En vehículos y a golpe de claxon. Así han sido las protestas contra la ley Celaá en 30 ciudades de España. Lo han hecho formando caravanas como la de Madrid. Han salido a la calle convocados por la plataforma Más Plurales, que aglutina a asociaciones de padres y madres, sindicatos, empresas y diferentes colectivos del sector de la educación concertada.
Partidarios de la educación concertada han salido este domingo a la calle para protestar contra la LOMLOE, más conocida como 'Ley Celaá', la octava norma educativa de España y que fue aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado jueves en medio de una gran polémica. Convocados en una treintena de provincias por la Plataforma Más Plurales, que aglutina a asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos del sector de la educación concertada, los ciudadanos han salido a la calle en sus vehículos para protestar contra la norma.
El líder popular, Pablo Casado, ha acudido a la manifestación en Madrid contra la nueva Ley de Educación. En su intervención a los medios, ha asegurado que irán al Tribunal Constitucional, ha insistido en que en las CC.AA en las que gobierna su partido, no aplicarán esta nueva norma y ha cargado duramente contra ella: "Durará lo que tardemos en llegar al Gobierno", ha dicho el presidente del PP.
La concentración convocada por la Plataforma Más Plurales a favor de la educación concertada y contra la LOMLOE, la reforma de la ley educativa conocida como 'Ley Celaá', ha arrancado en torno a las 11.00 horas en el Paseo de la Castellana de Madrid. La plataforma, que aglutina a asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos del sector de la educación concertada, ha animado a los ciudadanos a salir a las calles en sus vehículos para protestar contra la 'Ley Celaá'. En Madrid, la manifestación está transcurriendo por el Paseo de la Castellana, en un circuito entre la Plaza de Cibeles y la glorieta de Cuzco.
Después de que se aprobara este jueves en el Congreso la reforma de la ley de educación, este viernes varias comunidades gobernadas por el PP han anunciado que utilizarán instrumentos jurídicos para, según dicen, limitar sus efectos. El presidente del Gobierno, por su parte, considera que la ley moderniza el sistema educativo.
El Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco, ha asegurado en 'Las mañanas de RNE' que la educación es esencial para reducir los altos niveles de pobreza entre los más pequeños que registra España. "La educación es la mejor herramienta para salir de la pobreza; hace falta una educación que integre a los que más lo necesitan porque los que tienen recursos pueden estudiar donde quieran", ha subrayado Gasco, que ha recordado que el abandono escolar alcanza el 70% en las familias más pobres, mientras que en las de mayor poder adquisitivo apenas llega al 5%. En este sentido, ha incidido en la importancia de la educación presencial y en la necesidad de reducir la brecha digital. "Hay 500.000 hogares sin conexión a Internet y 1.200.000 niños sin acceso a educación digital porque no tienen dispositivos". El Alto Comisionado ha afirmado que "la mitad de los niños hereda la pobreza de sus padres", especialmente en las familias monomarentales. Además, ha dicho que España está en el furgón de cola de la Unión Europea en pobreza infantil, solo por delante de Rumanía y Bulgaria.
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha rechazado en una entrevista a 'La Hora de la 1' la Ley Celaá, aprobada el jueves en el Congreso de los Diputados. Según ha defendido, la nueva ley educativa "termina con la libertad de las familias" y ha advertido de que utilizará todos las herramientas jurídicas a su disposición para no aplicarla en su comunidad autónoma.
Sandra Moneo, secretaria de Educación e Igualdad del PP, ha explicado en el informativo 24 horas de Radio Nacional por qué su partido está en contra de la LOMLOE, aprobada este martes en el Congreso: "No es cuestión de si falta o no una plaza pública. La cuestión es si los padres son libres de elegir y esta ley limita las opciones de elección". Moneo ha señalado que en otras leyes sí hubo acuerdos entre los principales partidos del país "porque la Educación es un tema donde deberíamos ponernos de acuerdo" y considera que, en este caso, "solo se han añadido exigencias de partidos que sostienen al Gobierno".
Desaparece la demanda social, que permitía crear más plazas en la concertada si las familias lo solicitaban, aunque hubiera plazas libres en la pública. Ahora, los públicos deben estar completos si se quiere optar a una plaza en la concertada. La consecuencia directa de que con la ‘ley Celaá’ no se ceda nuevo suelo público a la concertada es que en las zonas de nueva creación habrá centros privados o públicos. También habla de no crear nuevos centros concertados, pero no dice nada de cerrar los existentes. El todavía proyecto de ley, pretende de evitar los guetos. Según Save the Children, un colegio de estas características se da cuando el 50 por ciento de sus alumnos tienen bajos recursos y denuncia que 9 de cada 10 de estos centros en España son públicos. La LOMLOE permite a la administración distribuir a estos alumnos por diferentes centros. El Gobierno habla de inclusión y la oposición de libertad de elección. Informa Ainhoa Caballero.
El color naranja se ha convertido en símbolo de protesta de la educación concertada contra la nueva ley de Educación, conocida como 'ley Celaá'. Los colegios y sus familias la rechazan frontalmente porque consideran que les quita el derecho a decidir el centro que llevar a sus hijos. Hemos visitado dos colegios concertados muy distintos para escuchar sus puntos de vista.
La ley Celaá de Educación ha salido adelante es jueves, muy alejada del consenso. El Gobierno ha logrado la mayoría absoluta por la mínima, tras un debate en el que ha quedado claro lo alejadas que estaban las posturas entre izquierda y derecha.
La división ideológica se podría resumir en estos dos símbolos: la ovación de socialistas y Unidas Podemos, frente a los gritos de "libertad" por parte de diputados de PP, Vox y Ciudadanos. Estos tres han votado en contra al entender que se ataca a la escuela concertada y se limita la libertad de elección de centro educativo.
Además, coinciden en que haber suprimido el castellano como lengua vehicular es una concesión a los independentistas. Por su parte, la ministra de Educación, Isabel Celáa, ha lamentado la falta de consenso y considera que su proyecto es más equitativo y garantiza el uso del castellano en las escuelas.
La Cámara Baja ha aprobado este jueves la reforma de la ley de Educación promovida por la titular de Educación Isabel Celaá por una mayoría de 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones; los votos de los socios de la investidura han sido claves: Esquerra, PNV, Más País y Compromís han votado a favor. La ley pasa ahora al Senado y el Ejecutivo espera su aprobación para el primer trimestre del año 2021.
La llamada ley Celaá es la octava ley educativa en 40 años. Ya en democracia, la primera se aprobó en 1980, con UCD, y después llegarían otras cuatro de los distintos gobiernos socialistas y dos de los Gobiernos del Partido Popular. La última , la conocida como Ley Wert es la que sigue vigente hasta ahora. Los expertos piden consenso para sacar adelante una educación que perdure en el tiempo.
