No hay cifras oficiales de las horas que se trabajan realmente frente a las cotizadas, por la dificultad de cuantificar esta forma de economía sumergida. Afecta, sobre todo, a personas sin estudios superiores y a inmigrantes. En el confinamiento, muchos trabajadores de la hostelería se quedaron sin ningún tipo de ingreso. Los que cotizaban por menos horas de las que trabajaban realmente no pudieron acceder a prestaciones.
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El 15M sirvió de altavoz a unos jóvenes cansados de ese titulo de "generación perdida", que quisieron agitar conciencias desde la calle. Hoy la situación para este sector de la población apenas ha mejorado. Según Eurostat el paro en esta franja de edad hace 10 años se situaba en el 50%. Ahora se ha reducido al 38% pero sigue siendo la tasa más elevada de la Unión Europea. La precariedad laboral también es mayor que hace una década, los salarios son un 20% más bajos que el año del 15M. La temporalidad también ha ido a peor ya que los contratos indefinidos se han reducido un 7% desde 2011. La inestabilidad laboral hace que los jóvenes no pudieran ni puedan acceder a la vivienda. Hace 10 años debían destinar al menos la mitad de sus salarios al alquiler, ahora, un 85%, lo que retrasa la edad de emancipación hasta los 30 años de media. Informa Javier Carrión.
Abordar una importante reforma estructural para tratar de afrontar los efectos que dejará esta crisis sobre el empleo, el PIB y las cuentas públicas, esta es una de las conclusiones deslizadas por el Banco de España en su informe anual correspondiente al año 2020. El supervisor mira al mercado laboral y recomienda la implantación de la mochila austriaca y el abaramiento de los costes del despido como parte del paquete de medidas.
En su informe anual, publicado este jueves, el Banco de España pide abaratar el despido un 50 % con un sistema mixto que combine una revisión del despido y tipos de contratos y crear un fondo en el que las empresas hagan una aportación a nombre de cada trabajador que podrían recuperar si pierden el empleo o en la jubilación. Cree que la recuperación comenzará en la segunda mitad del año aunque los efectos de la pandemia persisitirán en el tiempo y no se alcanzarán niveles precovid hasta 2023.
La institución aconseja evitar una retirada prematura de los apoyos económicos como los ERTE y complementarlos con otras medidas como programas de formación. También revisar las políticas activas de empleo, corregir la elevada temporalidad y la alta tasa de paro.
Sobre las pensiones, vuelve a defender subir la edad de jubilación. Señala que hay que revisar los gastos e ingresos públicos para un mejor reparto. El impacto de las medidas aprobadas para enfrentar la crisis sanitaria sobre el saldo de las cuentas públicas ha sido en 2020 del 4,5 % del PIB. Por eso, el Banco de España señala que es esencial un ajuste y consolidación presupuestaria y reducir el déficit y la deuda. En cuanto a los fondos europeos, aconseja una buena selección de los proyectos para contribuir a las reformas y los cambios estructurales que España necesita.
FOTO: Negocios cerrados en una calle de Madrid. REUTERS/Susana Vera
Conocemos las historias de Lucía López Marco yEsther Ferrero González, dos mujeres que dejaron su vida en la ciudad para trasladarse a Navasa, un pueblo del Pirineo de Huesca y a Guadalix de la Sierra, Madrid, respectivamente. Nos demuestran que vivir en los pueblos no es tan difícil como pensábamos en tiempos pasados y conocemos la labor que desarrollan allí, como el blog que escribe Lucía, Mallata, o la colaboración de Esther con'Ganaderas en red'.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto-ley que establece la condición de asalariados para los repartidores de plataformas digitales, la conocida como 'Ley Rider', en medio de protestas de quienes quieren seguir siendo autónomos y críticas de los partidarios de ser asalariados por ser "insuficiente". Ambas situaciones se recogen en 'Riders, el documental', del Lab de RTVE, que se acerca y trata de dar respuestas a este complejo conflicto.
La norma, que aún tendrá que pasar el trámite parlamentario, dará derecho a los sindicatos a conocer cómo afecta el algoritmo a repartidores y trabajadores de plataformas de otros sectores.
El Gobierno ha dado su visto bueno a la llamada 'Ley Rider'. Norma que establece la existencia de relación laboral de los repartidores de plataformas digitales. La nueva legislación refuerza el encuadre como asalariados de estos empleados y pretende aportar transparencia al uso de algoritmos e inteligencia artificial en las empresas.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado en la rueda posterior al Consejo de Ministros de este martes la intención del Ejecutivo de poner en marcha un comité de expertos que asesore al propio Gobierno en materia de inteligencia artificial y que estudie su buen uso en en el mercado laboral español. Un anuncio que viene a reforzar la aprobación de la denominada 'Ley Rider' que convertirá en asalariados a los repartidores de las plataformas digitales.
Actualmente más de dos millones de personas trabajan desde casa al menos la mitad de los días. El punto y final al estado de alarma plantea ahora dudas en las empresas sobre continuar con este modelo laboral que parece destinado a redefinir el tradicional día a día en la oficina. En el horizonte, la posibilidad de caminar hacia un modelo mixto que abarque tanto el empleo a distancia como el presencial.
Manifestaciones de trabajadores públicos temporales en decenas de ciudades españolas. Formando caravanas con sus coches, han denunciado la alta tasa de temporalidad en las administraciones públicas y reclaman estabilidad laboral. Llevan meses manifestándose contra lo que consideran un fraude de ley y exigen que se aplique la Directiva Europea para acabar con la inestabilidad de los trabajadores. Algunos, dicen, acumulan hasta 20 años con contratos precarios.
