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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha aprovechado su show televisivo para acusar públicamente al Gobierno español de un complot contra Venezuela. Los dos turistas detenidos en la ciudad de Puerto Ayacucho serían agentes del CNI, según el relato chavista, encargados de "poner bombas" para realizar atentados en el país. Se desconoce la fecha exacta en que José María Basoa y Andres Martínez, de nacionalidad checa y estadounidense, fueron detenidos, aunque se sabe que el 8 de septiembre deberían haber cogido el vuelo de regreso a España.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha mostrado el "rechazo" del Ejecutivo a las palarbas del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en las que acusó de ser terroristas a los dos españoles detenidos el pasado sábado.

"Evidentemente, rechazar esas declaraciones, vayamos a los hechos, lo importante es saber la labor que está haciendo el Gobierno, hemos solicitado por nota verbal para verificar la identidad de estas personas y poder verles, cuáles son los cargos y ejercer la protección diplomática", ha asegurado la portavoz a las preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

El Parlamento Europeo discute este martes si reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela y el exministro Exteriores José Manuel García-Margallo espera que la Eurocámara apruebe esta propuesta. "El Parlamento Europeo, después de ver los informes internacionales, tiene que hacer algo, y eso pasa por reconocer al presidente electo", ha afirmado Margallo, que considera que esperar a que el Gobierno venezolano entregue las actas no tiene sentido. “La postura de esperar a que Maduro entregue las actas es, con todo el respeto, una solemne bobada […] Es darle todo el tiempo [a Maduro] para que se siga manteniendo el poder y siga cometiendo las atrocidades que está cometiendo en este momento", ha reconocido en Las Mañanas de RNE.

El barrio de La Parada (Colombia), está a a escasos metros de la frontera con Venezuela, y se ha convertido en un almacén del que parten los productos que escasean al otro lado. Entre los vendedores, están los que se ganan la vida con su negocio y aquellos que lo hacen con el contrabando. Detrás, están las bandas del crimen organizado, que son las que dirigen realmente la barriada. En la aduana, el flujo de personas y productos es constante, desde vendedores hasta coches fúnebres de venezolanos muertos en Colombia -u otros países de Latinoamérica- que son repatriados de vuelta a su origen.

En España, el Gobierno sigue intentando que Venezuela aclare exactamente de qué se acusa a los dos españoles detenidos allí e insiste en que no hay ninguna operación para desestabilizar al régimen de Nicolás Maduro. Este lunes Pedro Sánchez ha vuelto a reclamarle las actas electorales. La Unión Europea considera lamentable la detención en Venezuela de dos españoles y un checo. Su portavoz de exteriores dice que siguen el caso con preocupación.

Mientras sigue la escalada verbal, el alto representante de la UE en Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ya se refiere al de Venezuela como un régimen dictatorial y autoritario. Un portavoz de Maduro le ha contestado llamándole "vocero del mal con las manos manchadas de sangre".

Ha sido una de las primeras votaciones del nuevo curso político, a pesar del gobierno. El PP ha impuesto su mayoría para reconocer a Edmundo González como el legítimo presidente de Venezuela. La semana que viene la propuesta llegará al pleno del Senado. Ninguna de las dos cámaras será determinante porque es el consejo de ministros donde hay que tomar esa decisión.  

Los familiares de los dos españoles detenidos en Venezuela denunciaron su desaparición a la Ertzaintza el pasado 9 de septiembre. Aseguran que el lunes anterior, el 2 de septiembre, fue la última vez que pudieron hablar con José María Basua Badovinos, de 35 años, y Andrés Martínez Adasme, de 32. Según su versión, los dos hombres habían viajado de vacaciones a Caracas el 17 de agosto. De ahí fueron a Colombia, donde se les perdió la pista hasta que les detuvieron en la localidad venezolana de Puerto Ayacucho. El Gobierno de Nicolás Maduro dice que los dos hombres tienen vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España y les acusa de formar parte de una operación contra el presidente venezolano, una premisa que España rechaza. El padre de Martínez Adasme ha negado a el diario El Mundo que su hijo pertenezca al CNI. En su perfil de Linkedin, aparece como desempleado y Basua como técnico superior de instalaciones de gas, calefacción, fontanería y clima. Foto: EFE/ Venezolana de Televisión

Fuentes oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores han desmentido "rotundamente" a RTVE las insinuaciones de su implicación "en una operación de desestabilización política en Venezuela". "El Gobierno ha constatado que los detenidos no forman parte del CNI ni de ningún otro organismo estatal", aseguran, al mismo tiempo que subrayan que "España defiende una solución democrática y pacífica a la situación en Venezuela”.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció el sábado la detención de los dos ciudadanos españoles, a los que vinculó con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Los ciudadanos vascos fueron detenidos junto a tres estadounidenses y un checo, todos ellos implicados en una supuesta operación que tenía como objetivo llevar a cabo actos "terroristas", entre ellos asesinar al presidente, Nicolás Maduro. Según el Gobierno venezolano, España "iba a suministrar mercenarios" para una supuesta operación dirigida por Estados Unidos.

Un misil balístico disparado desde Yemen ha activado las alarmas antiaéreas en el centro de Israel, según ha informado el Ejército israelí. Unas nueve personas han resultado heridas leves mientras corrían a los refugios por el lanzamiento, reivindicado por los hutíes. Este domingo Israel ha detectado también el lanzamiento de unos 40 proyectiles desde Líbano, de los que la mayoría han sido interceptados. Israel y la milicia chií libanesa Hizbulá mantienen cruces de ataques en la zona desde hace meses debido al recrudecimiento de la guerra en Gaza. Foto: MENAHEM KAHANA / AFP