Combatir la desinformación implica, dicen los expertos, conocer quién está detrás. Una de las amenazas puede venir desde el exterior, desde países que tienen el objetivo de sembrar el caos en otras zonas.
Esa amenaza, precisan, no solo viene de Rusia sino también de China e incluso de países occidentales. Utilizan ‘bots’, perfiles falsos que difunden bulos y ‘fake news’ en redes sociales como Twitter y Facebook. ¿Y ¿Cómo se combate?
Según fuentes de Moncloa es esta amenaza la que pretende combatir, pero los expertos consultados coinciden en que la norma es ambigua y de ahí el peligro.
Continúan las reacciones por el plan contra la desinformación del Gobierno. Su publicación este jueves en el BOE hizo saltar las alarmas en la oposición, que lo ven como un intento de controlar a los medios de comunicación.
La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha explicado este viernes que el Gobierno no pretende limitar la libertad de expresión de los medios de comunicación con su plan contra la desinformación, sino "limitar" que se puedan vehicular "falsedades" a través de los mismos.
Tras esas quejas, fuentes de la Comisión Europea señalan que Bruselas lo está estudiando.
La reforma educativa no va a incluir el castellano como lengua vehicular tras la enmienda aprobada entre PSOE, Unidas Podemos y ERC. En Las Mañanas de RNE, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, lo califica de "tropelía inadmisible" porque "elimina el derecho a poder elegir libremente la lengua vehicular". Critica que ha pasado por las concesiones que se le hace al nacionalismo desde el Gobierno desde hace tiempo y afirma que lo denunciarán al Constitucional, para lo que están buscando también el apoyo del PP. Su grupo pedirá esta mañana la dimisión de la ministra.
Sobre su negociación de los presupuestos con el Gobierno, no presentarán ninguna enmienda para facilitar su aprobación. Su formación se reunió ayer con el Ejecutivo y afirma Bal que no entrarán en ninguna "guerra infantil sobre cuál va primero" porque lo importante es el "contenido" de esa reunión. Afirma que han ido con propuestas que espera que el Gobierno escuche y confía en que este se decante por unos presupuestos moderados y pragmáticos, más valorados por Europa. En relación con esto, dice que ellos nunca han vetado a nadie de las negociaciones puesto que tanto PSOE como Unidas Podemos forman parte del Gobierno y es él el que realiza este proyecto de ley: "¿Cómo vamos a pensar que en unos Presupuestos que son un proyecto de ley del Gobierno no estuviera una parte del Gobierno?" Aunque esto, deja claro Bal, que no se trata de un apoyo al Ejecutivo, pero es lo que el país necesita en este momento. Entre sus peticiones se encuentra la subida del diésel que incluía estos PGE. Afirma que se eliminará mediante una enmienda en la negociación parlamentaria.
En referencia al mecanismo contra la desinformación propuesto por Moncloa, dice Bal que es "inadmisible" en una democracia donde se reconoce la libertad de prensa, de información o de expresión y pone en duda lo que hará la comisión para reaccionar en el caso de que descubra que una noticia es falsa.
El Gobierno ha impulsado, a través del Ministerio de la Presidencia que dirige Carmen Calvo, un plan para actuar contra la desinformación y "la difusión deliberada a gran escala y sistemática de mensajes falsos" que "persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios".
La ronda de contactos para negociar los Presupuestos Generales del Estado 2021 ha arrancado este jueves en el Congreso con Ciudadanos y ha seguido después con ERC, partido que insiste en su incompatibilidad con la formación naranja. Fuentes de Cs han reconocido que ha habido contactos discretos durante los últimos meses para dejar un “terreno de juego” que les ha permitido sentarse ahora.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero y Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, se reúnen este jueves con los partidos dispuestos a apoyar los Presupuestos. Ya lo ha hecho con Ciudadanos, ERC y Teruel Existe y lo hará a lo largo del día con Compromís, Nueva Canarias, Eh-Bildu, el BNG y los cuatro diputados del PDeCat. El PNV, por su parte, ha declinado acudir a la reunión al considerar que el Gobierno solo busca una "foto".
El Gobierno y las comunidades autónomas han descartado por ahora aplicar el confinamiento domiciliario y han establecido un plazo de "entre dos y tres semanas" para comprobar la eficacia de las distintas medidas que actualmente están en curso, y cuyo objetivo es doblegar la curva de la segunda ola de COVID-19.
Así lo ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, al término de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrada este miércoles. Illa ha especificado que ese plazo de tiempo empieza a contar desde el día en que una comunidad implementa una medida o un paquete de medidas.
El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha reiterado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez tiene que aceptar que "tiene que haber una ley orgánica" que permita actuar a las comunidades autónomas para tomar medidas para frenar la curva de coronavirus y no "un estado de alarma a la carta".
Asimismo ha criticado "la brutalidad que es que se prorrogue seis meses" el estado de alarma, y ha recordado que Ejecutivo central va a esperar hasta el próximo lunes para decidir sobre un nuevo confinamiento a instancias de la petición de varias comunidades autónomas.
También ha señalado que el Gobierno "bien haría" en tomar ejemplo de lo que se ha hecho en Madrid por sus "medidas vanguardistas" e "innovadoras" al conseguir que la incidencia de casos por cada 100.000 habitantes se reduzca por debajo de la media nacional al situarse en 359. En este sentido, ha recordado que Madrid estaba en septiembre "en una situación muy compleja" si bien ahora ha bajado la incidencia gracias "a las medidas quirúrgicas" adoptadas por el Gobierno regional.
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha negado este martes en el Senado que su departamento haya ocultado información sobre 26 contratos tramitados durante la primera fase de la pandemia de coronavirus y ha acusado al PP de "normalizar la mentira".
Mientras, el Grupo Parlamentario Popular le ha retado a que someta a auditoría toda la contratación lanzada durante el estado de alarma, para verificar que toda la contratación del Ministerio de Derechos Sociales se ha publicado de acuerdo a la normativa y se han adjudicado correctamente.
La senadora del PP María Teresa Ruiz-Sillero ha traído la cuestión a la sesión de control al Gobierno después de que el diario 'El Mundo', indicara que no había información pública sobre un total de 26 contratos tramitados durante el estado de alarma, en base a los datos de una repuesta parlamentaria del Ejecutivo.
Frente a esta versión, Iglesias ha replicado que lo dicho por la senadora era "mentira" y le ha refutado que los contratos menores y de urgencia tramitados por el Injuve y el Imserso no solo han cumplido las directrices de transparencia, sino que han aportado más información de lo requerido legalmente.
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido este martes al Gobierno central que asuma su responsabilidad para tomar medidas que la Junta no puede dictar con el marco normativo actual para hacer frente a la pandemia de coronavirus.
Además, ha anunciado el cierre de toda la hostelería, restauración y de los centros comerciales en toda la región a partir de las 0:00 horas del próximo viernes 6 de noviembre, aunque se mantendrá abierto el comercio minorista. Los restaurantes y establecimientos permanecerán cerrados al público, aunque sí podrán mantener el servicio para llevar o a domicilio.
La idea del confinamiento domiciliario para frenar la pandemia de coronavirus en España sigue sobre la mesa, tras las peticiones de Asturias y Melilla. La Consejera de Sanidad de Castilla y León lo ve inevitable y Andalucía no lo descarta, una opinión que comparten muchos expertos. No obstante, el Gobierno central lo descarta por el momento.
El confinamiento domiciliario está descartado, según fuentes de Moncloa. Existen medidas restrictivas y los expertos indican que hay que esperar para ver los resultados.
En Las mañanas de RNE, nuevo momento de análisis y reflexión en el 'Café Aspen', esta vez, desde la capital de Estados Unidos, Washington D.C. ¿Cómo pueden influir las elecciones presidenciales de EE.UU. de mañana en el panorama global? ¿Qué está en juego en las relaciones con la Unión Europa, América Latina o España?. Lo analizamos con José María de Areilza, secretario general del Aspen Institute de España, Fiona Maharg y Juan Moscoso del Prado. "Estados Unidos está totalmente dividida en dos mitades, cada mitad piensa que es un desastre que el rival ganase", cuenta Areilza. Por su parte, Moscoso del Prado afirma que "es la primera vez que se llega a este grado de polarización en unas elecciones". "Biden ha sabido reunir el apoyo de mucho del espectro demócrata y de muchos republicanos que están deseando que gane Biden para reconstruir su partido", explica Maharg.
