La decisión del BBVA y CajaMar de retirar las cláusulas suelo de sus contratos hipotecarios tras la sentencia del Tribunal Supremo podría, según el sector bancario, extenderse a otras entidades.
El presidente de la Asociación Hipotecaria Española, Santos González, ha destacado en declaraciones al Canal 24 Horas que el Supremo ha declarado ilegales "las cláusulas suelo con déficit de información, en ningún caso las ha declarado nulas de forma general" y sin carácter retroactivo. González ha subrayado que las claúsulas suelo pueden seguir siendo incluidas, siempre que se informe debidamente de ellas. El presidente de la Asociación Hipotecaria Española considera que la sentencia puede empujar a varios bancos a quitarlas, como ya han hecho BBVA o Cajamar, pero que todo se reduce a aplicar una sentencia del Supremo.
El BBVA deja de aplicar la cláusula suelo en todos los contratos de préstamos hipotecarios que la incluyan, una medida con efectos desde el pasado 9 de mayo que afecta a unas 425.000 hipotecas. La decisión de la entidad significa que los clientes que hayan firmado una hipoteca con ese banco, y tengan esta cláusula en su contrato, podrían ver rebajada su cuota mensual, aunque todo depende de las condiciones que tengan. Así lo ha comunicado la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un hecho relevante en el que reconoce que esta decisión supondrá para el banco dejar de ganar unos 35 millones de euros solo en junio.
El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, ha dicho que la troika -FMI, BCE y CE- ha hecho una visita periódica recientemente, y ha valorado cómo se cumplen todas las condiciones acordadas en el Memorándum de Entendimiento, y por tanto "nada hace pensar que sea necesario prorrogarlo".
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, investigará también por la comercialización de preferentes al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y a otros seis exconsejeros, entre ellos, Gerardo Díaz Ferrán y representantes del PP, PSOE, CCOO y UGT.
Inquietud e indignación entre los 70.000 afectados por las preferentes en Galicia, después de conocer que tendrán un recorte adicional del 14% en sus ahorros para recuperar su dinero. En el Parlamento gallego, el Partido Popular y la oposición se han acusado mutuamente por su responsabilidad en este caso.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha lanzado un mensaje al sistema financiero español, al que ha pedido que esté "a la altura de las circunstancias" y facilite el crédito para impulsar el crecimiento y el empleo. "Espero que las líneas de crédito ICO se agoten y, si es necesario, haya más este 2013", ha asegurado Rajoy durante la presentacion del anteproyecto de ley de apoyo a los emprendedores en La Moncloa ante representantes de autónomos y pymes. Rajoy ha recordado que España está muy endeudada, por lo que hay gente y empresas que tienen que desapalancarse. Pero también ha subrayado que "hay mucha gente que ha hecho bien las cosas y tiene derecho a que se le dé crédito".
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha establecido una quita adicional del 13,8% para el canje de las participaciones preferentes y deuda subordinada perpetua de Catalunya Banc y NCG Banco, según ha hecho público el organismo. El pasado marzo el FROB estableció para los clientes de Catalunya Banc un descuento del 61% en los casos de preferentes, un 41% en los de deuda subordinada perpetua y un 15% en los de deuda con vencimiento. Para NCG el recorte fue del 43% en preferentes, del 41% en deuda subordinada y del 22% con vencimiento.
El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha culpado a los gestores de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) de su intervención y posterior adjudicación al Banco Sabadell. Así lo ha indicado en las Cortes Valencianas, durante su intervención en la comisión especial de investigación sobre el proceso que llevó a la intervención de la CAM por parte del Banco de España.
Este domingo se cumple un año de la petición de rescate que hizo el gobierno de España al Eurogrupo para sanear nuestro sistema bancario. Un préstamo de 41.000 millones de euros a cambio de la reestructuración de la entidades intervenidas. Un año después, emitir deuda le cuesta al Tesoro un 30% menos y los expertos inciden en que el crédito sigue sin fluir.
