Continúa la incertidumbre en la formación de gobierno en Cataluña. Las negociaciones para la investidura comenzarán la próxima semana. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, las llevará personalmente desde Suiza y ya ha situado la financiación autonómica en el centro de la negociación.
El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado que el Gobierno quiere "dar respuesta a la singularidad de Cataluña" para mejorar su financiación.
La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha advertido este sábado al PSC que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no es capaz de mover ficha en la financiación singular" para Cataluña será "muy difícil que Esquerra pueda dar apoyo" a una hipotética investidura del líder del PSC, Salvador Illa, como presidente de la Generalitat.
El president de la Generalitat y candidato de ERC Pere Aragonès ha defendido hoy la propuesta de "financiación singular" que su Govern planteó la semana pasada y acusa a Illa de querer "un café aguado para todos". Sobre ese tipo de financiación que quiere el Govern se han pronunciado hoy desde la asociación de inspectores de Hacienda del Estado. Han presentado un documento en el que apuntan que esa soberanía sería ilegal y dificultaría la lucha contra el fraude fiscal. "Eso es como decir que la existencia de Policía, Guardia Civil y policías autonómicas dificulta la lucha contra el crimen", ha argumentado en 24 horas de RNE Miquel Puig, secretario de Asuntos Económicos y Fondos Europeos de la Generalitat de Catalunya.
Asimismo, Puig insiste en que esta propuesta no tiene que ver con las próximas elecciones catalanas: "En el acuerdo de investidura entre el PSOE y ERC se pactó que se discutiría un nuevo modelo de financiación", ha asegurado. Además, Puig ha querido argumentar que la propuesta de la Generalitat para una financiación singular para Cataluña "es de método, no de cantidades". "Queremos un sistema claro y transparente", ha reclamado en 24 horas de RNE con Adrián Ferro.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que la propuesta de financiación propia "debe ser un hito en la resolución del conflicto" catalán, y que plantean que Cataluña recaude y gestiones todos los tributos que genere.
El economista y catedrático de la Universidad Ramón Llull, Santiago Niño Becerra, apunta que el cupo catalán supondría "cierta complicación administrativa", pero la esencia del problema, es que la ley de financiación autonómica, la LOFCA de 1980 "está diseñada terriblemente mal desde el principio". Entrevistado en TVE, Niño Becerra indica que con "el café para todos, no se tuvo en cuenta el nivel de sostenibilidad de las competencias transferidas". Recuerda que Aragón no quería asumir la Sanidad y Aznar le obligó a aceptar esta competencia y denuncia "situaciones kafkianas", como que Extremadura reciba el 17% de su PIB de tres comunidades contribuyentes netas y tenga el triple de empleados públicos que Cataluña. En su opinión, "habría que ver qué comunidades pueden sostener qué competencias y las que no fuesen sostenibles que estuvieran en una situación de estatalización". Con respecto al PIB per cápita como medida económica, señala que también habría que ofrecer el dato de concentración de la riqueza, porque en España el 10% de la población controla el 50% de los recursos.
El vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, no cree que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tenga intención reformar el sistema de financiación autonómica, porque "lleva 5 años y medio sin intentarlo y lo único que quiere es pagar el precio político para seguir en el gobierno". Sobre la condonación de la deuda, "ella quiere tapar precisamente que no se sienta a cambiar el sistema", asegura Bravo en el programa 'Parlamento'. Reconoce que, en esa negociación, van a buscar la complicidad de todas las comunidades autónomas, porque "da igual quien las gobierne, es una necesidad para todos los españoles".
Respecto a la senda de déficit y estabilidad, Bravo dice que todavía no tienen decidido su voto y que "si realmente hay voluntad, ahí tiene un primer gesto para las comunidades para intentar conseguir el voto favorable del PP". "A tiempo está de intentar buscar algún tipo de acuerdo", añade, pero "si no lo hacen votarán que no". El vicesecretario económico celebra que los agentes sociales vayan a negociar la posible reducción de la jornada laboral, cree que son ellos los que deben llegar a un acuerdo y que "el Gobierno no puede imponer su criterio".
Un corrillo de cuatro presidentes autónomicos -uno del PSOE y tres del PP- está dando mucho que hablar este miércoles. El tema de conversación era la financiación autonómica y no han ocultado que, en esta cuestión, hacen piña.
Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia han quedado en reclamar al Gobierno más de 3.000 millones de euros porque dicen que sus comunidades están infrafinanciadas.
