- El número total de embargos en los registros de la propiedad crece un 3,2% hasta 14.327, según el INE
- Casi la mitad son ejecuciones hipotecarias de viviendas, la mayoría pertenecientes a personas jurídicas
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado el desalojo exprés de viviendas de particulares ocupadas. El objetivo es que el proceso no dure años sino menos de dos meses. La propuesta del PdCat ha sido respaldada por el PP, Ciudadanos y el PNV. Han votado en contra PSOE, Unidos Podemos y ERC. Los partidos de izquierda alegan que no garantiza el realojo de los desocupados en caso de que se encuentren en una situación de vulnerabilidad social.
- El texto final remitido al Senado excluye los pisos de bancos y fondos buitre
- Sí incluye las viviendas de entidades sociales y administraciones públicas
- La propuesta del PDeCat recibe el apoyo del PP, Cs y el PNV
- PSOE, Unidos Podemos, ERC y Compromís han votado en contra
- Insta a esperar mientras examina el caso o que se les otorgue una nueva vivienda
- El objetivo es evitar "posibles daños irreparables" a los afectados
- El pasado año se registraron 10.749 ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual
- El número de embargos sobre el total de fincas ascendió a 51.999, según el INE
- La mayoría, el 58,7%, se derivan de la ley de arrendamientos urbanos
- Por impago de alquiler suben un 4,3% y por el de la hipoteca bajan un 15,4%
- "Me retracto pública y sinceramente de mis palabras", ha asegurado
- Dijo que las cláusulas suelo se usaron para que los bancos pagaran parte de la crisis
- La incidencia de estrés postraumático es muy alta
- El 88% de los desahuciados presentan ansiedad y el 91% depresión
- Lo demuestra un estudio liderado por la Universidad de Granada
- No todas terminan con el desahucio de sus propietarios, recuerda el INE
- Entre julio y septiembre se iniciaron 9.025 ejecuciones, un 38,4% menos
- Casi tres de cada cinco se producen por el impago del alquiler
- Un 36,8% se deben a ejecuciones hipotecarias
El reportaje ‘Tu casa es nuestra’ muestra la trama de los desahucios en Varsovia. Un equipo del programa ha viajado a Polonia donde miles de inquilinos han sido desalojados de sus casas, después de que el edificio en el que vivían, de propiedad pública, pasara a manos privadas. Los afectados cuentan a ‘En Portada’ hasta dónde puede llegar la intimidación por parte de los nuevos propietarios.
Muchos arrendatarios están viviendo auténticas pesadillas en Varsovia, porque algunos de los nuevos propietarios los presionan (con una subida desorbitada del alquiler o, incluso, mediante intimidación y acoso) para que abandonen su hogar, a fin de poder vender o alquilar las viviendas a un precio mucho mayor.
Inquilinos, activistas y algunas instituciones denuncian un proceso al que han denominado “reprivatización salvaje”. Señalan a propietarios sin escrúpulos y a una “mafia” que utiliza todo tipo de estratagemas para forzar el desalojo de quienes se resisten a marcharse, y para silenciar a las voces críticas que se alzan en contra.
Una ONG en defensa de los inquilinos y periodistas de investigación han destapado las conexiones entre algunos funcionarios del Ayuntamiento de Varsovia y grandes inversores inmobiliarios, envueltos en este proceso de reprivatización. La fiscalía y la Oficina Central Anticorrupción ya han practicado varias detenciones y siguen investigando una posible trama de corrupción.
El proceso de reprivatización se inició en Polonia con la llegada de la democracia en 1989. Varsovia quedó prácticamente arrasada durante la II Guerra Mundial y el régimen comunista puso en marcha la rápida reconstrucción de la capital y la nacionalización de la propiedad. En las últimas décadas, antiguos dueños han empezado a reclamar sus derechos sobre la propiedad nacionalizada. Pero la ausencia de una legislación y de una vigilancia por parte de las autoridades ha llevado al desahucio y a la práctica indefensión de unos 40.000 inquilinos sólo en la capital polaca.
- En total, 6.937 viviendas sufrieron una ejecución hipotecaria de abril a junio
- Casi la mitad de las viviendas pertenecían a personas jurídicas
- Primer aumento en 13 trimestres de los concursos de acreedores (14,7%)
- Los presentados por personas físicas se incrementan un 44% interanual
- Las demandas por despido registran el mayor incremento en cuatro años
- Denuncian el incremento del precio y la "debilidad" ante los desahucios
- Piden que se protege el fin residencial de los alquileres y su calidad
- Nace con otro sindicato en Madrid y un desarrollo en Gran Canaria
- La ayuda al alquiler se recibirá para pisos con rentas de hasta 900 euros al mes
- Propone ayudas a los que han sufrido un desahucio y a los mayores de 65 años
- En todos los casos deben tener ingresos anuales inferiores a tres veces el Iprem
- El nuevo Plan Estatal de Vivienda, aún no aprobado, entraría en vigor en 2018
- La prórroga afecta a familias vulnerables y les permite recuperar la vivienda
- El nuevo texto amplía el concepto de familias vulnerables y sus derechos
- La convalidación se aprueba sin ningún voto en contra y 77 abstenciones
El Gobierno ha aprobado este viernes la ampliación hasta 2020 de la moratoria antidesahucios de vivienda habitual para familias vulnerables -en vigor desde 2013 y que vencía en mayo de este año- que, desde ahora, incluirá a aquellas que tengan hijos menores de 18 años. Así lo ha explicado este viernes tras el Consejo de Ministros, el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, quien ha asegurado que con la citada norma "se amplía y profundiza" en las medidas de protección a los colectivos más vulnerables por la crisis.
- Se podrán acoger aquellas familias con hijos menores de 18 años
- El Ejecutivo había planteado que la norma estuviera vigente hasta 2019
- La oposición le había solicitado que se ampliara tres años, y no dos
- El 59,5% de esos inmuebles fueron comprados entre 2005 y 2008
- El 86,9% de las ejecuciones hipotecarias lo fueron sobre vivienda usada
- En 2016 se iniciaron un total de 72.941 procesos, un 28,8% menos
- Un 54,2% estuvo vinculado a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)
- Las ejecuciones hipotecarias bajaron un 29%, la cifra más baja desde 2008
- Los desahucios derivados de estas también disminuyeron un 9,7%