Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han registrado este miérccles el despacho del exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana en el edificio de Telefónica en Madrid en el marco de la Operación Erial, que investiga el presunto cobro de 10 millones de euros en comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. De momento hay siete detenidos y tres investigados.
El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha evitado pronunciarse sobre la detención de Eduardo Zaplana porque no se atreve a "emitir juicios sin datos ni pruebas ni argumentos ni razones". En una rueda de prensa ofrecida en el Congreso tras la aprobación de los presupuestos, Rajoy sí ha reconocido que "es una de las noticias" que no le hubiera gustado que su hubiera producido "nunca" y ha señalado que ambos han "coincidido" como ministros en el Gobierno. Rajoy y Zaplana fueron ministros del Gobierno de José María Aznar. Tras la derrota del PP en 2004, Rajoy, como líder de la oposición, designó a Zaplana como portavoz del partido en el Congreso.
Continúan los registros de la guardia civil en el marco de la operación contra el blanqueo de capitales en la que ha sido detenido Eduardo Zaplana. El expresidente valenciano se encuentra en las oficinas de Telefónica en la Gran Vía de Madrid.
El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha justificado la rápida decisión de suspender de militancia al exministro Eduardo Zaplana tras su detención alegando que era un hecho lo "suficientemente grave como para que el PP tomara una decisión tan drástica en tiempo récord". "Zaplana pertenece al pasado", ha afirmado rotundo Maillo en los pasillos del Congreso, un día después de la detención del que también fuera presidente de la Generalitat valenciana por blanqueo de capitales, cohecho y malversación.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han trasladado este miércoles a Madrid al exministro Eduardo Zaplana para practicar nuevos registros antes de ponerle a disposición judicial. Zaplana, que fue detenido este martes a primera hora a las puertas de su domicilio en Valencia, ha pasado la noche en la Comandancia de la Guardia Civil en la ciudad, después de que durante toda la jornada se efectuasen registros tanto en su domicilio de la capital como en Benidorm en el marco de la Operación Erial.
Agentes de la Guardia Civil trasladan al exministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana a Madrid para proceder a los registros de su oficina y su domicilio antes de ponerle a disposición judicial.
El exministro del PP y expresidente valenciano Eduardo Zaplana, está siendo trasladado a Madrid para efectuar nuevos registros en su domicilio y su oficina. Desde el PP insisten en que la gravedad de lo sucedido obligó a la formación a actuar con celeridad y de la manera más acertada suspendiéndole de militancia.
Eduardo Zaplana permanece detenido en la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia a la espera de pasar a disposición judicial. Se le investiga, entre otras cosas, por blanquear presuntamente 10 millones de euros en comisiones durante su etapa como president de la Generalitat a cambio de adjudicar contratos públicos a varios empresarios, entre ellos, a la empresa vinculada a la familia de Juan Cotino, el exvicepresidente del Gobierno valenciano que ha sido citado por la juez como investigado, antes imputado. A las 10 de la noche concluía el registro en el chalet que Zaplana tiene en Benidorm, donde los agentes se han incautado de numerosa documentación. Pruebas que se sumarán a las requisadas durante la operación Erial que comenzaba a primera hora de la mañana del martes en la Capital del Turia, con más de una veintena de registros y varios detenidos.
Tras conocerse la imputación del 'número 2' de Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, por un presunto delito de malversación cuando era alcalde de Jaén, Ciudadanos ha pedido su comparecencia urgente en la Comisión de Presupuestos del Congreso, mientras el diputado de Unidos Podemos y líder de Izquierda Unida Alberto Garzón ha exigido su dimisión.
Durante el debate de enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado de 2018, Garzón ha explicado que los delitos por los que se investiga al exalcalde son "suficientemente graves como para que quede mermada la confianza en estos Presupuestos". Fernández de Moya fue la persona que defendió el presupuesto en el trámite de Comisión.
Garzón ha recordado también que el número dos de Montoro dejó Jaén con una deuda de 550 millones de euros e incumplió la regla de gasto, aunque Hacienda no intervino el ayuntamiento jiennense, como sí hizo con Madrid cuando Fernández de Moya ya era secretario de Estado.
La constructora brasileña Odebrecht intenta lavar su imagen despues de haber creado una extensa red de corrupcion por toda Latinoamerica para conseguir contratos a cambio de sobornar a politicos y financiar campañas.
