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La autopsia realizada este martes en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Huelva ha revelado que Laura Luelmo sufrió una agresión sexual, además del golpe en la frente que provocó su muerte entre los días 14 y 15 de diciembre, entre dos y tres días después de su desaparición en El Campillo (Huelva), han confirmado fuentes cercanas a la investigación a TVE.

Según las mismas fuentes, han sido encontrados en el cuerpo de la joven restos biológicos y ahora tendrán que cotejarlos para ver si coinciden con los de Bernardo Montoya, el hombre de 50 años detenido como principal sospechoso y que ha confesado el crimen después de dar varias versiones contradictorias durante el interrogatorio ante la Guardia Civil, si bien ha mantenido que intentó violarla el mismo día de la desaparición pero que finalmente no lo hizo. Esta versión ha caído tras conocer el resultado de la autopsia.

En Melilla han abierto un expediente disciplinario a cinco policías por una paliza a un joven melillense. Un testigo lo grabó con el móvil. El chico, que es menor de edad, reconoce que él también golpeó pero en defensa propia. La Delegación de Gobierno dice que lo están investigando y pide calma.

Importante acogida de la iniciativa impulsada desde el mes de abril en redes sociales con el #Cuéntalo sobre agresiones sexuales y abusos. Tan solo en 10 días participaron cerca de tres millones de mujeres apoyando la causa y se han recogido 160.000 testimonios. Hablamos con Cristina Fallarás, periodista, escritora e impulsora de esta campaña.

El término violación volvería al Código Penal. Lo han reclamado las mujeres en la calle y la comisión que estudia la reforma legal lo ha escuchado. Todos los delitos contra la libertad sexual quedarían encabezados bajo el término de "violaciones y agresiones sexuales", independientemente de que haya violencia o no. Hasta ahora el Código Penal considera abuso cuando no la hay y agresión si ha existido.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha solicitado al Ministerio del Interior que adopte las medidas de protección necesarias para los jueces que trabajan en Cataluña y también para el magistrado del Tribunal Supremo que enjuicia el 'procés', Pablo Llarena, cuyo domicilio fue atacado por segunda vez el pasado miércoles. Mientras, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido no generar alarma. POr su parte, Ciudadanos ha denunciado a Arran ante la Fiscalía por un delito de odio tras las pintadas en la casa del magistrado.