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El juez estadounidense Thomas Griesa ha ordenado a Argentina y a sus acreedores que retomen las negociaciones para buscar una solución a la disputa de la deuda. El Gobierno argentino ha respondido que no puede cumplir con la sentencia ni llegar a un acuerdo.

El juez federal Thomas Griesa ha pedido que sigan las negociaciones entre Argentina y los fondos buitre y ha calificado de "medias verdades" las declaraciones de los miembros del Gobierno de Argentina, que han insistido en los últimos días en afirmar que el país ha cumplido con sus obligaciones. Por otra parte, la agencia de calificación Fitch ha rebajado la nota de la deuda soberana de Argentina para situarla en RD, situación restringida de suspensión de pagos, después de que el Gobierno de Cristina Fernández no llegase a un acuerdo con los denominados fondos buitre. Fitch sigue así los pasos de Standard & Poor's.

El ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, ha dicho que los "títulos de deuda argentina tienen prospectos donde explican claramente cuando la República Argentina se encontraría en un default y el gran problema para todos los que andan agitando esto como si fuera un fantasma es que ninguna de estas condiciones que constan en los contratos se cumplen a día de hoy".

Mientras que la agencia de calificación de riesgos S&P ha situado al país en suspensión de pagos selectiva.

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Argentina podría declarar dentro de pocas horas la octava suspensión de pagos de su historia. Los negociadores apuran el plazo para llegar a un acuerdo con algunos de sus acreedores que exigen cobrar toda la deuda. El Gobierno insiste en que ya pagó a los que aceptaron una quita.

 

El fantasma de la suspensión de pagos vuelve a sobrevolar la economía argentina. Sería la segunda vez que ocurre esto en los últimos 12 años. El Gobierno argentino, encabezado por el ministro de Economía Axel Kicilof, se encuentra en Estados Unidos negociando un acuerdo con los inversores internacionales. Los fondos buitres, según la presidenta Fernández de Kichner, reclaman el pago de 1.300 millones de euros después del pronunciamiento favorable de un tribunal estadounidense. El plazo para que Argentina satisfaga a los acreedores acaba este 30 de julio (30/07/14).