Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros ha acordado declarar la zona catastrófica, zona afectada por una emergencia grave, todas las regiones afectadas por el temporal Filomena. según ha confirmado la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
Ocho regiones estarían incluidas en la primera valoración de la zona catastrófica que ha aprobado el Gobierno "Navarra, Andalucía, Asturias, Aragón, Castila y León, La Rioja, Madrid y Castilla La-Mancha", ha indicado Montero. Esta declaración supone fundamentalmente la llegada de ayudas y avales para tanto para las administraciones como para empresas.

El Consejo de Ministros ha acordado declarar la zona catastrófica, zona afectada por una emergencia grave, a todas las regiones afectadas por el temporal Filomena, según ha confirmado la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. Ocho regiones estarían incluidas en la primera valoración de la zona catastrófica que ha aprobado el Gobierno "Navarra, Andalucía, Asturias, Aragón, Castila y León, La Rioja, Madrid y Castilla La-Mancha", ha indicado Montero. Esta declaración supone fundamentalmente la llegada de ayudas y avales para tanto para las administraciones como para empresas.

El Consejo de Ministros ha acordado declarar la zona catastrófica, zona afectada por una emergencia grave, todas las regiones afectadas por el temporal 'Filomena' que hace unos días dejó fuertes nevadas, especialmente en Madrid y Castilla-La Mancha. Esta declaración facilita la concesión de ayudas directas o exención de impuestos a las personas que hayan sufrido daños en sus bienes, aunque no tengan seguro. El Gobierno no ha hecho todavía una evaluación de las ayudas necesarias. La memoria de daños se presentará en otro Consejo de Ministros.

La ley trata de compensar daños por fenómenos naturales como inundaciones, incendios e incluso grandes nevadas, como la que nos ha dejado Filomena. La iniciativa puede partir de los propios ayuntamientos pero la decisión última es del Consejo de Ministros. Se realiza a propuesta de Interior y tras una evaluación de daños.

Esta declaración facilita que el Estado dé ayudas directas tanto a particulares que hayan sufrido daños en sus viviendas o bienes. como a los ayuntamientos o Comunidades Autónomas. También incluye medidas fiscales, puede liberar de tener que pagar impuestos como el IBI o el de actividades económicas, y también otras ayudas de tipo laboral como la exención del pago de cuotas.

En España ya se ha utilizado esta herramienta en otras ocasiones. La última, en septiembre de 2019 cuando se declaró zona catastrófica la Comunidad Valenciana y Murcia tras el paso de la tormenta Dana, o en Galicia y Asturias por importantes incendios forestales.

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Beatriz Toribio, secretaria general de la Asociación de Propietarios de Viviendas de Alquiler, ha opinado que lo aprobado en el Consejo de Ministros “no resuelve el problema de fondo que hay en España y frenará el mercado de alquiler”. Toribio ha explicado que el decreto provocará “una oleada” de reclamaciones judiciales y creará un “efecto llamada a la ocupación”.  “España se convierte en una excepción en Europa por amparar la ocupación ilegal”, ha sostenido en el informativo 24 horas de RNE. La secretaria general de la Asociación de Propietarios de Viviendas de Alquiler ha considerado que el principal problema es la falta de alquiler y, sobre todo, de alquiler social.

Belén García Nieto, portavoz de la Coordinadora de Vivienda de Madrid de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha negado que el decreto aprobado propicie la ocupación ilegal: “Por fin reconoce el problema que hay en España con los desahucios”. García ha explicado que la responsabilidad de buscar una alternativa habitacional pasa a las comunidades autónomas. “Desde los grupos de vivienda creemos que no es una medad suficiente, da tregua a la oleada de desahucios sin revisar la vulnerabilidad de las familias, pero lucharemos porque estas medidas se queden y materialicen en una ley de vivienda estatal”, ha sostenido en el informativo 24 horas de RNE.

Autónomos y PYMES podrán aplazar sus deudas con Hacienda hasta un máximo de 30.000 euros durante seis meses, los tres primeros sin pagar intereses, en las declaraciones tributarias que presenten entre enero y marzo de 2021. Esta medida, similar a la adoptada al inicio de la pandemia, se incluye en el decreto de apoyo a los sectores más castigados por la crisis y supone la posibilidad de posponer el pago de impuestos desde abril hasta octubre para solventar problemas de liquidez. Hacienda calcula que podrán beneficiarse de este aplazamiento extraordinaria deudas por importe cercano a los 2.700 millones de euros. Además, el plan amplía la reducción en el IRPF para quienes tributan por módulos desde el cinco al 20 por ciento para todo 2020, reducción que alcanzará el 35 por ciento en el caso de negocios de hostelería, turismo y comercio. Informa David Martínez.

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El Consejo de Ministros ha aprobado el decreto que prohíbe el desalojo de una vivienda de personas que no tengan una alternativa habitacional. La decisión, que se extenderá al menos hasta que se mantenga el estado de alarma, incluye además la prohibición del corte de suministros básicos como el agua, la luz y el gas.

El Gobierno asegura que “garantiza que ningún consumidor vulnerable” tendrá cortes de suministro eléctrico. En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, María Jesús Montero ha dicho que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, es “especialmente sensible” a este tema y que pretender trasladar “alguna disposición adicional en la que garantiza que ningún consumidor vulnerable va a tener corte de suministro para los consumidores vulnerables. “No hay ninguna duda de que el Gobierno va a prohibir ese corte”, ha dicho Montero.

Nuevo choque en el Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, esta vez a cuenta de la jornada laboral de cuatro días. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha asegurado esta mañana que la medida no es viable en España, lo que contradice la posición defendida por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que anunció, aquí en TVE, que el Gobierno exploraba implantar los cuatro días de trabajo a la semana. Hoy la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha zanjado el asunto.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha subrayado que ni el Consejo de Ministros ni el "paraguas" del área económica del Gobierno ha abordado la semana laboral de cuatro días y ha pedido no desconcentrarse de las prioridades del país.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado que la vacunación se hará en tres fases, en función del número de vacunas disponibles contra el coronavirus y que las primeras dosis irán para las residencias de ancianos, tanto para el personal sanitario, sociosanitario, como para los residentes, luego se vacunarán el resto del personal sanitario de los hospitales y centros de salud. Illa ha detallado que se tendrán en cuenta 18 criterios para determinar los grupos prioritarios.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aclara que el presidente Pedro Sánchez ha dado "instrucciones expresas para que quienes velen por la ejecución de los fondos europeos sea el Consejo de Ministros en pleno". Ese encargo que antes se delegaba en una comisión interministerial, según un borrador filtrado a la prensa, ahora se ha decidido que "esa comisión interministerial fuera el propio consejo de ministros".

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Los primeros en vacunarse frente a la COVID-19 serán los mayores que viven en las residencias, sus cuidadores, el personal sanitario y las personas con alto grado de dependencia. Son 2,5 millones de personas que recibirán las dosis entre enero y marzo, según el plan de vacunación que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros. Posteriormente, en otras dos etapas, iría incorporándose otros 14 grupos prioritarios, aunque el ministro de Sanidad, Salvador Illa, no ha concretado cuáles son ni el orden de vacunación.  [Coronavirus: última hora en directo

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El Consejo de Ministros ha decidido ampliar las medidas de apoyo dirigidas a los autónomos y las pequeñas y medianas empresas que eran sostenibles antes de la pandemia. Se amplía de cinco a un máximo de ocho años el plazo para devolver los préstamos ICO avalados por el estado y el período de carencia se extiende hasta los 24 meses. Los bancos no se podrán negar a hacer los cambios si los clientes no son morosos, aunque el trámite puede tener un coste para los beneficiados. El Consejo también ha aprobado la bajada del IVA de las mascarillas del 21 al 4%.

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