El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dicho en 'Las mañanas de RNE' que está preocupado por las posibles consecuencias de las fusiones bancarias, como la que preparan BBVA y Sabadell. "Me preocupa la magnitud de destrucción de empleo que se puede producir. Los bancos deben ser conscientes del esfuerzo que ha hecho este país para ayudarles; ahora no pueden devolverlo con más despidos", ha asegurado. Además, Álvarez ha afirmado que, "ahora que parece que hay una lucecita al final del tunel con las vacunas", es el momento de que el Gobierno haga un último esfuerzo y ayude a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores que más lo necesitan "para poder salir todos en las mejores condiciones". En ese sentido, ha recordado que hay 800.000 personas que solicitaron el Ingreso Mínimo Vital y todavía no están pudiendo cobrarlo por la gran cantidad de requisitos que se les exige.
Conseguir el Ingreso Mínimo Vital puede ser una tarea muy complicada para aquellos que no están acostumbrados a la burocracia. Hay quienes no saben por dónde empezar y quienes reciben una respuesta negativa, pero no entienden por qué. En el Telediario, hemos estado con una organización que ayuda a estas personas a conseguir su objetivo.
Más de 620.000 hogares de nuestro país son especialmente vulnerables y necesitan ayuda para pagar la factura de la luz, hasta el punto de que tienen que elegir entre eso y comer. La cifra es una de tantas que se han disparado durante la pandemia. Nuestro compañero David Vidueiro ha estado con alguna de esas familias.
Juani tiene 49 años, está en paro y víctima de violencia de género. Tiene apuntado todo lo que debe: más de 260 euros solo en facturas de gas. Acordó con la compañía que los devolvería poco a poco pero el mes pasado se quedó sin ayudas. También debe otros 65 euros de luz. Juani cuenta con el bono social que garantiza cuatro meses de protección, pero la compañía ya le ha dicho por teléfono que le cortará la luz en diez días. La pandemia dejó sin trabajo a Arantxa y su marido. Les denegaron el ingreso mínimo vital. Ella lo resume así: "O comer, o facturas". Arantxa tiene apnea del sueño y tiene que dormir siempre con un aparato conectado. "A lo mejor no muero de COVID pero voy a morir de pobreza", se lamenta Arantxa.
En nuestro país se han tramitado casi un millón de expedientes pidiendo el Ingreso Mínimo Vital, una de las principales medidas del Gobierno para amortiguar la caída de ingresos durante la pandemia de coronavirus. Se ha concedido a 136.000 familias, es decir, a más de 400.000 personas y se han denegado 192.000 solicitudes. No obstante, otros muchos llevan semanas esperando una respuesta del Ministerio, positiva o negativa, que no les llega. Es el caso de Alexandra.
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Este viernes se cumplen cuatro meses desde la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, una ayuda que casi un millón de hogares han solicitado pero que decenas de miles de personas aún no saben si recibirán.
Juan Manuel es uno de ellos. Lo solicitó en junio y acaba de dejar de recibir la ayuda para desempleados mayores de 52 años, su principal sustento para hacer frente a la crisis del coronavirus.
El Consejo de Ministros ha acordado agilizar la concesión del ingreso mínimo vital y garantizar que se conceda a todas las personas susceptibles de ser beneficiarias mediante un paquete de medidas que solvente los problemas burocráticos que está habiendo debido a la lentitud y trabas en su tramitación.
El Consejo de Ministros ha aprobado varias modificaciones destinadas a agilizar los trámites para poder cobrar el ingreso mínimo vital que hasta ahora no ha llegado ni al 10 % de los hogares que lo han pedido. A partir de ahora, la Seguridad Social podrá acceder de manera directa a los datos de empadronamiento lo que permitirá que los que ya reciben rentas mínimas de las comunidades autónomas pasen automáticamente a percibir el ingreso mínimo. Además, se modifica el requisito de la búsqueda de empleo, de tal manera que la persona que lo solicite no tendrá que estar dado de alta en el paro. También se amplían del 15 de septiembre al 31 de diciembre el plazo para el cobro retroactivo con efectos desde el 1 de junio.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció que solo se había podido revisar un 10 % de las solicitudes que millares de familias enviaron para poder acogerse al ingreso mínimo vital. De esas, la mitad fueron rechazadas por errores en la documentación. Mientras, una parte de la población española espera la recepción de esta ayuda, esencial en plena crisis sanitaria y con un mercado laboral sin muchas opciones. Algunas organizaciones aseguran que cada vez más personas acuden a sus instituciones porque han agotado todas sus prestaciones. Desde el Gobierno se defienden en que, aunque sea un proceso lento, es la única vía para "identificar bien a los beneficiarios, que les llegue la renta, que no haya fraude, que se focalice bien", como comentaba el ministro José Luis Escrivá.
Peticiones duplicadas y documentación incompleta. Casi la mitad de las solicitudes de Ingreso Mínimo Vital presenta alguno de estos problemas, según el Ministerio de Seguridad Social. Desde que se aprobó esta ayuda por la crisis del coronavirus, el 15 de junio, ha habido unas 750.000 peticiones. La Administración solo ha reconocido algo más de 8.800.
La gestión del ingreso mínimo vital está en el punto de mira. Sólo el 1% de las personas que lo han solicitado lo han recibido. La Seguridad Social explica que han recibido una avalancha de peticiones: 750.000. De ellas han analizado un 20% y aceptado 80.000. Han denegado una cuarta parte porque están incompletas o falta documentación.
El ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá explica que no había otra forma de hacerlo para evitar el fraude y que realmente llegue a quien lo necesita. Admite, eso sí, que hay que rejuvenecer y reforzar las plantillas.
Los directores de Servicios Sociales denuncian que las gestiones tienen a medio millón de personas atrapadas en los trámites, entre la brecha digital y las dificultades de cumplimiento de los requisitos.
El Ingreso Mínimo Vital ha llegado a menos del 1% de los hogares que lo han solicitado desde su aprobación en junio, según datos del propio ministerio. El colapso de la Administración y la excesiva burocracia están dificultando que esta ayuda llegue a quienes más lo necesitan.
