente a las personas que lo solicitan. Informa Guillermo Hernández.
El ingreso mínimo vital sólo ha llegado a 75.000 hogares cuando las solicitudes, según ha podido saber RNE, superan cerca del medio millón. Las ONG denuncian que la manera de solicitarlo, de manera telemática, está complicándolo todo, puesto que muchas familias no tienen acceso a Internet o conocimientos suficientes de informática.
Informa Yolanda Rodríguez
Muchas personas intentan estos días realizar distintos trámites con la Seguridad Social sin éxito. Complicaciones para conseguir cita y oficinas colapsadas. Desde la seguridad social aseguran que nunca habían tenido tanta demanda de citas. Lo achacan a la aprobación del Ingreso Mínimo Vital. Reconocen que en momentos puntuales no son capaces de atender todas las llamadas, y que han habilitado maneras de hacer las solicitudes "on line" sin necesidad de tener certificado digital. Pero la web también está saturada. Según la Comisión Europea, 4 de cada 10 españoles carecen de competencias digitales básicas. Además, piden mucha documentación y la gente no sabe ni donde encontarla.
La ONU ha propuesto la introducción inmediata de una renta básica temporal para unos 2.700 millones de personas que viven por debajo o muy cerca del umbral de la pobreza con el fin de frenar el avance del coronavirus. En una entrevista con TVE, Charles Gray, economista jefe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), explica que en numerosos países en vías de desarrollo no cuentan con un sistema de protección universales. "Sin estos sistemas de protección social, no existen incentivos para mantener una situación correcta en el transcurso de la pandemia", tanto desde el punto de vista sanitario como económico-social, argumenta el economista. Desde el PNUD aseguran que se puede financiar con recursos propios congelando el pago de la deuda externa durante 2020, ahorrando en subsidios para energías fósiles y retornando fiscalmente esos incentivos.
Las solicitudes del ingreso mínimo vital continúan aumentando, a razón de 10.000 por día. Desde el sindicato CSIF apuntan que llevan más de medio millón de expedientes registrados y creen que llegarán a los tres millones. “Muchas de ellas serán denegadas, pero hay que contestar y resolver esas solicitudes”, aseguran. Tienen tres meses para responder, pero dicen que no hay suficientes medios para hacerlo. Fuentes del ministerio reconocen que en los últimos años la Seguridad Social ha perdido personal, pero aseguran que aún así, las peticiones se resolverán a tiempo.
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Más de medio millón de personas ha solicitado el Ingreso Mínimo Vital en apenas un mes, pero cerca de la mitad de las peticiones, advierte el Gobierno, serán rechazadas. Algunos de los trabajadores encargados de revisarlas dicen que están sobrepasados. Piden más medios para gestionar una ayuda indispensable para miles de familias que esperan una respuesta urgente. Sus expedientes acaban en oficinas de la Seguridad Social saturadas, que tienen tres meses para contestar. Si no responden, el silencio administrativo es un no.
La Seguridad Social ha abonado hoy el primer pago del Ingreso Mínimo Vital a 75.000 hogares que ha reconocido de oficio. Es el caso de Toñi y su pareja. Con dos hijos, ambos están en paro. Minerva Oso ha hablado con ella sobre su situación y afirma que esta prestación les supone un poco de alivio.
La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha anunciado este viernes que al menos 74.000 se beneficiarán a partir de hoy de oficio del ingreso mínimo vital. Esto beneficiará a "en torno a 250.000 personas" que ya recibían la prestación por menor a cargo, ha explicado Montero. Coronavirus: última hora.
Unos 75.000 hogares empiezan a cobrar este viernes el ingreso mínimo vital que el Gobierno calcula que llegará a 850.000 familias. Nuestra compañera Minerva Oso ha estado con una de esas familias, la de Aya, una mujer siria que estuvo 20 años trabajando como analista de laboratorio en su país y que en 2015 tuvo que refugiarse en España por culpa de la guerra. Tiene 42 años y cuatro hijos, es cocinera, pero la pandemia le obligó a parar. Su marido lleva más de un año sin trabajo. Aseguran que prefieren trabajar que recibir ayudas, pero reconoce que esta vez no les ha quedado más remedio porque no tienen ingresos.
Además, la profesora de Economía en la Universidad de Alcalá de Henares, Olga Cantó, ha explicado en ‘Las mañanas de RNE’, que el ingreso mínimo es una herramienta clave para lucha contra la pobreza extrema, aunque ha insistido en que habrá que complementarlo con otras políticas que no den la espalda a familias que no van a cobrar esa ayuda y están en una situación precaria. “Es importante no dejar caer a personas que no parecían tan vulnerables, pero que realmente lo son. La población debe entender que todos podemos caer en una situación de emergencia”, ha asegurado Cantó.
Centenares de migrantes, muchos de ellos temporeros, han hecho cola este martes en Huelva para conseguir el ingreso mínimo vital. Engañados por un bulo, creían que podían conseguirlo con un único documento de empadronamiento. Varias ONG se han desplazado hasta Huelva para advertirles que están siendo engañados. Muchos trabajadores son víctimas de intermediarios que les cobran por cada transacción o por ofrecerles una vivienda para empadronarse.
Este lunes es el primer día en que ya se puede solicitar el ingreso mínimo vital, destinado a colectivos especialmente vulnerables. Ana y Jesús son algunas de las personas que podrán beneficiarse de esta ayuda, que pretende llegar hasta los 850.000 hogares. Ana no está cobrando el subsidio por desempleo y Jesús lo perderá el próximo mes. Las ayudas se pueden pedir a través de la sede electrónica de la Seguridad Social, en las oficinas físicas cuando acabe el estado de alarma o por correo postal. [Coronavirus: última hora en directo]
Los jóvenes de 18 a 23 años, personas sin permiso de residencia, personas sin hogar, viudas que nunca hayan cotizado... e incluso dos de cada tres niños y otros colectivos especialmente vulnerables, como las personas con discapacidad. Todos ellos quedan fuera de los requisitos para percibir el Ingreso Mínimo Vital. Organizaciones sociales como Save The Children, Plena Inclusión, Asociación Bienestar y Desarrollo, la plataforma Renta Mínimo-Tu Derecho e incluso el Consejo General del Trabajo Social reclaman modificaciones para que realmente esta medida sea una garantía para luchar contra la pobreza. Nos lo cuentan en Radio 5.
Desde este lunes ya se puede solicitar el ingreso mínimo vital. Los interesados tendrán que hacerlo a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Seguridad Social. La renta mínima irá desde los 461 euros para un adulto que viva solo, a los 1.015 euros para aquellos hogares donde convivan dos adultos con tres hijos. En el caso de las familias monoparentales se les dará 100 euros adicionales más. Según los cálculos del Gobierno, el Ingreso Mínimo vital llegará a 850.000 hogares y que beneficie 75.000 familias, más de la mitad de ellos con menores.
Esta semana se ha aprobado el Ingreso Mínimo Vital en el Congreso de los Diputados. En el programa'Parlamento' de Radio 5 hablamos con la exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, que se ha mostrado muy satisfecha con que se haya dado luz verde a esta iniciativa. Afirma Carcedo que es un mecanismo "muy necesario para rebajar la desigualdad y combatir la pobreza" y que fue una "sorpresa agradable" que saliera sin ningún voto en contra: "Es para celebrar que haya habido este consenso entorno a una necesidad". La exministra señala que es un primer paso y que "hay que seguir perfeccionándolo". Sobre si esto puede iniciar futuros acuerdos con el Partido Popular aclara que se debería a aspirar a otros pactos con todas las fuerzas políticas para reducir las consecuencias, sobre todo económicas, de la pandemia en la población.
