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De esta manera, se introduce una licencia única para comercializar bienes y servicios en toda España y crea un mecanismo estatal de resolución de conflictos. La norma busca reducir la "maraña administrativa" de España y con ella se podría elevar 1,52 puntos el PIB en diez años, según un estudio del Ministerio de Economía y Competitividad.

El Gobierno no decidirá si recurre ante la justicia la declaración soberanista aprobada por el Parlament catalán hasta que no reciba el informe "urgente" que han pedido a la Abogacía del Estado. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha señalado que se ha pedido a la Abogacía que estudie el "alcance" de esta resolución con un "análisis riguroso y exhaustivo" para decidir si recurren al Tribunal Constitucional. La número dos del Gobierno ha incidido en que la resolución fue aprobada por 85 diputados, lejos de la mayoría de 2/3 que se necesitan, por ejemplo, para modificar un estatuto de autonomía. Sáenz de Santamaría ha alertado de que la declaración catalana añade "incertidumbre en un momento en el que la estabilidad es muy necesaria", está fuera del "marco europeo en el que nos movemos", y supone un "camino contrario que de nada sirve"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, ha asegurado que entiende a la familia de la víctima del accidente provocado por un kamikaze indultado por el Ejecutivo del PP, pero ha señalado que el Ministerio de Justicia a la hora de conceder estas medidas de gracia debe tener en cuenta "las distintas circunstancias que llevan a modular la aplicación de la ley para que lo sea en un sentido de equidad". "Son decisiones que no son fáciles de adoptar, pero cuando a uno le reclaman un indulto, a instancia de parte, no porque el Gobierno se meta a hacerlo, tiene que poner encima de la mesa las circunstancia del que lo pide, también de la familia, y tomar una decisión", ha señalado. Así, ha indicado que los indultos "son decisiones difíciles, complicadas, en las que puede no acertarse" y lo que el Gobierno ha intentado es "hacerlo de la mejor manera posible", aunque "indudablemente" entiende la posición de la familia de la víctima "en un delito de esta naturaleza y, sobre todo, con este resultado".

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha sido cuestionada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre la información publicada por 'El Mundo' referida a posibles pagos de sobresueldos en dinero B a dirigentes del PP. "A título personal, en ese tiempo ni vi, ni se me ofreció, ni se me dio ningún sobre con dinero y por supuesto no lo hubiera aceptado", ha afirmado en alusión al tiempo en la que ella fue dirigente del PP.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita que, según el gobierno, ampliará el número de colectivos que podrán acceder a ese servicio. Una de las novedades más importantes es que las víctimas de la violencia de género o terrorismo accederán a la justicia gratuita, independientemente de sus rentas.

Este viernes, último Consejo de Ministros del año. Se concretará cómo aplicar la reforma de las pensiones aprobada por el anterior Ejecutivo, del PSOE, que entra en vigor el 1 de enero. También se aprobará un nuevo régimen laboral para las empleadas de hogar y se estudiará un informe sobre el anteproyecto de la nueva Ley General de Telecomunicaciones. Y cuando acabe ese Consejo de Ministros, Mariano Rajoy comparecerá ante los medios para hacer balance de su primer año de Gobierno. En la sede del PSOE, su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, también hará una valoración política de estos 12 meses.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este viernes que el Gobierno español continúa con su apoyo a la candidatura olímpica con la que la ciudad de Madrid aspira a organizar los Juegos Olímpicos de 2020.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y ha explicado que ha sido el árbitro encargado de emitir ese laudo el que ha solicitado la ampliación a petición de las partes implicadas.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional anuló el laudo el pasado mes de noviembre y ordenó que se dictara la decisión tras escuchar las alegaciones de Iberia Express, la filial de bajo coste de Iberia.