Su salida de la cárcel es inminente. La Audiencia de Barcelona ha aceptado la petición de Dani Alves de quedar en libertad bajo fianza de un millón de euros mientras se resuelve el recurso que ha presentado contra la sentencia. Estas son las claves de la decisión. Foto: EFE/ ALBERTO ESTÉVEZ
El economista y catedrático de la Universidad Ramón Llull, Santiago Niño Becerra, apunta que el cupo catalán supondría "cierta complicación administrativa", pero la esencia del problema, es que la ley de financiación autonómica, la LOFCA de 1980 "está diseñada terriblemente mal desde el principio". Entrevistado en TVE, Niño Becerra indica que con "el café para todos, no se tuvo en cuenta el nivel de sostenibilidad de las competencias transferidas". Recuerda que Aragón no quería asumir la Sanidad y Aznar le obligó a aceptar esta competencia y denuncia "situaciones kafkianas", como que Extremadura reciba el 17% de su PIB de tres comunidades contribuyentes netas y tenga el triple de empleados públicos que Cataluña. En su opinión, "habría que ver qué comunidades pueden sostener qué competencias y las que no fuesen sostenibles que estuvieran en una situación de estatalización". Con respecto al PIB per cápita como medida económica, señala que también habría que ofrecer el dato de concentración de la riqueza, porque en España el 10% de la población controla el 50% de los recursos.
Los funcionarios de prisiones se concentrarán hoy a las puertas del Palau de la Generalitat para exigir una reunión con el president Aragonès. Las concentraciones se dan una semana después del asesinado de Nuria, una cocinera de la prisión de Tarragona a manos de un preso. En Las Mañanas de RNE hablamos con Joaquín Leyva, portavoz ACAIP-UGT, (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias): “Ha ocurrido en Cataluña como podría haber ocurrido en cualquier prisión del Estado”.
Hablamos sobre la situación de las cárceles en nuestro país, en las que la violencia ha aumentado estos últimos años pese a tener menos población reclusa: “Tanto en el 2022 como en 2023, hemos tenido los años de mayor agresividad. Tanto hacia los trabajadores como entre los propios internos", cuenta Leyva, y añade que esto se debe a que “tenemos una política que atiende demasiado al maquillaje estadístico y que olvida un tratamiento personalizado hacia los internos [...] No tenemos una clasificación interior acorde realmente a la conflictividad y a la peligrosidad de los internos”. Leyva insiste en la importancia del "tratamiento individual" del preso.
El portavoz de ACAIP-UGT apunta que el 15% de la población reclusa provoca el 90% de los incidentes: “Esto que ha ocurrido es una línea roja que se ha traspasado y debe suponer un punto de inflexión para que se tomen realmente en serio, las medidas jurídicas y que los trabajadores penitenciarios seamos considerados agentes de la autoridad”.
Joaquín Leyva también denuncia el déficit de médicos en las prisiones y el número de internos por celda: "Las estadísticas de la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias marca como normal que haya dos internos por celda cuando la ley dice expresamente que debe haber uno y excepcionalmente dos. Tenemos módulos con 72 celdas y con 130 o 140 internos. Evidentemente, el hacinamiento también provoca conflictividad. Así son imposibles las labores de reeducación y reinserción".
En plena precampaña catalana, el president Pere Aragonès propone que Cataluña tenga una financiación similar a la del concierto vasco, pero incluyendo también recursos para un fondo de solidaridad. De acuerdo con su planteamiento, recaudaría el 100% de los impuestos y después, haría una transferencia al Estado. El Gobierno dice que está dispuesto a negociar una reforma para todas las comunidades autónomas.
Foto: EFE/Quique García
Hoy ha habido una nueva jornada de protestas de los funcionarios de prisiones en las cárceles catalanas. Los trabajadores exigen mejoras en la seguridad y que no se repitan las circunstancias que permitieron el asesinato de Nuria, una trabajadora de la cocina de Mas d'Enric. Montserrat Tura, ex consejera de Interior y Justicia de la Generalitat de Cataluña, ha expresado en 24 horas de RNE que nunca había sucedido un hecho de estas características. Gemma Ubasart, actual consejera de justicia, ha anunciado hoy medidas como un mayor control en las cocinas y más vigilancia. "La seguridad debe garantizarse en todo momento. Pero es evidente que en la cocina habrá siempre instrumental que pueda usarse a efectos no culinarios. Y ahí hay que basarse en la confianza y en un sistema que, hasta ahora, había funcionado", ha declarado Tura.
Tura ha señalado que la Generalitat tiene la competencia de garantizar que el sistema de selección y de seguimiento de los presos, que se destinan a determinados trabajos, sea muy metódica: "Tienen que establecer sistemas no solo de formación, sino también de seguridad y de disciplina. Lo que busca el sistema penitenciario, al menos el catalán, es la balanza entre la reeducación, la disciplina y el respeto a la normativa".
Sobre las protestas de los funcionarios de prisiones, Montserrat Tura ha afirmado que le cuesta entender que no utilicen el sistema de protesta habitual: "Podrían declararse en huelga sin necesidad de bloquear la entrada y la salida porque lo que están haciendo con eso es vulnerar los derechos que tienen los presos". Ha concluido la entrevista insistiendo en que se debe garantizar "la seguridad, la reeducación y la reinserción", ya que "una cosa no debe hacer abandonar la otra".
En Cataluña, sigue el bloqueo en las cárceles por cuarto día consecutivo tras la muerte de una cocinera, asesinada por un preso. Hay 4.000 internos confinados.
Tras el gabinete de crisis, la Generalitat emplaza a los sindicatos a sentarse a negociar. Ofrece aumentar la plantilla con más de 700 efectivos en los próximos meses y de forma inmediata, pero los trabajadores de prisiones quieren más.
Foto: Marc Trilla / Europa Press
Las elecciones catalanas del 12 de mayo ya están convocadas oficialmente. Este lunes, Pere Aragonés ha firmado el decreto. Los partidos tienen hasta el 1 de abril para presentar sus listas, pero ya han empezado a lanzar sus mensajes en clave electoral. Foto: EFE/Quique García
Las protestas en las cárceles catalanas han provocado que este lunes cerca de 4.000 internos no hayan podido salir de sus celdas por falta de personal. La situación es cada vez más tensa fuera y dentro de los centros penitenciarios. Los funcionarios de prisiones protestan por el asesinato de una cocinera y piden más medidas de seguridad. La Generalitat acaba de convocar de urgencia un gabinete de crisis para buscar soluciones.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que es posible construir una Cataluña distinta al separatismo. Así, ha avisado de que frenar el 'procés' en Cataluña exige "no confiar ni en el PSC, ni en ERC ni en Junts" porque "son tres patas del mismo proyecto", "un proyecto de ruptura institucional".
Además, ha asegurado que la amnistía es "una condena a los demócratas" porque lo que hace es "abrir muchos conflictos" al ser un "camino que conduce hacia la autodeterminación" según los independentistas.
FOTO: El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto este lunes. Marta Fernández Jara / Europa Press
Ignacio Garriga, secretario general de VOX y aspirante a candidato del partido a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, ha afirmado en Las Mañanas de RNE que desde su partido están “dispuestos y preparados para dar un mensaje de esperanza de que es posible construir esa Cataluña post-separatismo”. Admite que no les inquieta una posible unión en la derecha entre PP y Ciudadanos, pues desde Vox, según Garriga, llevan tiempo “identificando una serie de problemas que ninguna otra formación política ha denunciado a lo largo de esta legislatura”, poniendo como ejemplo “la creciente inseguridad que se padece en Cataluña, asociada al fenómeno de la inmigración ilegal”.
Garriga ha insistido en que es el momento de que Vox plantee "una alternativa total a lo que hemos conocido hasta ahora”. Añade que su formación “no ha parado de crecer en ninguna elección de Cataluña” y que tiene más capacidad de crecimiento. “No tengo ninguna duda de que estamos en el camino correcto […] Lo hemos visto en la calle cómo la acogida permanente cada día es mejor, y estoy seguro de que el próximo 12 de mayo eso se traducirá como votos”, sentencia.
En cuanto a la ley de amnistía, que ya está en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y podría frenar su tramitación, Garriga apunta: “Nosotros vamos a seguir exigiendo […] llamando a la responsabilidad y a la coherencia al Partido Popular […] Tiene que hacer todo lo que esté en su mano para evitar que el Senado llegue a debatir esta infame ley”.
Sobre la renuncia a negociar los presupuestos generales del Estado de 2024, Ignacio Garriga afirma que “los españoles ven cómo un gobierno está más preocupado de contentar a sus socios que en aprobar los presupuestos que merecen los españoles” y destaca la urgencia del PP de que “se crea el papel del líder de la posición y que lo ejerza en el Congreso” para “tumbar cualquier ley que llegue del Partido Socialista”.
Los funcionarios de prisiones continúan hoy con sus protestas. Lo hacen frente a centros penitenciarios de Barcelona, Lleida y Tarragona. El detonante: el asesinato, la semana pasada, de una cocinera en la prisión de Tarragona a manos de un preso, que después se suicidó. Una inseguridad que los trabajadores de prisiones de Cataluña llevan tiempo denunciando y ante la que exigen la dimisión de la consellera de Justicia, Gemma Ubasart. Hablamos con Alberto Gómez, coordinador de CSIF Presons, que asegura que Ubasart "no es una interlocutora válida: ha demostrado un desconocimiento total del sistema, falta de empatía hacia su palntailla, no sabe cuál es el día a día en prisión". "Llevamos denunciando desde 2016 el incremento de las agresiones", recuerda, e insiste en que la plantilla está muy envejecida y faltan recursos humanos, algo que en su trabajo "es peligroso". Y añade: "No somos reconocidos como agentes de autoridad.
Todo esto crea una sensación de impunidad en parte de la población penitenciaria, porque no tienen miedo al castigo. Falla la política penitenciaria".
