Los estudiantes en prácticas comienzan a cotizar en la Seguridad Social y sumarán tiempo a su vida laboral. Es el resultado de un acuerdo de 2022 entre el Gobierno y Sindicatos que reforma uno de los puntos de la actual Ley de Pensiones. Aunque cubre las contingencias comunes, otras prestaciones como el paro se quedan fuera. En este viaje nos acompañan la vicerrectora de estudiantes de la Universidad de Zaragoza, Ángela Alcalá, el profesor de Derecho laboral Rafael Álvarez y el director general de CEPYME Aragón, Carmelo Pérez.
En Portugal están probando la semana laboral de cuatro días. Es, por el momento, un proyecto piloto, pero ya hay resultados preliminares: el estrés de los empleados ha bajado un 20% y tienen menos ansiedad y la fatiga. La visión de los empresarios es también positiva.
La inflación se moderará en una eurozona con la economía debilitada, aunque España está entre las que mejor resisten. Bruselas mantiene sus previsiones de crecimiento para nuestro país, que avanzará un 1,7% este año, el doble que la zona euro.
Un 54% de las pensiones de jubilación en España no alcanza los 1.200 euros al mes, pero no son ni mucho menos los que peor están. Los hay que no llegan a 500, 600 o 700 euros. Con este panorama, muchos jubilados buscan otras fuentes de ingresos para completar su pensión y poder llegar a fin de mes. Los inspectores de trabajo del Ministerio llevan años con campañas a nivel estatal para detectar irregularidades en este sentido. En el País Vasco, concretamente en Guipúzcoa, ha habido alguna importante el pasado mes. En Por tres razones entrevistamos a Carlos Martínez de Butrón, abogado y presidente de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales del País Vasco, que forma parte de la Federación Española de Técnicos y Asesores Tributarios Profesionales. Además, escuchamos a Xabier Iraola,coordinador de la Unión de Agricultores Vascos, una organización agraria de los baserritarras profesionales de Euskadi; y a Susana Frutos, presidenta de la Asociación de Artesanos del Bidasoa.
Hoy, muchos de los agricultores que están saliendo a las calles protestan contra el pacto verde y el impacto de las políticas medioambientales de la Unión Europea. En Las Mañanas RNE hablamos con Anabel Suso, directora de Innovación de Políticas Públicas en Red2Red y autora del informe: "La percepción social sobre la transición ecológica y energética en España" que ante las movilizaciones de estos días merece una relectura.
El estudio refleja que crece la mirada negativa en las áreas rurales y en los mayores de 50 años sobre el proceso de transición ecológica y energética. Una de las variables en las que se basa el informe es el territorio. En el ámbito rural, hay un consenso general en cuanto a la "percepción de la existencia del cambio climático" pero más reticencia a la hora de aceptar la transición ecológica. Una percepción que, según Suso, tienen mucho que ver, por un lado, con la desinformación: “La población no acaba de entender y percibir lo que supone este proceso de transición ecológica y lo que implican las medidas. Qué riesgos tienen y cómo pueden afectar a la población”. Esta desinformación puede generar "actitudes de carácter negativo y de resistencia a la adopción de cambios”.
Suso afirma que la transición ecológica lleva consigo riesgos y focos de conflictividad o "conflicto social con costes económicos”, por ejemplo cómo afectarán los cambios al empleo de muchas personas. Llevar a cabo una transición ecológica justa, sin una brecha social, es el reto que tienen las administraciones, asegura esta investigadora.
Enero suele ser un mes malo para el mercado laboral porque recoge el fin de la campaña navideña, y este no ha sido una excepción. El empleo retrocedió con fuerza y se perdieron más de 230.000 puestos de trabajo, la mayor caída en un mes de enero desde antes de la pandemia. Pese a ello, la cifra total de afiliados, esos 20.600.000, es la más alta en un arranque de año desde 2002. En cuanto al paro, subió en 60.000 personas y deja la cifra total en los 2.760.000.
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