Tumbar la reforma laboral aprobada por el Partido Popular en 2012 supondrían encarecer la indemnización por despiedo improcedente, que pasarían de 33 a 45 días por año trabajado. Además, las empresas no podrían aligerar plantilla sólo por una disminución de ingresos, sino que se les exigiría acreditar perdidas. La justicia recuperaría la tutela sobre los despidos colectivos y el convenio del sector volvería a estar por delante del de empresa. Además el convenio seguiría vivo que se pactara uno nuevo. Informa Esperanza Martín.
Los empresarios hablan de irresponsabilidad mayúscula y desprecio indignante al diálogo social el acuerdo entre el PSOE-Podemos-EH Bildu para "tumbar" la Reforma Laboral, Acusan al Ejecutivo de dinamitar el papel que la Constitución otorga a los agentes sociales y alertan sobre las consecuencias incalculables sobre la economía y en la confianza empresarial dentro y fuera de nuestras fronteras, Las críticas también llegan desde los Sindicatos.
Gobierno, empresarios y sindicatos han escenificado en La Moncloa la vuelta al diálogo social con la firma del primer acuerdo para hacer frente a la crisis del coronavirus: un acuerdo para prolongar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) hasta el 30 de junio. Mañana lo ratificará el Consejo de Ministros; este miércoles se reunirán por primera vez y analizarán la situación económica de cada sector económico. Entre los más perjudicados están el turismo y la automoción, que podrían mantener las condiciones de los ERTE más allá de la fecha acordada, según ha avanzado la ministra de Trabajo Yolanda Díaz.
Gobierno, empresarios y sindicatos han escenificado en La Moncloa la vuelta al diálogo social con la firma del primer acuerdo para hacer frente a la crisis del coronavirus. Se trata del acuerdo para prolongar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) hasta el 30 de junio. Mañana lo ratificará el Consejo de Ministros.
Sindicatos y patronal han dado el visto bueno al acuerdo para extender los ERTE por causa mayor hasta el 30 junio, aunque no se prorrogan todas las ventajas. Por ejemplo no podrán acogerse a ellos las empresas radicadas en paraísos fiscales. Además las compañías que se beneficien de ellos no podrán repartir dividendos y sigue la exigencia del mantener el empleo durante al menos seis meses salvo que la empresa esté al borde de la quiebra.
El Gobierno fía la recuperación de los datos de empleo a la desescalada de las medidas contra el coronavirus, mientras la oposición habla de unos datos de la EPA muy preocupantes.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha mostrado favorable en 'Las mañanas de RNE' a la creación de una renta mínima temporal "para no dejar a nadie atrás en este momento excepcional". Garamendi ha insistido en que debe ser algo coyuntural y no una ayuda que permanezca cuando el país empiece a funcionar con normalidad.
Garamendi ha dicho que el dato de paro del primer trimestre es lamentable y por eso ha subrayado que es importante que la actividad vuelva cuanto antes para "evitar más dramas económicos". "El país debería empezar a ponerse en marcha", ha afirmado Garamendi que ha recordado que países como Alemania, Francia o Italia "están ya con la desescalada". "Hay que arrancar de alguna manera, sobre todo pequeños bares y comercios, que si no abren ya, muchos no podrán volver a abrir", ha reiterado. El presidente de la CEOE cree que "nos costará menos ponernos en marcha que en la anterior crisis" porque el origen no ha sido financiero, sino sanitario.
Garamendi ha reconocido que no vamos a tener un verano normal y que todos los sectores relacionados con el turismo "lo van a pasar especialmente mal", como las aerolíneas, los hoteles, las agencias de viaje y la hostelería. En este sentido, ha reclamado al Gobierno que extienda los ERTES más allá del estado de alarma para que no quiebren miles de empresas. Preguntado sobre la posible nacionalización parcial de algunas empresas que reclaman los sindicatos, Garamendi ha recalcado que la salida a la crisis pasa por la actividad privada. "Querer volver a gestiones antiguas me parece una buena reivindicación para el 1 de mayo, pero las veo poco reales y poco inteligentes", ha concluido.
El presidente de la CEOE pide que se prolonguen los ERTE el tiempo que sea necesario para salvar el empleo durante la pandemia de coronavirus. Antonio Garamendi, en una entrevista en Los Desayunos de TVE, ha mostrado su preocupación por los 3,5 millones de personas que están bajo un expediente de regulación temporal de empleo. Considera que las empresas necesitan ayudas para mantener los puestos de trabajo, ya han cerrado 120.000, y que los ERTE se mantengan "lo que haga falta" para ir recuperando poco a poco la actividad.
El vicepresidente de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, ha asegurado que los empresarios no han presionado al Gobierno para que reanude la actividad económica. "La única presión será la de la sociedad, si la economía no se recupera rápidamente", ha dicho Fernández de Mesa. Además, ha acusado al Ejecutivo de falta de anticipación y ha puesto como ejemplo que se aprobara ayer a última hora la guía del ministerio de Industria con las recomendaciones laborales.
Una familia de dos miembros con dos menores a cargo sin ingresos percibiría 950 euros mensuales. CEOE y CEPYME no acuden a la mesa de diálogo y acusan al Gobierno de no haber negociado esta iniciativa con ellos e intentar presionarles para dar el visto bueno a lo que consideran una "propuesta de partido".
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