Esta mañana hemos invitado a ParlamentoParlamento a los periodistas María Llapart y José Enrique Monrosi, autores del libro 'La coalición frente a la pandemia' (Ed. Península).
El Gobierno decretaba el estado de alarma en la Comunidad de Madrid en contra de la opinión del Gobierno regional. En el programa ParlamentoParlamento de Radio 5 hablamos con Fernando Álvarez-Ossorio, catedrático de Derecho constitucional de la Universidad de Sevilla.
Señala que el Ejecutivo ha utilizado una herramienta que le permite la Constitución para realizar una de sus competencias que es preservar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Afirma que "la aplicación del estado de alarma ha tenido la forma de un 155" por la situación en la que se ha dado, con discrepancias entre ambas administraciones, pero que esta es legítima. Añade Álvarez-Ossorio que esto significa un paso atrás en materia jurídica y critica que la Comunidad de Madrid no haya acatado la decisión del Gobierno que venía del Consejo Interterritorial. El catedrático ha explicado además, las diferencias entre el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el de Castilla y León. El primero entiende que las restricciones las impone Sanidad, mientras que el segundo cree que estas vienen desde la propia región según los requisitos que marca el propio ministerio. Esta última, según Álvarez-Ossorio, una decisión "más ajustada a derecho". Estas medidas se podrían levantar antes de tiempo si la situación mejorase en estos territorios.
Critica que todo esto solo genera insteguridad política y jurídica, y que perjudica a los ciudadanos. Afirma que el Gobierno central debería haber modificado la legislación ordinaria para atenuar la salida del estado de alarma y evitarse así problemas futuros.
La dirección nacional del Partido Popular ha apoyado la postura del consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero que ha calificado como “ultimátum” y “chantaje” la actuación del Gobierno central y ha asegurado que el estado de alarma no es una buena medida. El presidente popular, Pablo Casado, ha considerado que Pedro Sánchez ha rechazado el diálogo comprometido tras la reunión con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en la Puerta del Sol.
Felipe VIha animado este viernes desde Barcelona a afrontar "juntos" la recuperación económica para propiciar "un entorno estable y beneficioso" para las empresas y trasladar "una imagen de unidad" en el plano internacional acorde a la reputación que tiene España.
El rey y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitan este viernes Barcelona en medio de protestas independentistas y por primera vez tras la polémica por la ausencia del rey en el acto con los nuevos jueces hace dos semanas. Ambos han participado en la ciudad condal en dos eventos organizados por la Zona Franca, pero que se han dado con el plante del Govern y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
Los madrileños llevan más de 24 horas de desconcierto. Desde que la resolución judicial anuló el cierre de la capital y otras ciudades de la región, casi cinco millones han estado pendientes de lo que han ido diciendo las autoridadespara saber qué podían hacer durante los próximos días.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, considera que el Gobierno "ha decidido demonizar a los madrileños" con el fin de confinarlos "tenga la incidencia que tenga". El líder popular ha recriminado un trato discriminatorio hacia la región de la capital, donde se ha decretado el estado de alarma, respecto a otras con alta incidencia de coronavirus como Navarra. "A Navarra no le dicen nada", ha dicho Casado, citando también un trato de favor a otras comunidades como Aragón o Cataluña, afectadas por la segunda ola de la pandemia durante el verano.
Agentes de Policía y Guardia Civil se van a desplegar de manera inmediata para controlar que se cumplen las restricciones de movilidad impuestas tras la declaración del estado de alarma en la Comunidad de Madrid. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho que se van a instalar ya para vigilar las salidas de las ciudades confinadas.
El estado alarma permite al Gobierno activar de nuevo las restricciones a la movilidad que este jueves anuló el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero solo durante 15 días. Si el Gobierno decide prorrogarlo, necesitará la autorización del Congreso. Es la tercera vez que se decreta el estado de alarma en nuestro país. La primera que afecta solo a una comunidad autónoma. Según la ley, su publicación en el BOE es inmediata y, en ese momento, entra en vigor.
Rafael Simancas, secretario general del PSOE en el Congreso, ha declarado en el informativo 24 horas de Radio Nacional que la posibilidad de aplicar un estado de alarma en Madrid "siempre ha estado encima de la mesa": "No podemos renunciar a las herramientas a mano del Gobierno porque debemos velar por la salud de la ciudadanía". Simancas defiende que la actitud del Gobierno "siempre ha sido colaboradora" y que "no siempre nos hemos encontrado con el mismo comportamiento": "Le pediría a Ayuso que no haga un uso partidista y sectario de la crisis y que haga caso a la comunidad científica y no a las consignas de la calle Génova". "Fue Madrid quien llamó pidiendo, casi suplicando, ayuda al Gobierno, que les dio 3.400 millones de euros para que reforzaran la sanidad, para que contrataran rastreadores o aplicaran la app Radar COVID, que ni siquiera está activada", ha añadido un Simancas que, además, ha aceptado la resolución del TJSM al respecto de las restricciones impuestas por Sanidad porque "las resoluciones judiciales se respetan y acatan".