La Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de diez años de inhabilitación para el expresidente de la Junta Manuel Chaves por prevaricación en el juicio de los ERE, y de seis años de prisión y treinta de inhabilitación para su sucesor, José Antonio Griñán, por prevaricación y malversación.
En Andalucía, el PP ha pedido explicaciones al gobierno de Susana Díaz (PSOE) después de que una juez haya iniciado una investigación sobre supuestas transferencias millonarias similares a las de los ERES. La presidenta andaluza defiende su gestión.
El juicio de la llamada pieza política del caso de los ERE se ha reanudado este lunes con las declaraciones de los últimos testigos propuestos por la defensa antes de que empiece la próxima semana la prueba pericial. En cuestión está si el procedimiento empleado por la Junta para pagar las ayudas de los ERE se ideó con el fin de evitar los controles, y conceder las subvenciones de forma arbitraria, como sostiene el fiscal. En total 850 millones de euros a lo largo de una década. Entre los 22 ex altos cargos acusados, dos ex presidentes, Manuel Chaves, que se enfrenta a una pena de 10 años de inhabilitación por prevaricacion continuada. Y José Antonio Griñán para el que la fiscalía pide 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación porque le añade el presunto delito de malversación.
ERE: Un comandante de la UCO de la Guardia Civil que elaboró un atestado sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo que concedía las ayudas de los ERE ha declarado que el sistema para dar dichas ayudas "era conocido" por el Consejo de Gobierno. El agente ha ratificado el atestado elaborado en mayo de 2012 durante la instrucción según el cual la Junta daba las ayudas investigadas con una "total falta de procedimiento desde el punto de vista administrativo" sin solicitud de las ayudas, publicidad ni norma reguladora y otorgadas por el director de trabajo cuando el competente era el consejero.
El que fuera presidente del Gobierno andaluz durante 19 años, Manuel Chaves, ha defendido este lunes que "siempre" ha partido de que sus consejeros "en cualquier actuación respetaban la ley" y que le cuesta creer que "intencionadamente se hubiera establecido un procedimiento ilegal o para burlar la ley". Chaves se enfrenta a 10 años de inhabilitación en el juicio de la pieza política del caso de los ERE por prevaricación al crear y mantener presuntamente un "procedimiento específico" con el que del 2001 al 2011 se repartieron más de 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, según la Fiscalía, de forma arbitraria y eludiendo los controles.
El expresidente de la Junta de Andalucía se enfrenta a diez años de inhabilitación, acusado de prevaricación en el juicio de la pieza política de los ERE. Manuel Chaves ha negado conocer los detalles de las ayudas "cómo se daban, qué procedimientos, normativas, exigencias y requisitos.no lo conocía, no era de mi ámbito de decisión política, pero partía de la confianza del equipo de gobierno que cualquier ayuda, procedimiento, exigencia o requisito estaban en la ley". Las ayudas irregulares por importe de 850 millones que se investigan comenzaron en 2001 bajo su mandato.
