La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha declarado tras el consejo de ministros que "todas y cada una de las empresas tendrán que tener planes de igualdad" además de un "diagnostico negociado con los agentes sociales" que contemplará desde el acceso, la permanencia y hasta la salida del puesto de trabajo. También "auditorías salariales" con el fin de intervenir "en aras a la igualdad entre hombres y mujeres".
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que habrá una norma que garantizará que hombres y mujeres perciban el mismo salario por el mismo empleo. "Se acabó que un hombre y una mujer en nuestro país puedan percibir diferente remuneración", ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
El Gobierno va a ampliar la lista de deudores tributarios, de manera que disminuye el umbral de deuda a 600.000 euros para aparecer en la lista. Así lo ha anunciado este martes la portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Además, ha explicado que también se incorporarán a la lista "a los responsables solidarios", porque "son los causantes de la morosidad" con Hacienda. También ha anunciado que se amplía la denominación de paraíso fiscal para incluir a los países que "no realicen el intercambio de información efectiva con España, de manera que se perjudica así la lucha contra la evasión fiscal".
Radio Nacional ha tenido acceso al Decreto contra la brecha salarial que aprobará mañana el Consejo de Ministros. La empresa deberá demostrar, desde que entre en vigor, que no hay discriminación por sexo en caso de denuncia.
La brecha salarial entre hombres y mujeres supera el 20% y para evitarlo el Decreto establece mecanismos como los registros retributivos o las auditorías. Los registros tienen que incluir información sobre toda la plantilla, incluyendo a directivos y altos cargos.
Establece que cuando una persona trabajadora solicite esta información se le facilitarán las diferencias porcentuales entre los salarios de hombres y mujeres. Además establece como obligatoria la auditoría salarial en todas las empresas, que tienen la obligación de tener planes de igualdad.
Otro Real Decreto que se aprobará mañana quiere garantizar que todas las empresas de más de 50 trabajadores desarrollen y registren sus planes de igualdad.
El Gobierno decretaba el estado de alarma en la Comunidad de Madrid en contra de la opinión del Gobierno regional. En el programa ParlamentoParlamento de Radio 5 hablamos con Fernando Álvarez-Ossorio, catedrático de Derecho constitucional de la Universidad de Sevilla.
Señala que el Ejecutivo ha utilizado una herramienta que le permite la Constitución para realizar una de sus competencias que es preservar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Afirma que "la aplicación del estado de alarma ha tenido la forma de un 155" por la situación en la que se ha dado, con discrepancias entre ambas administraciones, pero que esta es legítima. Añade Álvarez-Ossorio que esto significa un paso atrás en materia jurídica y critica que la Comunidad de Madrid no haya acatado la decisión del Gobierno que venía del Consejo Interterritorial. El catedrático ha explicado además, las diferencias entre el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el de Castilla y León. El primero entiende que las restricciones las impone Sanidad, mientras que el segundo cree que estas vienen desde la propia región según los requisitos que marca el propio ministerio. Esta última, según Álvarez-Ossorio, una decisión "más ajustada a derecho". Estas medidas se podrían levantar antes de tiempo si la situación mejorase en estos territorios.
Critica que todo esto solo genera insteguridad política y jurídica, y que perjudica a los ciudadanos. Afirma que el Gobierno central debería haber modificado la legislación ordinaria para atenuar la salida del estado de alarma y evitarse así problemas futuros.
El Consejo extraordinario está convocado para, si fuera necesario, declarar el estado de alarma en la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo prácticamente da un últimatum en el que presenta varias opciones a la autonomía presidida por Isabel Díaz Ayuso, que ha hablado con el presidente Pedro Sánchez para pedirle tiempo. En un extenso comunicado, la Secretaría de Estado de Comunicación informan de dicha conversación y detallan las tres opciones: una orden sanitaria de la Comunidad de Madrid que corrija la sancionada por el TSJM, una petición del estado de alarma por parte de la CAM o una declaración unilateral del estado de alarma por parte del Ejecutivo de Sánchez. Informa Sandra Gallardo.
El Gobierno ha aprobado un techo de gasto inédito de hasta 196.000 millones para 2021 por el coronavirus. Es más de un 50% superior a la aprobada por el Ejecutivo para este año. Una parte, más de 27.000 millones, será a cuenta de los 140.000 millones que España espera recibir de los Fondos Europeos.
Además, en línea con otros organismos, el Ejecutivo ha empeorado sus previsiones económicas. La caída del Producto Interior Bruto (PIB) será más intensa este año, hasta el 11,2 %; pero el rebote en 2021, si la pandemia no se recrudece, podría llegar al 7,2 %.
Jacobo Dopico, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III, ha explicado que los indultos son trámites “sencillos”. En el informativo 24 horas de RNE, Dopico ha explicado los pasos a seguir para solicitar un indulto. El proceso comienza con la emisión de una solicitud al ministerio de Justicia explicando los motivos que aconsejan el indulto y puede solicitarlo cualquiera; después se recaban informes, se pide opinión al tribunal sentenciador y se pide un informe al director del centro penitenciario, tres elementos que no son vinculantes. Por último, resuelve el Consejo de Ministros. Dopico ha indicado que el Consejo de Ministros es “soberanísimo” a la hora de conceder un indulto. “No es una decisión basada en elementos jurídicos, estos elementos ya están en la sentencia, se basa en elementos extrajudiciales”, ha sostenido el catedrático de derecho penal.
El Consejo de Ministros ha acordado agilizar la concesión del ingreso mínimo vital y garantizar que se conceda a todas las personas susceptibles de ser beneficiarias mediante un paquete de medidas que solvente los problemas burocráticos que está habiendo debido a la lentitud y trabas en su tramitación.
Nuestro colaborador Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, ha analizado en este 24 horas de Radio Nacional el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática aprobado por el consejo de ministros, explicando que "la reparación moral y el reconocimiento jurídico y político" debe apoyarse en tres pilares: la educación, la gestión política clara con los lugares de memoria del franquismo y la exhumación de todas las víctimas. "No puede haber familias con restos en las cunetas y que no sepan dónde están o que no haya una gestión pública del pasado", ha explicado, "Se pueden tener diferentes interpretaciones sobre el golpe o la guerra, pero no sobre esto: es gente tirada, sin actas de defunciones y el Estado nunca lo ha abordado desde una perspectiva de financiación pública". Asimismo, Casanova cree que hay que recuperar los archivos privados de la Fundación Francisco Franco e incorporarlos al Archivo Histórico Nacional.
La nueva Ley de Memoria Democrática, cuyo anteproyecto ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, prevé declarar "nulos de pleno derecho" los juicios sin garantías del franquismo, transformar el Valle de los Caídos en un cementerio civil y dotar al Estado de recursos para exhumar restos de fosas comunes.
Malena García, voluntaria de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, ha asegurado en 'Las mañanas de RNE' que la mejor ley de memoria histórica será aquella en la que el estado asume el liderazgo de las labores de exhumación y la atención a las víctimas del franquismo. "Las asociaciones no podemos seguir siendo intermediarias del Gobierno en este tema. El estado debe actuar directamente. Los derechos humanos no se subvencionan; se garantizan", ha dicho García, a propósito del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que aprueba hoy el Consejo de Ministros.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha avanzado que habrá un "plan de exhumaciones con recursos públicos" con el fin de "dignificar" a las víctimas que "lucharon contra el fascismo". "La primera situación de restitución y dignificación de las víctimas es encontrarlas, identificarlas, que sus familiares las puedan tener, darles sepultura con el honor que le corresponden porque son víctimas que lucharon contra el fascismo", ha explicado Calvo en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha anunciado en la rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros: "Hoy mismo voy a aprobar el reparto a las autonomías de los 2.000 millones de euros para el sistema educativo".
