El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha dicho que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le ha trasladado que "no hay margen alguno para negociar el pacto fiscal", por lo que ha anunciado que la próxima semana tomará "decisiones".
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibe este jueves en la Moncloa al presidente de la Generalitat, Artur Mas, con la amenaza de un posible adelanto electoral si no se acepta el pacto fiscal que quiere para Cataluña.
En la sesión de control al Gobierno se ha hablado de economía. El presidente Mariano Rajoy ha asegurado que su plan de reformas acabará creando empleo. Era su respuesta a Alfredo Pérez Rubalcaba, que le ha dicho que la manifestación del sábado pasado fue un no de la calle a sus políticas económicas.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha declarado "alto y claro" en el homenaje a Miguel Ángel Blanco en Bilbao que el Gobierno "no negociará nunca con los terroristas" ni cederá a "ningún tipo de chantaje de quienes han practicado y alentado el terror". Rajoy ha hecho esta aseveración en su discurso durante la entrega del premio de la Fundación Miguel Ángel Blanco a la sociedad española, y ante los padres y la hermana del concejal asesinado por ETA hace 15 años y la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza. El presidente del Gobierno ha explicado, entre aplausos de los asistentes, que negociar "es acercarse a la razón del otro y ETA no tiene ninguna razón".
La prisión permanente revisable entrará por primera vez en el Código Penal y se aplicará a terroristas y a casos de asesinato especialmente graves por la indefensión de la víctima, ya porque sean menores de 16 años o porque sufran algun tipo de discapacidad, según ha explicado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
La reforma del Código Penal que aprobará el Gobierno introducirá en la legislación española por primera vez la prisión permanente revisable, que se aplicará en los casos de homicidios terroristas, pero también en los asesinatos más graves de menores y en casos de genocidio y crímenes contra la humanidad.
La deuda pública de España, compuesta por la del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, ha alcanzado los 804.388 millones de euros en el primer semestre, lo que equivale al 75,9% del PIB, el nivel más alto de la serie histórica, que arranca en 1995, según el Banco de España. Este dato supone un 3,8% más que el registrado en el primer trimestre del año, cuando era de 774.549 millones (72,1% del PIB) y un 14% en relación al mismo trimestre de 2011, cuando superó por primera vez los 700.000 millones de euros.
Hoy se han hecho públicas las declaraciones de bienes de los miembros del actual gobierno y del anterior. Unos datos que se publican en el Boletín Oficial del Estado, dentro del plan de transparencia. Son seis los miembros del gobierno que superan el millón de euros de patrimonio. El más rico es el ministro de Agricultura. Ha declarado 1 millón setecientos mil euros, de los que más de la mitad son bienes inmuebles, algunos heredados. El segundo de la lista es el presidente del gobierno, con un millón doscientos mil euros de los que un tercio corresponden también a propiedades inmobiliarias. Ni Rajoy ni los tres siguientes tienen créditos, préstamos o deudas. El tercer lugar lo ocupa el ministro de Industria, por delante del de economía y del titular de defensa.
El portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Valeriano Gómez, ha anunciado el voto en contra del PSOE a la tercera reforma financiera presentada este jueves por el Gobierno y ha reprochado al Ejecutivo que haya presentado tres reformas financieras, lo que ha puesto "al borde de la quiebra" a una parte sustancial del sistema financiero español. "En ocho meses (...) han arruinado los esfuerzos de mantenimiento del crédito y de la confianza en la economía española", ha asegurado Gómez.
Por su parte, el ministro de Economía y Competitividad, Luis De Guindos , ha defendido que el instrumento jurídico que se debate "de haber estado en vigor hubiera evitado muchos problemas a la economía española". Y ha apelado a la responsabilidad del PSOE.
El Gobierno cree que hay que analizar con serenidad la marcha independentista de ayer en Barcelona y dice que los gobiernos tienen que definir bien sus "prioridades" para afrontar la situación de crisis
